El PNV anuncia que votará contra la decisión de declarar ilegal a la coalición

Ordena la fiscalía española investigar a los participantes en la marcha en favor de Batasuna

Su comportamiento, posible delito de colaboración o apología del terrorismo, afirma

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 12 de agosto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ordenó hoy la apertura de "diligencias informativas" contra los participantes de la manifestación realizada ayer en San Sebastián y convocada por la coalición nacionalista vasca Batasuna.

El órgano judicial considera que en dicha concentración, que protestó contra la proscripción de la formación política, considerada el brazo político de ETA, se podría haber incurrido en un delito de colaboración o apología del terrorismo.

El magistrado conservador Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pidió a la policía autonómica vasca, Ertzaintza, que investigue de forma "individualizada" el comportamiento y las declaraciones de los asistentes a la manifestación, ya que a su juicio algunos podrían haber cometido una violación al artículo 578 del Código Penal, que se refiere a la justificación del terrorismo.

Los supuestos hechos delictivos que investiga la justicia se refieren sobre todo al cierre de la protesta, cuando el dirigente de Batasuna, Joseba Alvarez, advirtió al Ejecutivo español presidido por José María Aznar que "si quiere diálogo y acuerdo, la izquierda abertzale le responderá con diálogo y acuerdo. Pero si quiere guerra, le responderán con guerra". También auguró un "otoño negro". Asimismo se investigarán supuestas proclamas en favor de la organización armada ETA y amenazas a los agentes de la policía vasca por parte de algunos de los simpatizantes de Batasuna, que según algunas crónicas periodísticas gritaron al paso de los gendarmes: "escucha: pim, pam, pum".

Esta nueva apertura de diligencias contra Batasuna y su entorno se suma a las puesta en marcha de la maquinaria jurídica española para iniciar los trámites para su disolución, una vez que el gobierno español, con el apoyo de la oposición socialista, ha fijado para el próximo 26 de agosto un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo a presentar ante el Tribunal Supremo las supuestas pruebas contra la proscripción de la formación nacionalista.

Dichas pruebas consisten sobre todo en los pronunciamientos vertidos por los dirigentes de la formación a raíz del último atentado de ETA en Santa Pola, en el que murieron dos personas, entre ellos una niña.

Batasuna, que representa 10 por ciento del electorado vasco, ha visto cómo en meses recientes se ha estrechado el cerco jurídico y político para su disolución, con la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos y el embargo de sus bienes.

Sin embargo, la proscripción de Batasuna no cuenta con el respaldo de la mayoría de las formaciones políticas con representación en Euskadi y del propio gobierno del País Vasco, que consideran que la medida provocará un recrudecimiento del conflicto. Hoy mismo, el vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Parlamento, Iñaki Anasagasti, adelantó que su formación votará contra la decisión de delarar ilegal a Batasuna.

Por lo pronto, el gobernante Partido Popular inició este lunes contactos con los partidos políticos para conseguir consenso, en vistas del pleno del día 26. Según el vocero del gobierno español, Mariano Rajoy, la decisión judicial sobre la eventual proscripción de Batasuna podría producirse "antes de fin de año".

Por otro lado, especialistas en explosivos localizaron este lunes, tres días después de que ETA diera el aviso, un artefacto explosivo cargado con cinco kilos de dinamita en las playas de Santa Pola. A pesar de las sospechas de los artificieros, las autoridades habían abierto hoy las playas con normalidad, pero el hallazgo obligó al segundo desalojo en tres días.