Carlos Fazio
El PPP y la santa paz
El enésimo lanzamiento del Plan Puebla-Panamá
(PPP) en Mérida, el 27 de junio pasado, con la participación
de los administradores ejecutivos de México y Centroamérica,
parece marcar el comienzo de una nueva fase de expansión violenta
del capital trasnacional. En la porción mexicana del PPP, la violencia
del proyecto diseñado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo está implícita en su forma de aplicación
vertical, autoritaria y antidemocrática, bajo el paraguas de un
esquema contrainsurgente militar, paramilitar y "preventivo" que ha venido
consolidando posiciones en la zona, en el marco de un discurso paternalista
que reproduce la demagógica propaganda indigenista del viejo régimen.
La "santa paz" que según Vicente Fox y los voceros
del gran capital reina en Chiapas es un eufemismo que pretende ocultar
una realidad de hostigamiento militar y paramilitar, desplazamientos forzosos,
disputas agrarias y de tierras, asesinatos larvados, violaciones sistemáticas
de derechos humanos y presos políticos. En ese escenario, el proyecto
geopolítico de explotación, despojo y saqueo de recursos
naturales, biodiversidad y saberes ancestrales operará a corto plazo
como rampa de lanzamiento del Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), añejo plan hegemónico estadunidense ahora previsto
para 2005.
El PPP tiene como objetivo construir una zona de servicios
e infraestructura en toda Mesoamérica en beneficio de las trasnacionales
y grupos oligárquicos locales que, una vez más, serán
subsidiados con recursos de los contribuyentes. El Puebla-Panamá
es la cara pública de una serie de proyectos regionales -estratégico-militares
encubiertos algunos-, que engloba a la reserva de la biosfera de Montes
Azules y al Corredor Biológico Mesoamericano y prevé la puesta
en marcha de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, lo que ha llevado
a la militarización de los Chimalapas. Por vía paralela pero
complementaria, la Casa Blanca y la llamada comunidad de inteligencia de
Estados Unidos vienen instrumentando un vasto proyecto de contención
migratoria en el área de aplicación del PPP. El plan, que
afectará a millones de excluidos del sistema, se está desarrollando
mediante un programa de sellamiento de fronteras que, a la manera de un
cerco sanitario militarizado, abarca Marqués de Comillas-Chajul/Ixcán-municipio
autónomo zapatista de Tierra y Libertad.
En función de los fines geoestratégicos
de Washington, en la competencia interimperialista mundial es indudable
el valor militar del macizo montañoso transfronterizo de la selva
Maya, que abarca a la selva Lacandona y la región de las Cañadas
en Chiapas, y los bosques de Totonicapán y la región del
Petén, en Guatemala. En particular, la gran cuenca del Usumacinta,
situada a mitad de camino entre las cuencas del río Bravo/Texas
y del Amazonas (cuyo control es uno de los objetivos prioritarios del Plan
Colombia). Como señala un análisis del Colectivo Madera de
la Región Selva, el macizo Maya tiene un valor militar geoestratégico
similar al que, para Israel, representan las alturas del Golán (Siria),
la serranía de Nablus y otras regiones montañosas de Samaria
y Judea en la Cisjordania palestina bajo ocupación castrense.
En la parte mexicana, el control militar de la selva Maya
pasa hoy por el desplazamiento o la reubicación forzosa de las comunidades
indígenas autonómicas ubicadas en Montes Azules. Fue allí
donde se gestó el movimiento zapatista y se resguarda hoy la comandancia
militar del EZLN. Ante el próximo fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación sobre las controversias en materia indígena,
no parece casual la reactivación del tema Chiapas desde las instancias
oficiales. La irrupción de una serie de hechos sin conexiones aparentes,
entre los cuales figuran la intensificación de los patrullajes y
el hostigamiento castrenses contra bases zapatistas; señales de
apresto de los grupos paramilitares; actos de propaganda oficial sobre
reubicación de refugiados internos; asesinatos y disputas por tierras,
así como filtraciones periodísticas que pretenden reubicar,
de manera virtual o mediática, al subcomandante Marcos en
el escenario chiapaneco, podrían ser indicios de que la administración
Fox está gestando una gran provocación contra el zapatismo,
similar a la traición zedillista del 9 de febrero de 1995.
Las excusas para una operación punitiva de tipo
quirúrgico no son novedosas. La semana pasada, un diario "alertó"
sobre los "temores" de la agencia antidrogas estadunidense DEA ante una
posible ofensiva del "narcoterrorismo" en México, con su infaltable
"nexo colombiano". Otro señuelo propagandístico, el más
socorrido en los últimos dos años, es el de los conservacionistas
(sin gente) de matriz trasnacional. En particular, ONG ligadas a la fundación
estadunidense Conservation International y al Grupo Pulsar de Alfonso Romo
-el "amigo de Fox" dueño de la compañía Savia/Seminis-,
que cuentan con apoyo del BID y de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Esos grupos han logrado el total alineamiento
del titular de Semarnat, Víctor Lichtinger, y vienen promoviendo
el desalojo forzoso de poblados "invasores" y "depredadores" de la selva
para dejar el campo libre a los poderosos tiburones económico-financieros.
La defensa ambientalista como coartada contrainsurgente al servicio de
un proyecto de bantustanización del sureste mexicano.