"Revelador", el silencio de Echeverría sobre los hechos de 1968 y 1971, considera Carrillo Prieto

Las indagatorias no se detendrán cuando los indiciados se acojan al derecho de no declarar, dice

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La negativa del ex presidente Luis Echeverría Alvarez a declarar en torno a lo sucedido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 es un silencio que "entorpece" las investigaciones, pero que también es "revelador", afirmó el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto.

Al rendir su segundo informe de labores, el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado aseguró que las indagatorias no se detendrán porque los indiciados se acojan al derecho que tienen a no declarar ante el Ministerio Público, y reveló que solicitó a la embajada de Estados Unidos en México "la información obtenida por ella de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco".

En el informe destaca la solicitud que se hizo al Archivo General de la Nación (AGN) para que "sean retirados de los acervos documentales a los que tiene acceso el público" los documentos que sirvieron de base a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para documentar la desaparición de más de 500 personas en la llamada guerra sucia, con la finalidad, explica el informe, de que no "se alteren, destruyan o desaparezcan" las pruebas, y "se preserve el sigilo de las ingadatorias".

Carrillo Prieto, quien no leyó el documento de 104 cuartillas, sino que lo entregó de manera directa a los integrantes del comité ciudadano de apoyo a la fiscalía, dijo en breve entrevista que se respetará la ley en las investigaciones y el derecho de los indiciados a no declarar, porque es un ordenamiento constitucional.

"Vamos a respetar la Constitución siempre, porque hasta los sentenciados, e incluso los que estuvieran en capilla esperando la pena de muerte, tienen derechos", dijo.

Agregó que en el caso de Luis Echeverría y todos aquellos ex funcionarios públicos que pudieran tener alguna responsabilidad en los sucesos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 o en la llamada guerra sucia, tienen el beneficio para no declarar mientras dure la integración de la averiguación previa.

Aunque, refirió, Luis Echeverría deberá presentarse a ratificar el contenido de los documentos, con los cuales informa a la fiscalía que no rendirá ninguna declaración ministerial.

En el caso del ex presidente, puntualizó, "hay que actuar con mucha seriedad, pero naturalmente los silencios son reveladores. En la averiguación previa lo que hay que hacer es investigar la realidad histórica de los hechos, en consecuencia, dice algo el silencio. Bien o mal dice más que las palabras".

Agregó: "Hay preguntas muy puntuales que es necesario responder; sin embargo, están en curso las averiguaciones previas sobre 1968 y 1971, y no se interrumpen, hay documentos, hay otros medios para ir obteniendo esa verdad histórica, aunque no puedo adelantar el resultado".

Resultados a 200 días

En el informe, Carrillo Prieto destaca que se han iniciado 21 indagatorias distintas a las que ya existían en la Procuraduría General de la República (PGR), antes de su toma de posesión y a las presentadas por la CNDH.

Según el documento, de 21 averiguaciones previas, 10 están relacionadas con acontecimientos de la llamada guerra sucia, mientras que el resto corresponde a los sucesos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Por lo que respecta al desahogo de las averiguaciones previas, se han realizado 84 comparecencias de testigos, denunciantes e incluso algunos indiciados. Dentro de este rubro se menciona la recepción de 77 ampliaciones de denuncia.

Carrillo Prieto refiere también que ya se trabaja en la elaboración del Registro Nacional de Indigentes, el cual servirá para conocer si alguna persona en esa situación está relacionada con desaparecidos de la guerra sucia.

Informó que peritos de la fiscalía han tomado 112 muestras de sangre para integrar el banco forense que servirá para compararlo, si se llegan a encontrar, osamentas de cementerios clandestinos.

Respecto de 1968, la fiscalía informó que del análisis del proceso penal 272/68 instruido en contra de dirigentes estudiantiles, "se desprende, entre otras cosas, la mención de 26 certificados de autopsias practicadas a los cadáveres de dos soldados y de civiles", como consecuencia de la matanza registrada en la Plaza de las Tres Culturas.

La Oficialía Mayor de la PGR recibió instrucciones de buscar en su archivo histórico los expedientes relativos a las averiguaciones previas que se hayan iniciado en contra de servidores públicos y civiles consignados por los hechos del 2 de octubre.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó a la fiscalía tres discos compactos que contienen 5 mil 550 fojas y 250 fotografías de los expedientes iniciados en esa institución por los hechos de Tlatelolco.

Falta de recursos

Durante el acto, el ex líder estudiantil e integrante del comité ciudadano que apoya las labores de la fiscalía Salvador Martínez della Roca afirmó que ni ésta, ni el comité cuentan con los recursos suficientes para trabajar "en condiciones dignas", y exigió a los representantes del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y del secretario de Gobernación, Santiago Creel, que "los recursos se hagan llegar, porque no se tiene capacidad suficiente para hacer las investigaciones necesarias, ni en el Archivo General de la Nación ni en diversas comunidades del país, donde se dieron los acontecimientos de la guerra sucia".

Comentó: "No hay recursos suficientes, no se ha podido ir a Michoacán, a las comunidades donde se reprimió particularmente a presuntos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). Hay compañeros, investigadores de la UNAM, que estuvieron de acuerdo en participar en los trabajos del Archivo General de la Nación, pero que han renunciado porque no se les ha pagado. No se tiene la infraestructura, y el número de agentes del Ministerio Público es limitado".

Por su parte, Mario Ramírez Salas, integrante del comité ciudadano, dijo que "la falta de recursos es real, hay carencias de agentes del Ministerio Público, no llegan a 15 para toda la fiscalía, pero se han hecho muchas gestiones para corregir esas deficiencias".

Al respecto, Carrillo Prieto señaló que "el procurador Macedo de la Concha ha hecho ingentes esfuerzos para dotar de recursos a la fiscalía, pero este es un asunto que tiene muchas aristas, muchos problemas; sin embargo, existe el propósito del procurador Macedo de apoyar nuestra tarea".