Pedirá la fiscalía venezolana revisar fallo del TSJ que absolvió a cuatro jefes militares golpistas

Demandará, además, la detención de cuatro civiles vinculados con el golpe del 12 de abril

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 15 de agosto. La Fiscalía General de Venezuela anunció hoy que pidió la detención de cuatro civiles en relación con el fugaz golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y adelantó que pedirá la revisión constitucional del polémico fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ab-solvió a cuatro jefes militares golpistas.

Mientras, la oposición saludó la polémica decisión del tribunal como vía para que esa instancia juzgue al mandatario por crímenes de lesa humanidad y eventualmente lo destituya, a la vez que el TSJ anunció que solicitó al Congreso que informe sobre el convenio petrolero con Cuba, en el contexto de una investigación pedida por la oposición.

El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, se inhibió de participar en la actuación judicial contra Chávez, debido a que es uno de los imputados en la querella impulsada por la oposición ante el TSJ.

En cambio, anunció que "voy a intentar la revisión constitucional" de la sentencia emitida ayer, "en base al artículo 336 de la Constitución, que le confiere competencia a la sala constitucional para fallar sobre leyes y sobre sentencias de los tribunales".

Remarcó que erróneamente la sentencia falló sobre el "fondo" y no "la forma, y esto debía hacerse en un juicio y no en la discusión sobre si debía abrirse un proceso judicial a los oficiales, que era lo que debía dictaminar el TSJ".

Además, señaló que el fallo deja la "puerta abierta para nuevas acusaciones", porque descartó el delito de "rebelión militar" pero, dijo, los oficiales cometieron muchos más, que no enumeró. Explicó que en su momento no emitió otras acusaciones porque "el delito de rebelión era el más contundente".

Además, Rodríguez, cercano a Chávez, dijo que pidió detener a civiles que participaron en el golpe del 12 de abril pues "estos ciudadanos se encuentran señalados como partícipes, junto con otras personas, de ac-tuar como sujetos activos de la perpetración del delito de rebelión civil".

Entre los imputados está Isaac Pérez Re-cao, acusado de financiar el golpe; pero el abogado del empresario dijo que la orden de detención contra su cliente ha sido revocada por un tribunal por falta de pruebas.

Pérez Recao y otro acusado abandonaron el país cuando Chávez fue reinstaurado por tropas leales y una movilización popular 48 horas después de ser derrocado.

Planes para nueva Constituyente

En el centro de Caracas, donde el miércoles los actos en rechazo del fallo dejaron tres heridos de bala, continuaron hoy las protestas chavistas, al tiempo que en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo mantiene una endeble mayoría, diputados oficialistas anunciaron que pedirán la convocatoria de una nueva Constituyente para remover al TSJ, e incluso tipificar en su articulado el delito de golpe de Estado.

En el Parlamento, además, se debate un informe sobre lo sucedido el 11 de abril, pero la oposición insiste en que lo importante no es si hubo o no golpe de Estado entonces, sino la presunta responsabilidad de Chávez en las muertes que dejó un confuso tiroteo durante una marcha opositora.

El diario caraqueño opositor El Universal dedicó sus dos principales titulares de este jueves a la cuestión: "TSJ apunta a Chávez", y "TSJ allanó camino para enjuiciar al presidente" por esas muertes.

El gobierno llamó la víspera a respetar el fallo absolutorio, pero al mismo tiempo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo en tono irónico que abre la puerta para que él y otros jefes que reinstalaron en el poder a Chávez el 14 de abril puedan ser "juzgados por haber dado un golpe a (el presidente de facto Pedro) Carmona".

El general Raúl Isaías Baduel, clave en el retorno de Chávez a la presidencia, recordó por su lado que los militares absueltos por el TSJ habían confesado públicamente que planificaron la acción contra el mandatario, preparando sitios para recluirlo.

En cambio, el vicealmirante Héctor Ra-mírez, uno de los absueltos, dijo que ahora el siguiente paso es que Chávez termine "con la persecución" en la fuerza armada.

El socialdemócrata Antonio Ledezma, enemigo de Chávez, dijo que comienza la etapa de juicios contra el mandatario.

Entre las demandas figura la de crimen de lesa humanidad por las 18 muertes del 11 de abril, acusaciones de que el ex militar recibió un millón 800 mil dólares del banco español Santander Central Hispano para la campaña electoral de 1998, así como de dañar los intereses del país al incluir a Cuba en los acuerdos de suministro de petróleo que existen con los países del Caribe.

Sobre este último punto, el TSJ informó que dio un plazo de 15 días al presidente del Congreso, el oficialista William Lara, para que informe si el convenio con Cuba obtuvo la aprobación de ese cuerpo legislativo, como lo establecen las normas legales.

El suministro petrolero a Cuba fue suspendido por el efímero gobierno de facto, al alegar que La Habana se retrasó en el pago de unos 140 millones de dólares.

En Washington, entre tanto, el Departamento de Estado destacó hoy que "es importante en la democracia venezolana que haya una justicia independiente que pueda tomar decisiones por sí misma, sin influencia indebida de otras partes de la sociedad".