Después de varios días de una campaña de desprestigio contra la película El crimen del padre Amaro (a estrenarse el 16 de agosto), el comité nacional Pro Vida, grupo de choque oficioso de la jerarquía eclesiástica, presentó ayer una demanda penal contra los titulares de Gobernación, Santiago Creel, y del CNCA, Sara Bermúdez, así como contra otros funcionarios por haber permitido el rodaje de la cinta y por no haberla censurado. Así culmina la campaña clerical orientada a boicotear esta producción cinematográfica y que logró, en todo caso, postergar su estreno para que no coincidiera con la estancia en México de Juan Pablo II.

En el marco de esa campaña han alzado sus voces tanto dignatarios eclesiásticos como líderes panistas -Diego Fernández de Cevallos y Carlos Medina Plascencia, entre los más ruidosos- para arrojar sobre la película de marras una montaña de calificativos que van desde "sacrílega", "injuriosa" y "blasfema" hasta "porquería".

Tales argumentos son, en general, falaces, y algunos de quienes los esgrimen -como Jorge Serrano Limón, dirigente de Pro Vida- confiesan que ni siquiera han visto la cinta. El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, afirmó incluso que la película vincula al Papa con el narcotráfico; la acusación de blasfemia es insostenible incluso desde una visión teológica, toda vez que la cinta no hace referencia a ninguna de las advocaciones de la divinidad según la entienden los católicos, sino que se centra en presentar algunos de los dramas humanos en que se ven involucrados algunos integrantes del clero: pasiones amorosas y carnales, así como asuntos de narcotráfico y guerrilla. Es decir, se trata de una historia verosímil, con situaciones que se presentan todos los días, le guste o no al clero católico, en todos los países donde su Iglesia está presente.

Ni siquiera podría afirmarse que se trate de una narración novedosa, pues está basada en la novela del mismo nombre publicada por el escritor lusitano Eça de Queiroz hace 127 años. La película es simplemente una adaptación a la realidad mexicana contemporánea, hecha por el dramaturgo Vicente Leñero.

Descartados, pues, los argumentos contra la exhibición de la cinta, la campaña en su contra sólo puede entenderse de dos maneras: por una parte, como manifestación de la ofensiva clerical y conservadora que pretende eliminar la pluralidad, la tolerancia y las libertades individuales y potestades de expresión y pensamiento que la misma sociedad ha conquistado en lo individual y colectivo; y por la otra, como una zancadilla política al presidente Vicente Fox y al secretario Santiago Creel por parte de los estamentos más cavernarios de su propio partido, en momentos en que el actual gobierno parece empeñado en abrir más frentes de conflicto de los que puede manejar.

Lo cierto es que en la conformación contemporánea de la ciudadanía nacional, los jerarcas eclesiásticos y sus grupos de choque, así como los políticos cavernarios, han errado la estrategia porque a fin de cuentas el efecto paradójico de la histeria censora e intolerante será, muy probablemente, un éxito de taquilla que en otras circunstancias El crimen del padre Amaro acaso no habría podido lograr.