Señora directora: En relación con la carta del ingeniero Francisco Morales, sería interesante conocer qué periódicos acostumbra leer este señor, o siquiera saber con base en qué le endilga a La Jornada el calificativo de "amarillista", pues si de comunicar de forma oportuna, objetiva, precisa y veraz se trata, al menos no creo que exista en México otro diario como este, y sobran ejemplos al respecto.

Ahora bien, parece que lo que irritó al ingeniero Morales fue la crítica hecha al presidente Fox por desconocer la Constitución del país que representa (como de hecho también parece desconocer el ingeniero), pues de sobra se ha escrito en este periódico acerca de las leyes que, con su proceder ante la visita de Karol Wojtyla, Fox ha violado.

Resulta bastante incomprensible el orgullo que el señor Morales dice sentir por representar a nivel profesional quién sabe a quién o a qué. Y si del valor de las personas que nos "representan a nivel nacional como internacional" se trata, sería bueno que primero se informara bien de las obligaciones que la legislación existente le impone a dichos representantes.

Acerca de las preguntas con las que remata, me gustaría responderlas aquí mismo:

Sobre la clase de empleados y políticas que pueda tener cualquier medio que busque sólo el amarillismo, popularidad y beneficio económico habría que preguntar a otros diarios, así como a medios electrónicos; ellos seguramente podrán responder ampliamente a tal inquietud. La Jornada, si por algo se ha distinguido es precisamente por todo lo contrario, y sobre todo por un fuerte compromiso social, del que carecen la mayoría de las empresas informativas en nuestro país.

El carácter y valor humano tanto de reporteros, columnistas, colaboradores, y en general de todo el personal que honrosamente labora en este diario, lo conocemos de sobra los que a lo largo de todos estos años hemos sido sus lectores.

Envío mi sincero reconocimiento y una felicitación a La Jornada por su enorme valor informativo; sin él en estas épocas de enajenación mediática fácil sería embrutecernos.

René Cisneros Velasco

Retornan las buenas costumbres

Señora directora: Mucho agradeceré se haga llegar a quien deba recibirla esta respuesta a la sencilla pregunta de la Rayuela del 1º de agosto.

Creo que ahora la autoridad moral para cumplir la ley, como casi siempre, la deciden los que pueden ajustarla a su proyecto de gobierno; sin embargo, Fox se juega el populismo más barato que nos ha tocado ver. El Estado laico no es su preocupación, y más bien los pocos laicos que quedamos en este país podríamos pensar en bautizarnos antes de que la educación de la fe sea parte de la educación primaria. Ayudaría a nuestros hijos para que no la reprueben.

El PAN ha sido muy claro como gobierno: la moral cerrada e intolerante es su objetivo. Para muestra, las clausuras de exposiciones y todos los actos por los que se ha dado a conocer Pro Vida.

Trabajo en el área de la educación artística, y mientras pretendo, como proyecto formativo, brindar canales expresivos a los jóvenes, la moral y las buenas costumbres parecen retomar posiciones rebasadas por generaciones como la de mis padres, luchadores sociales de los años 60, o yo misma. La autoridad moral siempre la llevan los que predican con el ejemplo, sin embargo el gran circo del año montado en estos días quiere perpetrar el poder del PAN, de la Iglesia y de un gobierno que de plano le apuesta a su "santito", a ver si éste sí le hace el milagro de controlar un país cansado de mentiras, injusticia y burlas.

Laura Díaz Ortiz

Piden restituir derechos de médico expulsado injustamente del país

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta dirigida a:

Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Santiago Creel, secretario de Gobernación; José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Melquiades Morales Flores, gobernador constitucional del estado de Puebla.

Los abajo firmantes, ciudadanos que desempeñamos diversas profesiones y actividades, por este medio queremos manifestar nuestra preocupación y desacuerdo con los procedimientos administrativos que recientemente se están siguiendo en la delegación regional en Puebla del Instituto Nacional de Migración, a cargo de la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero, que atentan contra el fiel cumplimiento de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política y la seguridad de los inmigrantes radicados legalmente en México.

Particularmente nos referimos a que sin haber agotado los procedimientos administrativos correspondientes, violando la garantía de audiencia y el debido proceso legal considerados en los artículos 14 y 16 constitucionales, y sin respetar un proceso de amparo contra la extradición emitido por el juez sexto de distrito en el estado de Puebla; la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero, el día 19 de julio de 2002, decretó revocar la calidad migratoria amparada con la FM2 1421043 y ordenó la inmediata expulsión del país del doctor Rafael Pagán Santini, de nacionalidad estadunidense, en- tregándolo a los agentes de la Interpol, quienes lo condujeron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo embarcaron hacia Estados Unidos.

La resolución dictada por la licenciada Hinojosa Rivero, más que apegarse a nuestra Ley General de Población y su reglamento buscó la complicidad y el sometimiento a los requerimientos de colaboración del agregado legal asistente de la FBI de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, en el sentido de negar al doctor Pagán Santini "permiso de trabajo y situación migratoria, y deportarlo de regreso a Estados Unidos". Con este procedimiento, la licenciada Hinojosa violentó las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país, al negarle el derecho al doctor Pagán Santini a una audiencia en la que se podría haber ventilado el caso.

Por lo anterior solicitamos:

1. Que se reconozca que el doctor Rafael Pagán Santini es un profesionista de gran probidad y honestidad, como lo ha demostrado en su cargo de director del Centro Universitario de Investigaciones sobre el Sida de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

2. Que se reconozca el derecho que tienen los dos hijos mexicanos del doctor Pagán Santini a que su padre sea protegido por las leyes mexicanas.

3. Que con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley General de Población, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias correspondientes investiguen los procedimientos seguidos por la licenciada María Guadalupe Hinojosa Rivero para decretar la suspensión de los derechos migratorios y la expulsión de nuestro país del doctor Rafael Pagán Santini.

4. Que se restituyan la calidad migratoria del doctor Rafael Pagán, amparada con la FM2 1421043.

Alfonso Vélez Pliego, Jaime García Barrera, Aurelio Fernández Fuentes, Francisco M. Vélez Pliego, Rigoberto Benítez Trujillo, Arianna Tieppo Rappo, Rafael Santiago Pagán Rappo, Constanza Díaz Sierra, Alejandra Meza, Rigoberto Sánchez Ramírez, Sandra Barilla, Alejandra López García, Susana Rappo Míguez, Yali- na García Alarcón, Catalina Eibenschutz y 96 firmas más

N de la R

Por un error, en la nota de la página 5a de Cultura de este sábado 3, titulada "México necesita dar apoyos fiscales a las productoras extranjeras para filmar aquí", se menciona que el impacto económico de la industria audiovisual en 2001 fue de casi 4 millones de pesos. La cifra correcta es 4 mil millones de pesos.

Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores.

Rechazo al examen único

El próximo lunes 5 de agosto a las 11 horas estaremos a las puertas del edificio de Gobierno del DF, para solicitarle a las autoridades de la ciudad que actúen de acuerdo con lo que les ha señalado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e intervengan para resolver la problemática que el examen único genera entre los jóvenes de la ciudad de México. Invitamos a los padres de familia y a los jóvenes que solicitan un lugar en la educación media superior pública a asistir a este acto y defender así el derecho a la educación.

Comité Estudiantil Metropolitano, padres de familia y solicitantes y Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, sección mexicana. Responsable: Hugo Aboites