Presentó iniciativa de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos para el DF

Más severidad contra delitos de cuello blanco: GDF

Propone evitar que los reincidentes alcancen libertad bajo fianza

ELIA BALTAZAR

El Gobierno del Distrito Federal presentó ayer su propuesta de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales para castigar de manera más severa los delitos de cuello blanco, la reincidencia delictiva y las lesiones por accidente de tránsito causados por conductores en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas cuando pongan en peligro la vida de la víctima o le signifiquen la pérdida de alguna parte o función de su cuerpo.

En ceremonia presidida por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, expuso los pormenores y las razones de las propuestas que hoy serán entregadas a la Asamblea Legislativa.

Si bien para aumentar las sanciones en los delitos de cuello blanco -fraudes, abuso de confianza y equiparables- y lesiones por accidente de tránsito sólo se requerirán cambios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales, para el caso de la reincidencia será necesario solicitar también reformas al artículo 20 constitucional, para impedir que jueces o agentes del Ministerio Público decidan de manera discrecional si conceden libertad caucional o provisional a acusados que antes ya hubieran sido condenados por cometer ilícitos del mismo género, aun cuando se trate de delitos no graves.

Esta propuesta, sin embargo, queda en manos del Congreso de la Unión y, posteriormente de las legislaturas estatales, de las cuales dependerá que avance esta iniciativa del Gobierno del Distrito Federal, pues a la fecha no cuenta con facultades para impulsar este tipo de cambios, en tanto no sea aprobada la reforma política que se encuentra en el Senado, explicó la consejera jurídica María Estela Ríos.

La funcionaria aseguró que mucho frenará la conducta delictiva y la salida fácil e inmediata de los reincidentes la propuesta de cambios al artículo 556 del Código de Procedimientos Penales, en el que se propone incluir un párrafo en el que se apunte que "hay riesgo para el ofendido o la sociedad, cuando el inculpado se encuentre también como acusado en otras averiguaciones o procesos".

No obstante, dijo, es necesaria la reforma constitucional para que jueces y magistrados no ejerzan de manera discrecional la facultad de conceder libertad si se trata de una persona que antes ya cometió delito y recibió condenada por éste.

Es decir, dijo la funcionaria, que no decidan ellos solos en qué casos procede o no negar la libertad a los inculpados, de acuerdo con el grado de peligrosidad que presuman, sino que baste la reincidencia para su encarcelamiento, en tanto se desahoga el proceso.

Dijo que las autoridades capitalinas propondrán a los legisladores federales discutir esta propuesta, con el fin de que la hagan suya al momento de presentarla ante el Congreso de la Unión, y confió en obtener resultados positivos, que impactarán no sólo en la ciudad sino en el país, si se aprueba la reforma constitucional propuesta, pues sólo en la ciudad el porcentaje de reincidencia es de 40 por ciento, según informó Marcelo Ebrard.

Por su parte, Bátiz, explicó que las propuestas tienen como objetivo responder a la demanda de los ciudadanos de combatir la impunidad. En ese sentido se dirige también la propuesta de reformas en el caso de los delitos de cuello blanco, que se propone perseguir de oficio y ya no por querella o petición de parte, si el monto del fraude, abuso de confianza o delitos equiparables rebasa los 5 mil salarios mínimos o cuando se comete en perjuicio de dos o más ofendidos.

Esta propuesta tiene como fin, dijo Bátiz, que no logren la impunidad "los delincuentes de altos vuelos, que lastiman severamente la economía de la comunidad y especulan con los ahorros y bienes de muchos". Ya se sabe, agregó, que "obtienen su libertad mediante el perdón que compran muchas veces a costa de la necesidad de las víctimas y con tan sólo una pequeña parte de lo defraudado".

La última de las propuestas de reforma se refiere a las lesiones provocadas en accidentes de tránsito por conductores ebrios o bajo efecto de drogas. Las autoridades capitalinas propusieron aumentar la pena a ocho años de prisión, pues actualmente se condena este ilícito con dos años 8 meses de cárcel.