La última vez que la Corte tuvo injerencia en un asunto político electoral fue en 1872, durante el gobierno del presidente Juárez, según el estudio Evolución de la justicia electoral en México, del magistrado Fernando Ogesto Martínez Porcayo. En esa época, por la vía del juicio de amparo, la Corte revisó la legalidad de la expropiación de unas haciendas que hizo el gobernador de Morelos, y terminó declarando que el gobernador Leyva era "ilegítimo de origen" en el cargo y por tanto incompetente para realizar dicha expropiación. La Corte no revisó el caso desde una visión agraria, sino político-electoral, al determinar que la reforma constitucional mediante la cual dicho gobernador habría logrado permanecer en el puesto era ilegal. Los especialistas conocen este caso como el Amparo de Morelos.