José Luis Manzo y Víctor Rodríguez consideran innecesaria la participación privada

Critican académicos proyecto de inversión eléctrica

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El gobierno de Vicente Fox no tiene ninguna razón técnica o financiera para pretender abrir el sector eléctrico al capital privado; de llevarse a cabo la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo, "sería el colmo pretender completar a las corporaciones trasnacionales con recursos provenientes de las pensiones de los trabajadores mexicanos", afirmó José Luis Manzo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) especializado en temas energéticos.

Otro académico, Víctor Rodríguez Padilla, planteó que la modernización del sistema eléctrico nacional puede hacerse "sin colocarse de rodillas frente a las empresas extranjeras y sin poner a su disposición los ahorros que los trabajadores tienen para su vejez".

Apenas el pasado domingo, el subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero Reynoso, planteó que la reforma del sector eléctrico propuesta por el gobierno federal prevé la utilización de los recursos acumulados en las Afore como una forma complementaria de financiar las obras necesarias para atender el crecimiento de la demanda.

Sin embargo, José Luis Manzo consideró que con alrededor de 25 millones de usuarios en todo el país el negocio eléctrico es suficientemente rentable para que, operado y garantizado por el Estado, las dos empresas públicas del sector puedan tener acceso a los fondos de pensiones mediante la emisión de bonos y hasta acciones preferentes controladas por mexicanos.

Desde el punto de vista de Rodríguez Padilla, la propuesta gubernamental pretende "modernizar" la Constitución "poniendo delante el interés particular sobre el interés colectivo". No es necesaria la participación privada, agregó, sino "regresarle a la Comisión Federal de Electricidad los recursos que genera, ya lo decía el secretario (de Energía, Ernesto) Martens: basta de seguir ordeñando a la CFE como vaca lechera". Se preguntó: "Ƒpara qué cambiar la Constitución, si los inversionistas privados ya están construyendo las plantas (de generación)?"

Los especialistas no rechazaron el planteamiento de utilizar los recursos de los fondos de pensiones para financiar al sector eléctrico, pero coincidieron en que deben utilizarse de manera directa, en la propia CFE, o indirectamente por medio de la emisión de bonos gubernamentales para ser usados en el sector.

Las propias cifras oficiales respaldan lo dicho por los investigadores. En los hechos, el gobierno no requiere de la iniciativa privada para obtener recursos que financien el desarrollo de la industria eléctrica. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los fondos de pensiones bajo ese régimen cuentan con más de 561 mil millones de pesos, que representan más de 11 veces los 50 mil millones de pesos anuales que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) calcula como necesarios para atender el crecimiento de la demanda.

Los fondos de pensiones ya son utilizados por el gobierno federal para financiarse. Hasta el pasado 8 de agosto, 49.5 por ciento de las emisiones de valores gubernamentales de este año, que sumaron más de 88 mil millones de pesos, fueron adquiridas con dinero depositado en las administradoras de fondos para el retiro (Afore). Eso quiere decir que se utilizaron 43 mil 800 millones de pesos para financiar al sector público.

Los fondos de pensiones se han constituido, además, como el segundo pilar del sistema financiero mexicano, al manejar una cantidad equivalente a 84.3 por ciento del saldo total de la captación bancaria. De acuerdo con las últimas cifras del Banco de México sobre la captación bancaria, hasta junio de este año se registró un saldo de 665 mil 500 millones de pesos. En tanto, la Consar informó que en mayo pasado los recursos del SAR ascendían a 561 mil millones de pesos.

De esta última cifra el gobierno ha utilizado 231 mil 169 millones de pesos, lo que representó 27.6 por ciento del total del endeudamiento interno del sector público.