Crecieron $258 mil 577 millones; equivale al gasto social

Subieron pasivos del Fobaproa 46.8 por ciento en cuatro años

Pendientes, informes de auditorías anunciadas por la CNBV

ANTONIO CASTELLANOS

Los pasivos que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) le heredó al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) crecieron 258 mil 577 millones de pesos en cuatro años, que representan un incremento de 46.8 por ciento, y equivalen a todo el gasto destinado a educación, salud, seguridad social, laboral, abasto y asistencia social, que en el primer semestre de 2002 sumó 254 mil 343.9 millones de pesos.

Todavía están pendientes los informes sobre las auditorías que anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) para determinar si los interventores siguieron las reglas establecidas, y las que los banqueros no aceptan para revisar las operaciones reportables. Frente a ese escenario, el IPAB reiteró que no canjeará los pagarés del Fobaproa por títulos del IPAB. La ley le exige revisar las operaciones irregulares y regresar a cargo de los bancos aquellas que no tengan el respaldo legal.

Los pasivos estimados por el Fobaproa el 28 de febrero de 1998 sumaban 552 mil 300 millones de pesos; la última cifra de la deuda bruta del IPAB consignada en el más reciente informe sobre finanzas públicas asciende a 810 mil 877 millones de pesos.

Destaca la información que el saldo del Fobaproa disminuyó 55.8 por ciento en términos reales y sumó, al 30 de junio de 2002, mil 501 millones de pesos, como resultado de la utilización de recursos para hacer frente al pago de las obligaciones garantizadas para liquidar Banca Quadrum.

La historia que da origen al Fobaproa comienza en 1991, 10 años después de la nacionalización, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inicia la privatización del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta. El informe del auditor canadiense Michael W. Mackey sostiene que la autorización de los bancos se licitó al mejor postor. Se vendieron 18 bancos a grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete grupos industriales o particulares. Se hizo evidente, señala el documento, que los procedimientos no fueron los adecuados.

Los compradores de los bancos mexicanos en el periodo de privatización de 1991 a 1992 estaban principalmente relacionados con grupos industriales en los cuales las casas de bolsa transfirieron sus operaciones al grupo financiero y este último compró el banco.

Entonces hubo una excepción en las reglas de concentración, se otorgó por un periodo de cinco años y se creó la probabilidad de conflictos de interés. En la mayoría de los casos los accionistas controladores carecían de experiencia crediticia y el conocimiento técnico necesario de las prácticas bancarias prudentes, además no fueron capaces o no quisieron contratar una administración competente, precisa el informe.

Esto provocó un clima donde era más fácil llevar a cabo operaciones irregulares, porque el proceso de privatización se efectuó en un ambiente de pobre supervisión bancaria. De ahí que un cierto número de bancos se concentró en pocas manos, y los accionistas pudieron conducirse con menos supervisión.

En algunos casos la mayor parte del precio de compra se financió con recursos prestados. Un ejemplo fue Inverlat y Banco Unión. En este último, donde no se quiere ofrecer información sobre los fideicomisos que se establecieron para financiar campañas políticas del PRI, la mayor parte del capital se obtuvo de créditos con otras instituciones financieras.

El saldo de la deuda neta, en el que se descuentan los recursos del Programa de Apoyo a Deudores por 52 mil 769 millones, es de 758 mil 107 millones de pesos. Representa, según el más reciente informe de finanzas públicas de la SHCP entregado al Congreso de la Unión, 12.3 por ciento del PIB.

La situación del IPAB se complica porque no recuperará los 18 mil millones de pesos por la venta de activos que se propuso para este año, debido a las dificultades que se presentaron para vender Cintra, la controladora de Aeroméxico y Mexicana de Aviación. Consecuentemente, la deuda del instituto aumentará en la proporción en que no se cumpla esta meta.

Para este año se proyecta la venta de una sola aerolínea, que podría ser Mexicana de Aviación. De esta operación podrían obtenerse unos 400 millones de dólares, pero todavía no hay una seguridad. American Airlines se perfila como uno de los posibles compradores, pero el enrarecimiento del mercado aeronáutico ha retrasado el proceso.

En este escenario se proyecta que AeroMéxico se venda en el primer semestre de 2003. Este retraso impactará los programas del IPAB y de acuerdo con la información presentada, Aerocaribe, Aerocozumel y Aeroexpress quedarán bajo el mando del nuevo dueño. Por lo pronto, la deuda bruta del IPAB suma 810 mil 877 millones de pesos.