Testimonios recabados por observadores internacionales señalan que la situación empeora

En entredicho, la estrategia de paz en Chiapas

Analiza la comisión civil el impacto que tendría el Plan Puebla-Panamá en la región

BLANCHE PETRICH

A finales de marzo el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, admitía ante una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en su oficina de Tuxtla Gutiérrez: "Si yo entro al gobierno en enero de 2001 combatiendo a los paramilitares, no duro tres meses".

Así explicaba el mandatario estatal, a 14 meses de asumir el cargo, su estrategia de pacificación: primero, políticas de reconciliación en las comunidades; después, combate a la impunidad.

Si esta estrategia efectivamente generó la pretendida distensión en las zonas en conflicto y encaminó a Chiapas por la vía del diálogo y la pacificación, es algo que pone en duda el contenido de informe final de la tercera visita de la comisión.

La entrevista con Salazar Mendiguchía es una de las numerosas conversaciones contenidas en un grueso tomo del tercer informe de la CCIODH, que incluye además las versiones de 38 comunidades de las zonas en conflicto, voces diversas de organizaciones sociales y de varios actores de los gobiernos federal y estatal.

Y precisamente desde las comunidades se ofrece el testimonio de decenas de representantes indígenas que refieren en su vida cotidiana una miseria cada día más aguda, que los programas sociales de los gobiernos federal y estatal no consiguen paliar.

Más aun, estas políticas sociales -aplicadas por la Secretaría de Atención a Pueblos Indígenas (Seapi), la Sedeso, el INI o lo que sea- son percibidas en pueblos de base zapatista como "una guerrilla económica para dividir más a la gente, para saber quiénes son su gente" y castigar con el olvido a los que prefieren un modelo de desarrollo acorde con la autonomía de los pueblos indios, según palabras de un representante del municipio autónomo Ricardo Flores Magón. Esa entrevista se realizó en San Marcos, una comunidad de Sabanilla, distante a una hora de camino a pie desde la carretera, después de atravesar un trecho de territorio tabasqueño.

La pretensión del gobierno de influir en esas zonas sin una concertación previa, sin haber resuelto el problema de la impunidad, de la grave violencia del pasado reciente, sin reparación alguna del daño a los pueblos zapatistas, hace que las intenciones de las autoridades sean percibidas como "puro falso", según la expresión de un campesino de Jolnixtié, en la zona norte baja de Tila, quien considera que "el gobierno está trabajando para que se muera la lucha zapatista". Esa es una percepción generalizada en los municipios autónomos.

En contraste, el comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, insiste en responsabilizar del actual estancamiento de la situación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con su política de silencio: "No se entiende el silencio del EZLN", dice. "Es una incongruencia." De ahí no pasa.

Tercia el antiguo obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, presidente de Servicios de Paz y Justicia (Serapaz), quien describe el actual momento de la región como de deterioro. "Se da una situación semejante a la de Guatemala, por el no cumplimiento de los acuerdos de paz", explica el prelado. Este panorama es, según el análisis que Ruiz ofrece a los delegados de la CCIODH, consecuencia de la contrarreforma indígena y la persistencia de una presencia militar en Chiapas de entre 30 y 40 por ciento del Ejército. "No hay otro estado con tanta concentración militar."

"Ni zapatista ni antizapatista"

A lo largo del trabajo de observación de la comisión destacan tres temas como indicadores del grado de conflicto e inestabilidad que prevalecen en las zonas visitadas: la ruptura que dejó el fracaso de la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la persistencia de la militarización y la paramilitarización, y la sucesión de rupturas y divisiones comunitarias que caminan en sentido contrario a la pretendida política de conciliación.

Una de las entrevistas más prolijas y reveladoras es la del gobernador chiapaneco.

Con gran énfasis, Pablo Salazar insiste ante sus interlocutores en que él no es zapatista ni antizapatista. Lamenta el que el proceso de paz haya naufragado, pero exime de toda responsabilidad al presidente Vicente Fox, a quien califica de "hombre de paz".

"Yo creo -asegura- que si el EZLN ha tenido una salida digna al conflicto es con este gobierno."

Toma una actitud defensiva cuando se le indica que hay quienes perciben sus programas sociales en zonas de conflicto como contrainsurgentes: "Nada puede sostener esa acusación", replica. Y revela que desde el comienzo de su administración se dedicó a desmontar un programa de contrainsurgencia disfrazado de desarrollo social, que estableció el gobierno de Roberto Albores con el nombre de Programa Cañadas, "montado prácticamente en los centros militares".

Informa que despedir y relevar al personal que trabajaba en esas dependencias adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social le llevó a su gobierno "cuatro o cinco meses de negociación" con la Sedeso. En su lugar, explicó, se estableció un programa de apoyo por microrregiones, con participación de las comunidades, que a la fecha es rechazado en los poblados zapatistas.

"Desde lo más profundo de mi corazón -dice Salazar-, mi gobierno está dispuesto" a trabajar con las comunidades que son base social del EZLN: "Si nos dijeran mañana 'queremos participar, queremos caminos, queremos escuelas, pero ponemos como condición que el gobierno no haga publicidad', estamos totalmente de acuerdo".

También insiste en que en el tiempo que lleva en el gobierno ha desmantelado el aparato represivo, con un ex procurador de justicia y 25 comandantes de la policía presos, y órdenes de aprehensión contra 20 por ciento del gabinete de Albores Guillén. Niega que la liberación de la mayoría de los responsables de la matanza de Acteal fuera responsabilidad de su administración, sino de averiguaciones mal integradas por el gobierno anterior.

Paciencia, la estrategia

Por lo que respecta a los funcionarios del presidente Fox relacionados con el conflicto en Chiapas, las entrevistas reflejan ambigüedad y parálisis. De este modo, la frase más contundente de Luis H. Alvarez, el comisionado para la paz, es que "la estrategia a mediano plazo es paciencia".

Xóchitl Gálvez, secretaria de Asuntos Indígenas de la Presidencia, por su parte, matiza considerablemente su original enojo -"encabronamiento", diría ella- por la forma en que la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas fue rasurada y neutralizada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales. El único efecto de esta reforma, les dijo a los representantes de la CCIODH, es que "atora un poco" la plena aplicación de los derechos políticos y económicos de los pueblos indios. "No perjudica" a la situación indígena el hecho de que no se hubiera aprobado esa iniciativa tal como se acordó en la mesa de San Andrés, "pero hubiera ayudado" que se hiciera.

No en todas las oficinas fueron bienvenidos los delegados de la CCIODH. Resalta el capítulo que se refiere a la cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, quien en 20 minutos de audiencia prefirió hablar con sus interlocutores sobre sus viajes a Europa y los derechos humanos de los países de origen de los asistentes al encuentro. "En conclusión -dice el informe-, la breve entrevista mantenida con el presidente de la Suprema Corte fue la más ingrata y estéril; se caracterizó por un desprecio de la función y legitimidad del trabajo de los observadores internacionales."

Esta es la tercera visita de la CCIODH a Chiapas. La integran un centenar de delegados de 14 países distintos, en su mayoría europeos, interesados en dar seguimiento no sólo a la evolución del conflicto en Chiapas, sino al impacto que tiene el Plan Puebla-Panamá en la zona, en particular en las reservas forestales. El eje de su trabajo sigue siendo el derecho humanitario, pero en su acepción más amplia, que incluye derechos colectivos, económicos, ecológicos y políticos.

Los observadores dividieron el trabajo según las rutas -cubrieron prácticamente todo el mapa de conflicto en Chiapas, en particular la zona Montes Azules de la selva Lacandona, donde están prendidos todos los focos rojos en la actualidad- e incorporaron los puntos de vista del gobierno federal, el estatal, organismos internacionales, ONG mexicanas y, desde luego, las voces de las comunidades.

Fase de deterioro

Los delegados de CCIODH sostuvieron también varias entrevistas con organismos no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, entre ellos con la plana mayor de Serapaz, una estructura que originalmente fue el andamiaje administrativo de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que presidía el obispo Samuel Ruiz y que, una vez roto el diálogo con el gobierno de Ernesto Zedillo, se mantuvo como un espacio de trabajo y reflexión sobre el tema de la pacificación en Chiapas.

En esa entrevista, Ruiz García comparó la fase de deterioro que vive ahora Chiapas con el momento que atraviesa Guatemala, donde los grupos paramilitares de ultraderecha están recuperando espacios de acción política debido al incumplimiento de los acuerdos de paz. También refiere que "hay un deterioro interno en el EZLN, porque no hay el control y la disciplina de antes". Miguel Alvarez, también de Serapaz, analizó que sobre el proceso de paz en Chiapas, tanto el presidente Vicente Fox como el gobernador Salazar "viven un desfase".

Alvarez comparó el momento actual en la región con el clima que prevalecía hace un año, al calor de la llegada de los dos nuevos gobiernos -el federal y el estatal- y el impacto de la caravana del EZLN, que había generado una movilización nacional sin precedente en torno a la ley indígena. "Eso ha cambiado radicalmente. El momento actual no pasa por la reactivación del diálogo ni por el vínculo de la paz."

En el caso específico del gobierno estatal, Salazar "ha ido girando en torno al problema de la gobernabilidad, no de la creación de condiciones políticas de la paz ni de los desplazados, paramilitares, etcétera. Su agenda ha consistido en recrear condiciones para ser un gobernador que dure su sexenio".

Sobre el tema de los paramilitares, que es una constante en las entrevistas, Miguel Alvarez expone que a diferencia de las condiciones de activismo abierto que se registró de 1996 a 1998, ahora hay un reacomodo y nuevas divisiones, pero su presencia y su presión persisten.