Guanajuato

Polémica por cifra de empleo en el informe de gobierno

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Leon, Gto., 6 de agosto. En el informe de gobierno que rindió el domingo pasado, el gobernador Juan Carlos Romero Hicks incluyó empleos "comprometidos", no vigentes, y el supuesto aumento de 30.7 por ciento de exportaciones corresponde al año pasado, reconoció hoy Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal.

El funcionario sostuvo que la cifra de 14 mil 75 empleos que según el jefe del Ejecutivo se generaron durante un año se puede confirmar en la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, durante su último informe la institución reporta la creación de 9 mil 346 empleos en ese periodo.

Aunque primero dijo que los empleos generados "son de carne y hueso", luego aceptó que en el informe incluyó también "datos de empresas que están firmadas y están abriendo o las que también están iniciando".

Respecto a la situación que guardan las exportaciones, reconoció que el aumento en 30.7 corresponde al año anterior y explica que "primero hay que empezar por enderezar el periodo del informe y eso deberían hacer los diputados; ahora estamos informando la mitad del año pasado y la mitad de éste y es por eso que muchos datos se refieren al año pasado".

Por separado, Romero Hicks rechazó que su informe incluya cifras de empleo que no corresponden a la realidad e insistió en que su gobierno ha creado 14 mil 75 empleos con base en el IMSS.

Después de conducir el programa especial Pos-informe de Gobierno, que transmitió la televisora estatal desde un hotel de la ciudad, se le interrogó sobre los empleos "comprometidos" que incluye su informe. "No, no, no, estamos informando de empleos que ya están operando". Al cuestionar las cifras del IMSS aceptó "que estamos hablando de los empleos comprometidos y hechos en el periodo propio del informe".

En otro orden, los alcaldes de San Luis de la Paz y de Irapuato, los panistas Armando Rangel y Ricardo Ortiz, respectivamente, anunciaron por separado que la legislación no obliga a acatar las recomendaciones que emitió la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en esos municipios.