León Bendesky

Aniversario

Este mes se cumplen 20 años de la crisis de la deuda externa. Es oportuno señalar este aniversario porque muchas de las condiciones que se pusieron en evidencia y otras que se crearon a raíz de dicha crisis en 1982 marcan aún a la sociedad y a la economía mexicanas. Para empezar éste ha sido un periodo de muy lento crecimiento en promedio de la producción, apenas 2.4 por ciento anual, caracterizado además por grandes fluctuaciones y episodios de fuertes crisis (1982-83, 1986-87, 1995 y 2001). Luego, han sido dos décadas en las que se ha acumulado una inflación superior a 90 mil por ciento y con ello el dólar pasó de un precio de alrededor de 26 pesos a 9 mil 850 que se pagan actualmente. No debe pensarse que porque el presidente Salinas y su secretario de Hacienda Aspe le quitaron tres ceros a la denominación de la moneda, con eso los precios bajaron y nos enriquecimos en la misma proporción. Por el contrario, en este lapso empeoró la distribución del ingreso, concentrándose aún más en un pequeño estrato de la población. Estas dos décadas han conformado una larga crisis para el país y su expresión está frente a todo aquel que quiera verla.

La crisis veinteañera se manifiesta de muy diversas maneras. Una es la incapacidad de la economía de crecer, lo que significa que cualquier postura de política económica que se proponga, de donde sea que venga, debe eliminar el persistente mito del crecimiento, pues éste sólo tiene sentido como un proceso sostenido de largo plazo, lo que no ha ocurrido. Otra es la generación de una creciente pobreza entre la población, que hoy, admitiendo la cuenta oficial, supera los 54 millones de personas. Este es el segmento que se ha medido como pobres, en tres categorías y según un conjunto de criterios; lo que no dice esa medida es cómo está el numeroso grupo que quedó apenas por encima del registro anunciado. Vaya, lo cierto es que esa línea tendida para definir a los pobres no los separa de los ricos, sino de los apenas menos miserables. Una cuestión más es la crisis fiscal del Estado que se arrastra incluso desde antes de la debacle de 1982 y que todas las medidas tomadas para enfrentarla no han podido superar. En México el Estado es pobre y ésa es una situación incompatible con cualquier mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y de la capacidad productiva. Las finanzas públicas están en equilibrio, según se repite a diario, pero no hay dinero suficiente para la salud pública, la educación, los programas de atención a la pobreza o para renovar y aumentar la frágil e insuficiente infraestructura. Pero esta contradicción se trata como si fuese algo normal. Un Estado pobre, con una población mayoritariamente indigente y grandes empresarios sumamente ricos es uno de los saldos de la larga crisis.

Una de las consecuencias estructurales más duraderas provocadas por la crisis de 1982 se advierte en el sistema financiero. Veinte años después de la nacionalización bancaria decretada por López Portillo aún no está saneado el sector, los bancos no cumplen con sus funciones de financiamiento de la inversión y le cuestan una barbaridad al fisco, es decir, a todos nosotros. Además, los bancos se reprivatizaron en 1992 y volvieron a quebrar en 1995 cuando fueron virtualmente intervenidos por medio del Fobaproa y ahora viven de los intereses que les paga el IPAB y hasta han cambiado por completo de propiedad pasando casi en su totalidad al control de empresas extranjeras. La anomalía que representa el sector bancario en la economía mexicana no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo. La reforma financiera iniciada por De la Madrid en 1983 aún no rinde frutos dos décadas después y está inmersa en una profunda debilidad institucional y política y en una falta de legitimidad social.

Un fenómeno que ha marcado el periodo de la larga crisis es, precisamente, el de las reformas que se han instrumentado en distintos sectores, sin que ninguna haya sentado bases firmes para el desarrollo de la economía y el bienestar social. Es más, en muchos casos lo que hoy existe es una situación de incertidumbre y, en otros, de franca crisis. Esto se asocia con otro rasgo de la política pública en este periodo: las privatizaciones. En este terreno la experiencia muestra contradicciones, en varios casos existe falta de claridad en los procedimientos y en otros han sido un total fracaso. Esa debe ser una de las razones por las que cuesta tanto trabajo discutir de manera sensata temas que sin duda son de gran relevancia, siendo el botón de muestra el sector de la energía. Ahí está otra de las facetas de la crisis, la que tiene que ver con el marco institucional de la política, que no conduce a planteamientos claros y a negociaciones abiertas y de cara a la gente. Todo parece estar marcado por los prejuicios y la desconfianza que se generan de todas las partes involucradas.

La larga crisis de México está aún bien asentada y no se aprecian las rendijas por las cuáles se puede empezar a salir de ella; no se ven en el terreno social, no están en la forma de gestión de la economía y tampoco en la manera en que se hace la política. En todo caso, feliz aniversario.