Bravo Mena: ya nada debe detener la modernización
Negocian PAN y PRI términos del proyecto
eléctrico oficial
Madrazo dio la señal de que aprobarán:
Rodríguez Prats
ENRIQUE MENDEZ
La directiva nacional del PAN expresó su convicción
de que el PRI no se opondrá a una reforma a los artículos
27 y 28 constitucionales, pues además de la "señal" que ofreció
el presidente priísta, Roberto Madrazo Pintado, de que su partido
analizará la iniciativa del Ejecutivo, Luis Felipe Bravo Mena informó
que con el tricolor los panistas negocian "los términos"
del proyecto.
"A partir de la presentación de la iniciativa del
presidente Vicente Fox, nada debe detener la modernización, actualización
y restructuración del sistema de energía eléctrica.
No la debe detener ya nada más", sostuvo Bravo Mena, líder
del PAN.
Ayer el blanquiazul convocó a una conferencia
de prensa en la que participaron los presidentes de las comisiones de Energía
en las cámaras de Senadores y Diputados, Juan José Rodríguez
Prats y Juan Camilo Muriño Terrazas, quienes afirmaron que el proyecto
presidencial presenta más coincidencias que diferencias con los
presentados por PRI y PRD.
Según Muriño Terrazas, "todos los partidos
y el Presidente coinciden en la no privatización del sector eléctrico
nacional", aunque más adelante señaló la "necesidad
urgente" de que se modifique la Constitución, pues como están
redactados los artículos 27 y 28 constituyen "un problema" e impiden
"el desarrollo del sector como a todos nos gustaría".
Dijo que si bien se busca que todos los activos de las
compañías nacionales de electricidad, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), se mantengan
como parte del Estado, también enfrentan un "problema estructural
de fondo", pues requieren importantes recursos para realizar inversiones
que sólo pueden ser aportados por la iniciativa privada, y por eso
son necesarios los cambios constitucionales.
Afirmó que el Poder Legislativo está obligado
a realizar los ajustes constitucionales que le den a los inversionistas
"certidumbre jurídica". Para eso, reiteró, es necesario "ir
a la raíz del problema", esto es, los artículos 27 y 28.
Sobre ese punto, Rodríguez Prats comentó
que una reforma constitucional le daría certidumbre a los inversionistas,
"para que cada sujeto que participe en esta actividad económica
sepa a qué atenerse", y definir que "lo exclusivo y lo que quedará
en manos del Estado es la prestación del servicio público".
Para él, lo único que haría el Congreso
sería "constitucionalizar" la participación que los empresarios
tienen en el sector eléctrico desde 1992 -a partir de la reforma
que impulsó el ex presidente Carlos Salinas-, así como quitar
al Estado la carga financiera que implica el subsidio a las tarifas y el
financiamiento, vía Pidiregas, de los proyectos de infraestructura.
Consideró que todos los grupos legislativos deberían
analizar "sin prejuicios ni dogmas" que la iniciativa presidencial pretende
"clarificar" los términos en que están redactados los artículos
27 y 28.
Por su parte, Bravo Mena planteó que el debate
sobre la reforma eléctrica "no debe estar sujeto ni al jaloneo sectario
ni a la especulación electorera", y llamó a que, en cambio,
se analice el documento "con un sentido patriótico real".
-¿Qué negocian con el PRI para que acepte
la reforma, pues en su Consejo Político Nacional se determinó
rechazar una reforma constitucional?
-Saludamos, por supuesto, esa manifestación de
apertura para discutir un tema de alto interés nacional y que haya
una expresión en el sentido de que hay disposición de analizarla
y de ir hacia delante.
"¿Negociación? En sus términos, solamente
el propio proyecto. No hay ahí una calidad de introducir temas ajenos
al proyecto y lo que contempla la propuesta del Presidente. No desborda
los términos de la discusión y la negociación del
documento y del proyecto. Ningún otro asunto está a toma
y daca", aseguró el dirigente.
La confianza en el voto priísta en favor del proyecto
oficial, de acuerdo con Rodríguez Prats, parte de que el PRI ya
les dio la "señal" de que aprobaría la reforma presidencial,
como se "evidencia de las declaraciones del dirigente de ese partido",
y consideró que el PRD también "está dispuesto a revisar
el texto mismo de la Constitución".
Bravo Mena también asumió que la iniciativa
foxista fue elaborada en un trabajo conjunto e "intenso" con la dirigencia
y los grupos legislativos, y afirmó que "en el partido hay un consenso
amplio".