A la ola de clausuras deben sumarse robos y asaltos, advierte la Canacope

Por terrorismo fiscal, pierden 2 millones de pesos en tres días pequeños y medianos comerciantes

Exigen oportunidad de defenderse conforme a la ley ante presuntos funcionarios del SAT

MIRIAM POSADA GARCIA

La campaña de terrorismo fiscal desatada por la Secretaría de Hacienda en contra de los micro, pequeños y medianos comerciantes del país en las últimas semanas ha arrojado pérdidas superiores a los 2 millones de pesos por ventas no realizadas durante tres días de penalización, mientras el comercio informal continúa operando de manera ilegal, denunciaron representantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), al tiempo de exigir que el gobierno federal cese la aplicación de medidas que entorpecen, en lugar de promover el desarrollo, al comercio legalmente establecido.

Los representantes estatales de la Canacope se manifestaron en contra de que las autoridades hacendarias pretendan captar mayores ingresos a través de sanciones aplicadas a comerciantes a los que no les da la oportunidad de defenderse conforme marca la ley, en lugar de tomar medidas entre miles de comerciantes informales con los que podría ampliarse de manera importante la base tributaria.

No obstante, precisaron los comerciantes encabezados por el vicepresidente de comercio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Rafael Escudero, el sistema tributario se empeña en captar más recursos sólo de los contribuyentes cautivos.

La ola de clausuras desatada en las últimas semanas contra los micro, medianos y pequeños comerciantes ha derivado en pérdidas superiores a 2 millones de pesos sólo en la capital de país, cifra a la que deben sumarse mil 600 millones de pesos más por pérdidas ocasionadas por robos y asaltos.

Los miembros de la Canacope exigieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajar en una reforma fiscal integral, para que se les trate como verdaderos pequeños comerciantes y no se les obligue a extender facturas por compras menores "porque la inversión que se hace en ese tipo de documentos representa descapitalización para los más pequeños''.

Destacaron los comerciantes que ''están inquietos ante la incertidumbre política que se vive por la falta de liderazgo que permita el crecimiento de los comercios del país, así como el establecimiento de bases para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas''.

Identificaron factores que ponen en riesgo la permanencia de los pequeños comercios, tales como la falta de una adecuada reglamentación de la Lotería Fiscal, la agresión contra las garantías individuales ante la oleada de clausuras sin que los ''presuntos funcionarios'' del Sistema de Administración Tributaria y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en algunas entidades les otorguen oportunidad de defenderse como lo marca ley, además de la persistencia de la inseguridad y de los vendedores ambulantes.

A esto se suman las pérdidas por mil 600 millones de pesos en promedio al año por robos y asaltos, por lo que urgieron a las autoridades a combatir la inseguridad, así como a establecer reglas claras sobre esta lotería y respetar la disposición inicial de que sólo expedirían comprobantes aquellos que reportaran ventas anuales superiores al millón y medio de pesos, y por montos superiores a los 50 pesos, a fin de no descapitalizar más a los comerciantes.

Asimismo, exigieron que el SAT y demás organismos que participan en la campaña de ''terrorismo fiscal'' sean sustituidos por empleados con ética y que respeten la ley en la que se establece que cualquier ciudadano tiene 45 días para defenderse de las acusaciones que se le imputen, ''en vez de clausurar sin dar oportunidad a explicar la situación del comercio, cerrar por tres días o imponer multas superiores a los 6 mil pesos''.

Advirtieron que los encargados de las revisiones han cometido excesos como el sucedido en Mérida, donde dejaron encerrado durante tres días a un anciano de 81 años que vende pan en su propio domicilio, entre otros casos.

Los pequeños, medianos y microempresarios del país se manifestaron en contra de que un delincuente tenga más garantías ante la ley que quienes generan empleo, y que representan 80 por ciento de la economía del país, porque aquellos pueden quedar libres en cuestión de horas mientras a los otros se les imponen multas millonarias y se les impide trabajar.