Miguel Concha
Rectificación indispensable
Se afirma con razón que es propio de los seres humanos el llegar a equivocarse, pero también se dice con la misma razón que una de las características de las personas inteligentes es la de reconocer sus errores. No hace mucho que se expresaba en México que la autoridad nunca se equivoca, y que se hacía indispensable volver a manipular o trastocar la ley cuando no había más remedio para hacer justicia. Y ello a pesar de que precisamente la justicia y la prudencia son las principales cualidades éticas que deben investir los actos de todo gobernante. Por ello nos alegramos de que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haya por fin reconocido que existen otras opciones convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país, y que, al considerarlas, logra en efecto conciliar el interés general en la construcción de un nuevo aeropuerto con el interés particular de las comunidades de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán que, no obstante las mentalidades exclusivamente mercantilistas y los cálculos económicos prevalentemente financieros, han decidido conservar el destino original de sus tierras. Sobre todo nos alegramos de que la Secretaría de Gobernación haya iniciado la redacción de los decretos que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación para anular el decreto de expropiación de los terrenos ejidales de San Salvador Atenco del 22 de octubre de 2001, que deben ser firmados por el Presidente de la República.
En contraposición con lo que seguramente en los próximos días dirán y harán los representantes de esos intereses, arguyendo farisaicamente que en México no hay estado de derecho, pensamos que con ello no únicamente se logra detener la ingobernabilidad del país, sino sobre todo desactivar la posible instrumentalización política de un conflicto, cuyas consecuencias en el futuro podríamos llegar a pagar todos los mexicanos. Se trata indudablemente de un triunfo de la razón y de la justicia, pero más que nada de un logro de la lucha de resistencia tenaz y consecuente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de las organizaciones civiles que se solidarizaron con ellos y de los medios honestos de comunicación, que supieron informar con mayor imparcialidad y objetividad.
Es de esperarse también que en el futuro sea más congruente la actuación de las propias autoridades, y que en la toma de decisiones sobre eventuales planes o supuestos proyectos de desarrollo tomen en cuenta en primer lugar el sentir y la opinión de las propias comunidades y pueblos, asociándolos con equidad en la obtención de sus beneficios. Como expresa Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la misma Presidencia de la República, el gobierno ya no puede llegar a un lugar y decir: me gustó y expropio. "Eso se debe acabar. Ya se los dije. De lo que se trata ahora es de que, donde haya tierra que explotar, sean ellos, los indígenas y los campesinos, quienes reciban ganancias comerciales con la clase empresarial" (Proceso Núm. 1343, 28 de julio de 2002, p.32). Y ello naturalmente, añadimos nosotros, en el supuesto caso de que los indígenas y campesinos decidan realizar tales alianzas, pues como expresa el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, a ellos los asiste "el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural".
Además, señala el mismo artículo, "dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional, susceptibles de afectarlos directamente", como también lo advierte el actual Plan Nacional de Desarrollo, que por lo visto no fue para nada considerado en la decisión que sobre el aeropuerto se tomó el año pasado.
No se trata, pues, de una dádiva o concesión benevolente, como alguien expresó el pasado 24 de julio, luego del encuentro realizado en el Archivo General de la Nación, sino de una obligación de las autoridades y de un derecho que les asiste a los gobernados, no importa su ubicación en la escala social.
