Casellas Fitzmaurice no justificó compra de 5 mil bicicletas; se adeudan $6 millones a intermediarios
Diputado priísta, en la mira de la PGJE yucateca por presunto desvío de fondos
La Procuraduría amenaza dictarle arresto; campaña de Patrón Laviada en mi contra, dice el legislador
LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL
Merida, Yuc., 13 de agosto. La distribución de miles de bicicletas, uno de los principales programas asistenciales del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco, propició que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) colocara en calidad de indiciado al diputado local priísta Rafael Casellas Fitzmaurice, quien al fungir como secretario de Hacienda y Planeación en el sexenio anterior operó la adquisición de los vehículos, por los que se erogaron decenas de millones de pesos.
Hace dos semanas Casellas Fitzmaurice, uno de los principales colaboradores de Cervera Pacheco -secretario de la Reforma Agraria en la administración federal de Carlos Salinas de Gortari-, se ha enfrentado con la PGJE y su titular, Miguel Angel Díaz Herrera, quien señaló al legislador como presunto responsable de un desvío de recursos federales en la compra de bicicletas de fabricación extranjera. Además se le imputa favorecer al Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas de Yucatán (Icemarey), a cuya ex titular Miriam Fáller Campos requerirán las autoridades judiciales, en caso de comprobarse su participación en manejos irregulares del erario.
La situación de Casellas Fitzmaurice no es sencilla. El procurador amenazó con encarcelarlo 36 horas como parte de una sanción administrativa, y el diputado amenazó con interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, con el argumento de que se violarían sus garantías individuales.
A su vez, el contralor Jorge Ceballos Ancona demandó al legislador ante la PGJE, no sólo por el manejo irregular de 300 millones de pesos en el Icemarey, sino en relación con 5 mil bicicletas que desde fines del año pasado se resguardan en una bodega de Miami, Florida, lo que ha generado una deuda de 6 millones de pesos más intereses acumulados.
Según la demanda que presentó Ceballos Ancona, al entregar cuentas a la administración entrante del panista Patricio Patrón Laviada, el entonces secretario de Hacienda y Planeación debió informar sobre el estado financiero en los rubros de asistencia social, en especial por la adquisición masiva de bicicletas, lavadoras, máquinas de coser, bombas de agua y demás artículos que Cervera Pacheco distribuyó en áreas rurales marginadas.
El Congreso local informó que de 1997 a 2000, el gobierno de Cervera Pacheco erogó 300 millones de pesos para repartir 57 mil 700 máquinas de coser, 92 mil bicicletas y 32 mil 140 lavadoras, así como para apoyar la construcción de 97 mil 500 pisos de cemento, entre otros beneficios para los que la administración cerverista habría podido obtener cotizaciones más bajas de las que aceptó a sus proveedores.
Sólo en el programa de bicicletas se invirtieron más de 80 millones de pesos, de los cuales no se han justificado plenamente 6 millones usados al final del sexenio de Cervera Pacheco. Casellas Fitzmaurice, según la demanda expuesta ante la PGJE, nunca reportó que 5 mil bicicletas se quedaron embodegadas en Estados Unidos, por las cuales se emitió una factura que tiempo después pasaron los intermediarios comerciales al Poder Ejecutivo que Patricio Patrón preside desde el primero de agosto de 2001.
Al momento, empresarios de Miami que importaban las bicicletas de Taiwán insisten en que el gobierno estatal salde los casi 6 millones de pesos para que los vehículos puedan ingresar a Yucatán, pero el contralor Ceballos Ancona exige al legislador que informe dónde quedó esa cantidad.
En respuesta, el priísta ha reiterado que entregó cuentas claras a la nueva administración gubernamental y que las bicicletas en Miami sí fueron pagadas en su momento. Añadió que tampoco robó el dinero destinado a saldar los 5 mil vehículos.
La polémica ha motivado dimes y diretes entre Casellas Fitzmaurice y el procurador. Incluso esta martes, durante la sesión del Congreso estatal, el legislador reiteró que el gobierno de Patrón Laviada ejerce "represión" en su contra. A su vez, Díaz Herrera anunció en el palacio de gobierno que analiza si es jurídicamente posible detener "temporalmente" al indiciado, sin importar que tenga fuero constitucional. "La denuncia por el caso de las bicicletas es clara, hay dinero que no aparece", afirmó el funcionario.
