Se violó disposición de no enajenarlas para uso privado: asesor ejidal

Construyen en Nuevo León centro comercial en terrenos expropiados para vivienda

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 5 de agosto. El ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alberto Ortiz Certucha, como parte del gobierno de Jorge Treviño Martínez gestionó directamente la expropiación de 204 hectáreas del ejido San Nicolás, a fin de crear una reserva territorial para vivienda y construir un parque regional que 12 años después todavía no existe.

Ortiz Certucha ahora es socio de la empresa Acosta Verde Promotora SA de CV, dueña de un terreno de 147 mil metros cuadrados en la zona expropiada, donde se construye el Centro Comercial Sendero, que será el más grande en el norte del país, según los campesinos afectados por el decreto que promulgó en abril de 1990 el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Mediante su asesor Sergio Garza Elizondo, los quejosos expusieron que Ortiz Certucha, en su calidad de funcionario estatal, firmó con Treviño Martínez el acuerdo de donación de 204 hectáreas expropiadas y ahí se asentó que "no podrán enajenarse porciones a favor de promotores privados", con base al artículo 58 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente en esa fecha.

Garza Elizondo lamentó que las tierras del ejido San Nicolás hayan servido para enriquecer a unos cuantos, mientras a los ejidatarios se les pagó a 2.77 pesos el metro cuadrado, y consideró que para "despojarlos" sólo se usó como pretexto la pretensión de construir un parque metropolitano de 40 hectáreas, del que hoy no se conoce ni el proyecto, no obstante que el plazo para concluirlo venció en 1995.

En octubre de 1990 el gobierno estatal recibió en donación del gobierno federal las tierras expropiadas al ejido San Nicolás. El 31 de julio de 1991 terminó su gestión el gabinete de Jorge Treviño, y el 20 de febrero de 1992, ya con Sócrates Rizzo en la gubernatura, Alberto Ortiz Certucha compareció ante el notario 21, Esteban González Ardínes, para firmar como socio capitalista de la empresa inmobiliaria Acosta Verde, de la que poseía un paquete de 403 acciones de un total de cinco mil.

Según Garza Elizondo, otro caso de personajes que actuaron en los dos bandos fue el ex presidente de la Canaco de Monterrey, Adrián González Lozano, quien en 1991 formaba parte del consejo de administración de Prodisa, empresa del gobierno estatal, constituida para comercializar las tierras expropiadas.

Dos años después Adrián González Lozano y su hermano Sergio constituyeron junto con otros socios la inmobiliaria Miralomas, que se benefició con la compra de 216 mil metros cuadrados de las tierras "despojadas" a los campesinos del ejido San Nicolás, afirmó Garza Elizondo.

El asesor de los campesinos del municipio de Escobedo señaló que cada día aparecen más pruebas de que hubo coalición de funcionarios públicos, y una verdadera "delincuencia organizada", para apropiarse del patrimonio de una comunidad.

Expuso que el gobierno de Fernando Canales Clariond tiene en su mano hacer justicia a los campesinos, aunque el reto es difícil, pues él mismo fue presidente de Canaco, al igual que el actual secretario general de Gobierno, José Mario Garza Benavides y el anterior, José Luis Coindreau García.