Se desconoce todavía si se mantendrá la Coordinación de Atención y Desarrollo

Entran en vigor decretos contra la expropiación; fin jurídico formal al aeropuerto en Texcoco

ALONSO URRUTIA

El proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco tendrá formalmente hoy su fin jurídico al entrar en vigor el decreto presidencial que publicó ayer el Diario Oficial mediante el cual se abrogaron, "de manera total, lisa y llana", todos los decretos que dieron origen a la expropiación de tierras en la zona y que desataron una intensa movilización social de los ejidatarios de San Salvador Atenco.

La publicación establece como justificación de la marcha atrás del gobierno federal que a pesar de la forma "cuidadosa y respetuosa del régimen legal y reglamentario de la expropiación" del gobierno federal, "diversas condiciones de hecho y de derecho vuelven el proyecto incompatible con la preservación del orden y la paz social y, en consecuencia, la superficie de que se trata no ha sido utilizada para cumplir con el objeto de la expropiación".

Por la tarde, el gobernador Arturo Montiel, el secretario de Gobierno mexiquense, Manuel Cadena, y el procurador general de justicia estatal, Alfredo Navarrete Prida, acudieron a la Secretaría de Gobernación para discutir con Santiago Creel el escenario derivado de la abrogación de los decretos expropiatorios y la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco.

Una hora después de iniciado el encuentro llegó al Palacio de Covián el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, para unirse a la reunión. Sin embargo, no trascendió el contenido de la entrevista, pues a la salida ninguno de los funcionarios quiso comentar al respecto.

Mientras tanto, quien fuera el coordinador para la Atención y el Desarrollo del nuevo aeropuerto en Texcoco, Francisco Curi Pérez, está ahora abocado a finiquitar sus tratos con los ejidatarios que habían dado su anuencia para la expropiación y construcción de la terminal aérea.

Hasta el momento aún no se conoce si esa instancia, creada en la Secretaría de Gobernación, se preservará con miras a las negociaciones que pudiera implicar la designación de la nueva sede del aeropuerto, una vez que llegó a su fin la opción de Texcoco.

Asimismo el Diario Oficial publicó ayer tres decretos correspondientes a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente, así como uno más relacionada con la Comisión Nacional del Agua (CNA).

Las consideraciones del decreto abrogatorio de la SRA refieren que tras el anuncio de la expropiación se depositaron los recursos para indemnizar a los ejidatarios, "mismos que no han sido solicitados por sus beneficiarios".

Explica que varios ejidos iniciaron un movimiento en el que manifestaron, por diversas vías, su oposición a las expropiaciones referidas, por lo que el gobierno federal realizó diversas gestiones de carácter conciliatorio con los afectados, las que a la fecha no han fructificado.

Igualmente explica que precisamente por los procesos jurídicos en marcha, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la de Comunicaciones y Transportes, no tomaron posesión material de las superficies expropiadas.

El decreto referido a la CNA da cuenta de que el uso del agua correspondiente a las tierras expropiadas se mantuvo en poder de los ejidatarios, por lo que no hay cambio en su aprovechamiento.

Más adelante el decreto presidencial reivindica su política "eminentemente participativa y receptiva hacia los pronunciamientos de la sociedad civil", misma que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. Esta política parte del reconocimiento que para la sociedad un "valor supremo" es mantener los vínculos de cohesión social, "a fin de dar forma a una democracia moderna en la que las decisiones se tomen con la participación colectiva".

Tras las explicaciones, el decreto se concreta a abrogar lisa y llanamente los decretos expropiatorios, aunque reivindica la utilidad original que tenía para el gobierno.

Es así que se abrogó el decreto "mediante el cual se expropiaron diversas superficies a favor del gobierno federal para continuar el restablecimiento del balance hidrológico del valle de México, el control de la contaminación de las aguas superficiales y los mantos acuíferos en las zonas expropiadas", según indica el decreto de Semarnat.

En el caso de la SCT, simplemente habla de que se abroga la expropiación para construir el aeropuerto.

Finalmente, asienta que cada una de las secretarías, en su calidad de instancias ejecutoras del decreto expropiatorio original, procederán a retirar del fideicomiso el dinero que había sido destinado a las expropiaciones.

Expresa su satisfacción

La cancelación del proyecto, un fracaso para Fox: Burgoa

RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSAL

Nezahualcoyotl, Mex., 6 de agosto. El jurista Ignacio Burgoa Orihuela consideró como "un triunfo" la abrogación del decreto presidencial expropiatorio del 22 de octubre pasado y aseguró que "abiertamente" se puede decir que la cancelación del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto "es un fracaso" para el gobierno del presidente Vicente Fox.

Entrevistado telefónicamente, el abogado recordó cada una de sus declaraciones hechas a la prensa, así como los argumentos que expuso ante el juzgado de distrito con sede en Nezahualcóyotl, en el sentido de que el proyecto "nació moribundo", pues fue violatorio del artículo 115 de la Constitución, al transgredir la soberanía municipal.

Consideró como un triunfo suyo la cancelación del proyecto y dijo que estaba muy contento por la rectificación del presidente Vicente Fox. Comentó que este caso es uno de los más importantes en su larga vida de abogado, que rebasa los 60 años.

Finalmente, consideró que la actual administración federal en este caso y en todos los demás debe mantenerse ajustada a la ley.

La decisión sobre Tizayuca está en manos de la Federación, afirma Núñez Soto

Hay otras opciones ambientalmente viables: Lichtinger

ANGELICA ENCISO Y CARLOS CAMACHO REPORTERA Y CORRESPONSAL

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, dijo que existen otras opciones ambientalmente viables para la construcción del aeropuerto y aseguró que este proyecto se llevará a cabo durante este sexenio.

Entrevistado al término de la presentación del informe Perspectivas del medio ambiente mundial, Lichtinger señaló que la dependencia está en espera de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señale cuáles son las otras posibilidades desde el punto de vista técnico para empezar a analizar la viabilidad ambiental.

Indicó que no hay una nueva opción además de las dos propuestas -Texcoco y Tizayuca- que analizó la Semarnat con el estudio que mandó a hacer al Programa Universitario de Medio Ambiente el año pasado y del que se derivó que los dos sitios eran ambientalmente viables para la construcción de la nueva terminal aérea.

Se le preguntó si no se tomarán en cuenta los estudios que hicieron los 106 investigadores universitarios el año pasado. A esto respondió: "ya lo veremos cuando tengamos las diferentes opciones que nos presente la SCT entonces tendremos una estrategia de comunicaciones".

-ƑEs un asunto enterrado en este sexenio?

-No creo. Se está diciendo que se van a buscar nuevas opciones.

A su vez, el gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, dijo que el gobierno federal tiene en sus manos la información sobre la factibilidad del proyecto Tizayuca, pero la decisión sobre el sitio donde se construirá el nuevo aeropuerto internacional "está en sus manos".

El gobierno federal, reiteró, "tiene la última palabra". Rechazó que haya tenido comunicación con autoridades federales, luego de que el presidente Vicente Fox Quesada decidiera cancelar el proyecto Texcoco y ordenara anular los decretos expropiatorios en tierras de Atenco.

Nuñez Soto recordó que desde el año pasado la SCT tiene "una riqueza enorme en cuanto a estudios de factibilidad, corridas financieras y una enorme cantidad de información".

Para Hidalgo hay un proyecto de desarrollo urbano que incluye un centro multimodal, con un aeropuerto de carga en las 14 mil hectáreas del valle de Tizayuca, donde se integran tres municipios del sur de la entidad, un proyecto que "ya conoce el gobierno y que ha sido puesto a consideración de los ejidatarios". Advirtió que el gobierno de Hidalgo "no hará ningún proyecto que no incluya a los ejidatarios".