El homicidio múltiple, por pugnas territoriales; entre indígenas, riesgo de explosividad social

Llena de fallas, la pesquisa sobre la matanza de Agua Fría: CNDH

Se privilegió rapidez sobre calidad Duda que los presos sean las personas descritas por testigos

VICTOR BALLINAS

La matanza contra 26 campesinos perpetrada el 31 de mayo pasado en Agua Fría, Oaxaca, se debió a conflictos de límites entre comunidades, agravada por la impunidad ante la falta del esclarecimiento de crímenes entre labriegos denunciados con anterioridad, y además estuvo enmarcada por "resoluciones y juicios de amparo resueltos recientemente" que acrecentaron la tensión en la zona, sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe especial sobre el caso.

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, advierte al gobierno que en caso de no avanzarse sustancialmente en el respeto a los derechos humanos de los indígenas, la experiencia señala que se irán configurando y consolidando situaciones con una elevada explosividad social, "cuyas consecuencias son incompatibles con el país justo y democrático" que los mexicanos quieren. Añade que la conflictividad crónica de la región puede ocasionar situaciones más graves que la de Agua Fría.

Soberanes sostiene en el extenso informe de 84 cuartillas que en la averiguación previa respectiva que inició la procuraduría estatal se detectaron irregularidades, omisiones, contradicciones e inconsistencias periciales, como la no correspondencia de retratos hablados con las descripciones de probables responsables que los testigos hicieron, deficiente elaboración de planos en el dictamen de planimetría, falta de peritaje a la totalidad de los casquillos y necropcias incompletas. Subraya: "Se nota que se privilegió la rapidez sobre la calidad. Hay dudas respecto a que los presos sean las personas que los testigos describieron".

En la región de Sola de Vega, Oaxaca, destaca la CNDH que se hace evidente la "ausencia sistemática en procuración e impartición de justicia, dilación en procedimientos de resolución, procedimientos jurisdiccionales lentos y resoluciones expedidas con vicios de origen". Hay un clima de impunidad generado por una insuficiencia institucional endémica en materia de justicia.

Acusa que no hubo incremento de recorridos de seguridad pese a que los pobladores lo solicitaron, y no obstante las denuncias de que había hombres armados que penetran en dichas tierras, no se instaló ahí un destacamento de policía; por el contrario, del 12 de abril, cuando se solicitó el incremento de seguridad, a la fecha de la matanza, sólo hubo cuatro recorridos y no se informaba por escrito a la Procuraduría General de la República sobre la existencia de hombres armados en la región, sino sólo de manera verbal al Ejército Mexicano.

Aunado a ello, abunda, las omisiones y dilaciones de la autoridad agraria han violentado los derechos humanos de la población en general, ya que con el retraso en la impartición de justicia se crea inseguridad y falta de certeza jurídica, además de que se detectó que hay falta de capacidad para ejecutar resoluciones y actuaciones para resolver conflictos agrarios, con lo que se afecta gravemente el derecho a la tierra por parte de las comunidades.

En el informe, dirigido al presidente de la República, Vicente Fox; a los secretarios de Gobernación, Medio Ambiente, Reforma Agraria (SRA) y Seguridad Pública; al procurador general de la República y al gobernador de Oaxaca, Soberanes asegura que la autoridad estatal responsable de la seguridad pública "conocía la existencia de los conflictos de manera previa a la matanza de Agua Fría, pues era público que se produciría un acto de violencia contra los habitantes de la comunidad de Santiago Xochitepec, pero la actuación de las autoridades encargadas de brindar seguridad fue insuficiente".

La CNDH insiste en que en el escenario donde ocurrió la matanza confluyen un conjunto de elementos de conflicto, pugnas intercomunitarias, litigios agrarios por límites territoriales, explotación forestal, atraso social, insuficiente seguridad pública e impunidad, que se agrava por la existencia de grupos que poseen armas de fuego de grueso calibre, "sin que esté esclarecido, por un lado, la dimensión real del problema, y por otro, la forma en que las autoridades competentes han investigado o actuado respecto a las denuncias recibidas en este sentido, y que los sucesos del 31 de mayo parecen corroborar".

La comisión sostiene que se observa que en materia agraria hay una ausencia sistemática de procuración e impartición de justicia, dilación en los procedimientos de resolución de los conflictos, procedimientos jurisdiccionales lentos y resoluciones expedidas con vicios de origen que son recurrentes, así como la falta de capacidad para ser ejecutadas, siendo por lo general insuficientes las actuaciones para solucionar dichos conflictos.

De las actuaciones ministeriales, señala este órgano nacional, se desprende que el móvil de los delitos perpetrados sería la venganza de los pobladores de la comunidad de Las Huertas de Santo Domingo, Tejomulco, por la muerte de Margarito Osorio, en el contexto del conflicto agrario con Santiago Xochiltepec, por una resolución presidencial que data del 9 de mayo de 1966.

No obstante que desde 1971 quedó firme la sentencia que resolvió dejar "insubsistente" la resolución presidencial impugnada, y que ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria abocarse a conocer el conflicto de límites entre ambas comunidades, fue 25 años después que la dependencia remitió el asunto al Tribunal Superior Agrario.

Aunado a ello, refiere la CNDH, al dar solución al conflicto entre esas comunidades, no se tomó en cuenta el convenio que habían celebrado ambas desde 1982, en el cual se estableció que "con el objeto de tratar y asegurar la división de terrenos que amistosamente ha hecho este pueblo con el de Santiago por el mancomún que han vivido desde el tiempo inmemorial (...) los terrenos habían sido divididos en forma amistosa". Esto no fue tomado en cuenta.

El ombudsman demanda que no sólo se agote la resolución de este caso con el encarcelamiento a los culpables, sino que se tomen medidas de mayor alcance por parte de los tres niveles de gobierno; que se reconozca públicamente que mientras no se ofrezcan soluciones eficaces a los problemas agrarios se afectará el desarrollo de las comunidades; que se propongan las reformas necesarias por parte del Poder Ejecutivo Federal y el estatal; que se apliquen políticas públicas y se dé cumplimiento al artículo segundo constitucional para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas.

Además solicita se designe a un visitador especial para el estado de Oaxaca por parte de la SRA con el propósito de promover una pronta, expedita y eficaz administración de justicia agraria, y que la procuraduría estatal integre y determine el desglose de la averiguación previa respectiva para detener y consignar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios, porque "en la cárcel deben estar sólo quienes con evidencias se acredite su responsabilidad en la matanza, ni uno más, ni uno menos".