Ayer, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió las iniciativas de reformas constitucionales --a los artículos 27 y 28-- y legales --a las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y Orgánica del Centro Nacional de Energía-- formuladas por el Ejecutivo federal para abrir el sector eléctrico a la inversión privada.

Puede darse por hecho que la bancada de Acción Nacional votará a favor de este nuevo acto de privatización, y luego de la reunión de los dirigentes príistas Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo con el presidente Fox, hay sobrados motivos para temer que los legisladores priístas se adhieran mayoritariamente a este designio para desmantelar las entidades públicas que generan y distribuyen energía eléctrica. Se concreta, de esa forma, una traición múltiple que debe analizarse en sus diversas facetas.

Por principio de cuentas, la iniciativa referida es una traición a los compromisos de campaña del hoy presidente Vicente Fox, quien, como candidato, se comprometió (en un desplegado del 27 de mayo de 2000, a no reformar la Carta Magna en lo referente al sector eléctrico) mantener la escasa propiedad pública --Pemex y la industria eléctrica-- que dejaron intacta los tres últimos mandatarios priístas: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Aunque diferente en la forma al frustrado intento de este último para privatizar la industria eléctrica, la iniciativa foxista es, en el fondo, una reiteración y una continuación de ese empeño. Constituye, en esa medida, una traición al mandato popular del 2 de julio de 2000 en demanda de un cambio --de forma y de fondo-- en el ejercicio del poder.

Desde otra perspectiva, los argumentos de que echa mano la terquedad privatizadora del gobierno representan, si no una traición, al menos una afrenta al sentido común. Se afirma que el sector público carece de recursos para invertir en el desarrollo de la infraestructura del sector eléctrico, pero el hecho es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a un régimen fiscal depredador --la entidad se ve obligada a pagar 9 por ciento sobre sus activos--, podría perfectamente financiar su desarrollo si dejara de ser vista, junto con Pemex, como la gallina de los huevos de oro, o la caja chica, del gobierno federal. Por añadidura, la CFE es una empresa que opera con eficiencia, que se encuentra en números negros y que desmiente, de esa forma, el dogma neoliberal según el cual la administración pública sería sinónimo de corrupción e ineficiencia, mientras que la privada equivaldría a rentabilidad y transparencia automáticas. Frente a la solidez de la CFE, empresa pública, debiera contrastarse la putrefacción que se descubrió recientemente en el seno de Enron, empresa privada.

La mención de esa corporación trasnacional estadunidense no es sólo un punto de comparación y referencia. Como este diario lo dio a conocer en su edición del 25 de enero del presente año, directivos de esa quebrada y saqueada empresa energética tuvieron un papel fundamental en la definición de la actual política privatizadora gubernamental, en forma de asesorías al equipo de Vicente Fox cuando éste era presidente electo.

No puede omitirse el hecho de que unas 20 compañías extranjeras similares a Enron hayan venido realizando, desde antes de que Fox anunciara su intención de reformar la Constitución para abrir la industria eléctrica a la inversión privada, movimientos para posicionarse en el norte del país. Ese dato, aunado a las reiteradas y públicas exigencias del gobierno de Estados Unidos y de los entornos financieros internacionales para que el actual grupo gobernante liquide la poca propiedad nacional que le queda al país, obliga a pensar que la iniciativa enviada ayer por el Ejecutivo al Legislativo representa un alineamiento con los intereses estadunidenses y extranjeros, en general, y constituye, por taanto una traición a los intereses de México. La preservación del dominio nacional exclusivo en el sector energético --eléctrico y petrolero-- es, a fin de cuentas, un asunto de seguridad nacional, de soberanía y de independencia.

En la maniobra privatizadora referida puede haber, además, traiciones menores, como la que cometerían los legisladores que aprobaran la reforma al acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del pasado 28 de mayo, en el que se comprometieron a que sólo habría modificaciones a la legislación secundaria. Por añadidura, los priístas que votaran tal reforma traicionarían los acuerdos adoptados en mayo pasado por su propio partido, en el sentido de rechazar cualquier modificación constitucional en los sectores petrolero y eléctrico.

La sociedad mexicana cuenta, en conclusión, con sobradas razones para exigir que, en materia eléctrica --y energética, en general-- no se cambie un punto ni una coma a la Carta Magna, y para movilizarse en todos los terrenos en defensa de instituciones que le pertenecen y le benefician. Esa sociedad habrá de preservar, ante la deserción del gobierno federal y de la mayoría de la clase política, la soberanía, la independencia y el patrimonio nacionales.