Ayer, con la publicación en el Diario Oficial de tres decretos que abrogan las expropiaciones de las tierras ejidales de San Salvador Atenco, culminó el proceso de una rectificación encomiable por parte del Ejecutivo federal.

Las razones para la anulación de la medida inicialmente adoptada en octubre del año pasado se expresan con nitidez en los decretos referidos: el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco resultaba "incompatible con la preservación del orden y la paz social"; la derogación de las expropiaciones busca reivindicar una política "eminentemente participativa y receptiva hacia los pronunciamientos de la sociedad civil" y es una medida orientada a "dar forma a una democracia moderna en la que las decisiones se tomen con la participación colectiva".

Hace casi un año el gobierno tomó la decisión equivocada e inaceptable de realizar un megaproyecto de infraestructura --necesario, sin duda-- a costa de una comunidad ancestral que se vio en peligro inminente de extinción, y que logró movilizarse con éxito para mantener el dominio de sus tierras y la existencia de su tejido social.

En días recientes, las autoridades federales han tenido la sensibilidad política para comprender que el empecinamiento en la expropiación y la construcción de la terminal aérea habría desembocado en un conflicto social y político inmanejable y sumamente peligroso y dañino para la gobernabilidad. Han tenido, asimismo, el valor civil suficiente para dar marcha atrás en sus decisiones erradas.

Lo anterior es expresión de un gobierno atento al sentir social y, por lo tanto, una muestra de fortaleza democrática e institucional. Existen, sin embargo, diversos grupos políticos y económicos para los cuales el aeropuerto en la zona de Texcoco representaba una oportunidad dorada para realizar cuantiosos negocios, para incrementar su poder político o, peor aún, para medrar con la desestabilización que inevitablemente habría conllevado la continuación del proyecto.

Tales grupos empiezan ahora una contraofensiva cuyos argumentos iniciales han sido, por un lado, calificar la derogación de las expropiaciones de "muestra de debilidad" del Ejecutivo federal y, por el otro, argüir que la cancelación del proyecto implica un supuesto desaliento a la inversión --nacional y extranjera-- que se requiere para activar el crecimiento económico.

Un ejemplo claro de esta contraofensiva son los nostálgicos del autoritarismo rentable --como el grupo gobernante en el estado de México--, afectados en sus perspectivas de negocio, han decidido iniciar un golpeteo político contra el presidente Vicente Fox.

La sociedad debiera tener claro, en el momento presente, que la rectificación de las expropiaciones no representa, de manera alguna, falta de rumbo o debilidad: es, por el contrario, una expresión de buen sentido democrático y merece, por ello, el respaldo de la ciudadanía.