Miles repudian en diversas ciudades de España el atentado de ETA

Ordena Aznar se inicie el proceso para declarar la ilegalidad de Batasuna

La coalición nacionalista se abstiene de condenar el ataque en el que murió una niña

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 5 de agosto. Un día después del atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, en el que murieron un hombre de 57 años y una niña de seis, el presidente del gobierno español, José María Aznar, afirmó que la "basura de los dirigentes" de Batasuna son "igual de responsables" que los comandos del grupo armado ETA, y ordenó a los servicios jurídicos del gobierno que empiecen el proceso para la proscripción de la coalición nacionalista vasca.

Varios miles de personas se concentraron en varias ciudades de España para expresar su repudio a ETA, a la que el gobierno atribuyó el atentado. Sólo en Santa Pola más de cinco mil personas despidieron al grito de "šBasta ya!" y "šBatasuna ilegal!" los féretros de las víctimas, cuyos funerales se realizaron hoy.

Las primeras hipótesis policiales señalan que el atentado fue perpetrado por un "comando itinerante" del grupo armado, que se trasladó en el propio vehículo hasta la localidad turística de Santa Pola, en Alicante, donde lo cargó con más de 40 kilos de dinamita.

El coche, robado recientemente en el sur de Francia, fue estacionado a escasos metros de la casa cuartel del cuerpo policial, donde fue activada la bomba depositada en la cajuela.

La explosión provocó la muerte de la niña Silvia Martínez, hija de un agente de la Guardia Civil que se encontraba en la sala de su casa, y de Cecilio Gallego Arias, un jubilado madrileño que se encontraba en una parada de autobús cercana, además de que provocó heridas a 25 personas y causó daños en dos centenares de viviendas y en decenas de vehículos.

El atentado, que eleva a 41 las víctimas mortales desde el fin de la tregua unilateral de ETA, provocó la condena del gobierno y de todas las formaciones políticas, salvo Batasuna, que guardó silencio en los plenos municipales en los que se aprobó una moción de repulsa.

El mandatario español, que presidió el sepelio de las víctimas, lanzó duras amenazas contra los dirigentes abertzales y contra quienes cometieron el atentado. "Me parece de una repugnancia insoportable acudir al entierro de una niña de seis años y de un hombre de 57, mientras algunos de los responsables políticos de la organización criminal se pasean por las calles del País Vasco, y no estoy dispuesto a soportarlo", advirtió.

"Basura humana"

Aznar, que interrumpió sus vacaciones para asistir al entierro, calificó a los dirigentes de Batasuna, considerado el brazo político de ETA, de "basura humana", al tiempo que la hacía "igual de responsable" que a los miembros de ETA por estos asesinatos.

Tras señalar que espera "ver pronto ilegalizada a Batasuna", Aznar abundó que la disolución de la coalición "es algo que está considerado por la ley", en alusión a la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada para este cometido, que contempla la disolución de una formación si ésta no condena los atentados de carácter terrorista.

"Estamos absolutamente legitimados para tomar cuantas decisiones sean necesarias en el contexto de la democracia y del Estado para acabar con ellos", dijo Aznar luego de advertir que "van a pagar muy caro por lo que han hecho, y además espero que lo paguen pronto, puesto que la democracia española no acepta desafíos de nadie.

"No estoy dispuesto a soportar por más tiempo que la basura que son los dirigentes de Batasuna siga paseándose libre e impunemente por las calles, mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos. šHasa aquí hemos llegado!", concluyó.

El ministro del Interior, Angel Acebes, también se refirió a la activación de los servicios jurídicos del gobierno para declarar ilegal a Batasuna mediante la ley, y apuntó que "en este momento es cuando debe operar y dar toda su eficacia la normativa, porque cuando no se condena un atentado tan brutal y salvaje como el de ayer, se está dando cobertura a los terroristas".

Esta postura fue refrendada por el líder de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el magistrado que instruye la mayoría de los casos contra ETA.

No obstante, el apoyo a esta medida judicial no fue unánime, pues fue criticada por los partidos políticos que forman el gobierno vasco, el cual considera que "el silencio de Batasuna en la condena al atentado es una cobardía, pero no un delito".

El presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, dijo que "ETA tiene una enfermedad terminal, pero los partidos tenemos que rechazarla y combatirla juntos, ya que demuestra una inhumanidad sin límite".

Añadió que "a ETA sólo le cabe una salida dentro de su proceso terminal y es abandonar la violencia de una vez y para siempre, como le exigimos el conjunto de la sociedad vasca".

De su lado, la dirección de Batasuna decidió guardar silencio en los plenos municipales que convocaron a una moción de condena al atentado, y su líder y vocero, Arnaldo Otegi, acusó en rueda de prensa a Aznar de ser "responsable en primera persona de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en el futuro".

El dirigente se remitió al periodo de tregua unilateral de ETA -de septiembre de 1998 a diciembre de 1999-, en el que según Otegi el gobierno español "mantuvo una posición conscientemente provocadora y saboteadora del proceso que se iniciaba."

Sobre la disolución de su formación, Otegi admitió que en la coalición esperan que "se aceleren los procesos iniciados contra Batasuna y el conjunto de la izquierda abertzale, pues Aznar tiene elementos suficientes en el terreno armado y judicial como para golpear a Batasuna, y lo va a hacer".

Además, acusó al presidente de estar "empecinado en una política que conduce a ninguna parte; no le vamos a hacer desistir de esa decisión, porque lo que hace Aznar es trasladar su propia responsabilidad a otros y dice que la culpa de todo la tiene Batasuna".

Afirmó que las muertes se "podrían haber evitado", al añadir que "la muerte de cualquier niño o niña nos plantea una interrogante profunda en el terreno de la política y de la ética, por lo que nuestro compromiso con las soluciones se debe reforzar".

Estados Unidos condenó el atentado de la víspera, al denunciar "la campaña dirigida desde hace tiempo por ETA para aterrorizar al mundo", mientras que el papa Juan Pablo II reprobó "estos actos injustificables".