Ayer, durante la inauguración de la Universidad del Caribe, en Cancún, Quintana Roo, y a poco menos de dos semanas del segundo informe de gobierno, el presidente Vicente Fox estimó que ha concluido la primera etapa de su administración y que ahora el país vive "con paz social, con estabilidad política y económica". Sobre los desafíos de los cuatro años que restan de su mandato, Fox habló de la necesidad de retomar la malograda reforma fiscal, de "reducir los elevados niveles de delincuencia y de crimen organizado", así como de la generación de "más y más espacios universitarios".

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) emitía un comunicado en el que se destaca el incremento del desempleo abierto respecto del mismo periodo del año anterior: 2.94 por ciento de la población económicamente activa (PEA), en julio del presente año, frente a 2.44 por ciento en el mismo periodo de 2001. Las cifras del INEGI muestran que el desempleo afecta en mayor medida a las mujeres (con un incremento de 2.87 a 3.11) que a los hombres (de 2.19 a 2.84) y a los jóvenes: la falta de trabajo, en el grupo de edad de 12 a 19 años es de 6.9 por ciento (8.7 para las mujeres), mientras que entre los ciudadanos de 20 a 24 años es de 4.8 por ciento, en ambos sexos, y de 5.6 por ciento entre las mujeres.

Ante estos datos, el mensaje presidencial parece un tanto triunfalista y falto de atención en un problema explosivo. Si se concede el beneficio de la duda a la apreciación del periodo actual como "paz social con estabilidad política y económica", habría que reconocer, al menos, que semejante estado no puede durar mucho si el sector público no concentra sus esfuerzos en una reactivación económica que detenga el crecimiento del desempleo, en lo inmediato, y que genere, en lo mediato, puestos de trabajo que requieren millones de jóvenes que se incorporan a la vida laboral.

Sin descuidar los objetivos -compatibles, sin duda- de sanear y reformar los aparatos de impartición de justicia y profundizar el combate a la delincuencia y la impunidad, es necesario además poner sobre el tapete la urgencia de superar el estancamiento económico en que se encuentra el país desde el último año del gobierno anterior. De no hacerlo así, las actuales autoridades habrán de enfrentar problemas crecientes de gobernabilidad y también, a fin de cuentas, de repunte de la criminalidad.

No sería justo ignorar los persistentes factores internacionales que lastran el desarrollo de la economía nacional, empezando por la incapacidad del gobierno estadunidense para sacar a su país -la economía más poderosa del mundo y el más importante socio comercial de México- de la recesión en que se encuentra. Entre esos factores también están los efectos nocivos del agujero negro por el que se ha deslizado Argentina y que ha desestabilizado a Uruguay y Brasil.

Pero, sin dejar de lado el actual contexto de globalización y de internacionalización creciente de los flujos comerciales, financieros y monetarios, la más acuciante tarea de México debiera ser la reactivación del mercado interno, de la producción y del empleo. Sólo de esa manera será posible iniciar el tan postergado combate a la pobreza y a la desigualdad lacerante, disponer de un entorno estable en lo político y económico y ofrecer, en consecuencia, seguridad real a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual pareciera ser la preocupación central de los últimos tres sexenios, incluyendo el presente.