El zapatista asesinado estaba amenazado de muerte

El gobierno no está dispuesto a romper el círculo de impunidad, denuncia ONG

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 10 de agosto. La muerte de José López Santiz, quien pertenecía a la autoridad autónoma del municipio 17 de Noviembre, se suma a los recientes actos de violencia directa contra las bases de apoyo zapatistas en las regiones de Altamirano y Ocosingo, las cañadas al norte de la selva Lacandona y los Montes Azules. Hace 10 días, un ataque paramilitar en la comunidad La Culebra dejó siete heridos.

El representante zapatista asesinado había recibido amenazas de muerte de parte de los priístas de Altamirano, revelaron hoy pobladores de su comunidad, 6 de Agosto.

El clima de incertidumbre se extiende a la zona norte del estado, donde se han registrado incursiones militares extraordinarias al interior de comunidades en resistencia. Son los casos, en el mismo periodo, del campamento de desplazados San Marcos (Sabanilla) y las comunidades San Antonio El Brillante (municipio autónomo San Juan de la Libertad) y Lázaro Cárdenas (Huitiupán).

El municipio autónomo San Manuel reportó nuevos entrenamientos de guerra por parte del Ejército federal en la cañada de Las Tazas, y el Ricardo Flores Magón no ha dejado de denunciar, en las semanas recientes, tanto movimientos y sobrevuelos militares, como creciente actividad de grupos que los autónomos identifican como paramilitares priístas.

Cabe destacar que el comandante de la Séptima Región Militar, Mario Pedro Juárez Navarrete, negó ayer en Tuxtla Gutiérrez que el Ejército federal participe "en actividades antiguerrilleras para atacar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya que solamente realiza el adiestramiento adecuado para combatir los delitos que le competen, como el narcotráfico".

El comandante Juárez Navarrete aseguró que en la preparación de las tropas que ocupan posiciones en la selva Lacandona "no existe nada fuera de lo normal". Además, negó "la versión" de que la presencia de tropas vaya en aumento "en la llamada zona zapatista. Simplemente se han realizado algunos cambios", dijo, sin precisar más.

En tanto, el abogado Miguel Angel de los Santos dio por hecho la militarización sostenida y creciente en la región y afirmó que esta militarización "inhibe la vida cultural, ceremonial y social de las comunidades indígenas", lo cual "es una expresión no siempre visible de la violación a los derechos humanos colectivos".

Durante la presentación del tercer informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas (CCIODH), efectuada anoche en San Cristóbal de las Casas, el abogado De los Santos agregó que el actual incremento de la paramilitarización "muestra que el gobierno no está dispuesto a romper el círculo de impunidad". A pesar de que los delitos cometidos anteriormente "se documentaron con precisión, y se probaron", no se detiene a los criminales, "y eso viola los derechos humanos", dijo, para luego alertar que la situación actual de los miles de desplazados en los Altos y la zona norte de Chiapas "es grave".

En el acto (donde también participaron el periodista Amado Avendaño Figueroa y el historiador Andrés Aubry), la investigadora Gabriela Soriano, de Ciepac, destacó la importancia que desde 1995 han tenido las comisiones internacionales de observación "para mitigar las agresiones y represiones sobre los indígenas", a pesar de la persecución contra los extranjeros en Chiapas desatada por los gobiernos anteriores.

Descomposición y recomposición políticas

Elena Roux, miembro de la CCIODH, quien ha venido en anteriores misiones internacionales, declaró que ahora los observadores encontraron "una descomposición política, y una recomposición política" en la región, al presentar el tan severo como voluminoso informe del recorrido de dicha comisión en febrero y marzo de este año.

Durante la semana que concluye, la CCIODH recorrió muchas de las decenas de comunidades indígenas en todo el estado que había visitado en febrero. Fieles a su cometido, los observadores traían denuncias frescas. "El número de efectivos del Ejército federal no ha disminuido en absoluto", señaló la observadora canadiense Genoveva Saumier. Incluso, mencionó, los sitios anterioremente ocupados por el Ejército federal "no han sido restituidos a sus propietarios".

Enseguida transmitió la denuncia de la comunidad tzotzil de San Antonio El Brillante, a la cual hace 15 días ingresó, por primera vez desde que existe el pueblo, un tanque militar de combate. Tripulado por cinco soldados, se detuvo en el centro de la comunidad. "Las mujeres tocaron las campanas del pueblo y se juntó la gente para exigir a los soldados que se retiraran", refirió la observadora.

Se ha sabido que, a partir de entonces, se han incrementado los trasiegos militares entre los cuarteles de San Cayetano y Puerto Caté (en el municipio autónomo San Juan de la Libertad), precisamente por el camino donde se localiza San Antonio El Brillante.

Todo esto transcurre en un ambiente de nerviosismo gubernamental, plagado de versiones falsas, rumores fantásticos o amenazadores, y visitas por lo visto exhaustivas del comisionado presidencial para la paz, Luis H. Alvarez (o bien de sus enviados), para encontrarse con autoridades tradicionales y municipales (oficiales), mas sin haber establecido ningún contacto con los municipios autónomos o la dirigencia zapatista a su paso por Oventic, La Realidad, Polhó y otras poblaciones rebeldes.

En un acto multitudinario al que acudieron centenares de campesinos tzeltales y tojolabales del municipio 17 de Noviembre, José López Santiz fue ayer enterrado en Altamirano. La situación sigue en veremos en la región. Un gran despliegue de policías se encuentra peinando la zona (donde seguramente no se encuentran los asesinos, aunque según los indígenas parecen no estar más lejos de la capital del estado).

A pesar del clima de temor a una posible "venganza" por la "turba" zapatista, inducido por diversos medios locales, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, anunció anoche que habían sido liberadas las personas "que temporalmente fueron retenidas" (por el municipio autónomo 17 de Noviembre) y las cosas estaban "en relativa tranquilidad". Coincidiendo con el procurador chiapaneco, Mariano Herrán Salvatti, Zebadúa anunció que se buscaba a los autores del homicidio y aseguró "respeto pleno a las distintas posturas políticas, y a sus manifestaciones de autonomía en el caso de los zapatistas. Hemos buscado que se nos permita hacer valer el estado de derecho para asegurar la tranquilidad del municipio".

El informe forense (averiguación previa AL89/AJI/42/2002) de la Procuraduría estatal asienta que el cadáver presentaba solamente "11 perdigones de un disparo de cartucho de escopeta", mientras la Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos aseguró ayer, después de visitar la comunidad 6 de Agosto, que José López Santiz recibió 8 disparos. No obstante, todas las versiones han coincidido en la identidad de los responsables.