El 30 de enero de 1981, en Tulpetlac, estado de México, fue asesinado el maestro disidente Misael Núñez Acosta junto con el obrero Isidro Dorantes, en el marco de la represión interna en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por ese entonces se encontraba bajo la guía moral de Carlos Jonguitud Barrios. La sección 36, correspondiente al Edomex, era dirigida por Elba Esther Gordillo Morales, protegida en ese tiempo de Jonguitud y hoy secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. Los asesinos materiales de Núñez Acosta y de Dorantes, capturados unos días más tarde, señalaron a la dirigencia del SNTE como responsable intelectual de la agresión, en la que además resultó herido de gravedad el maestro Darío Ayala. Las autoridades --el presidente de la República era por entonces José López Portillo-- no investigaron nada y los homicidas materiales se fugaron de la cárcel poco después.

El domingo pasado, este diario publicó una entrevista con el ahora retirado Jonguitud, quien afirmó que Gordillo Morales contaba con "grupos de control" que fueron los responsables de los asesinatos. Ayer, integrantes de la sección 36 del SNTE presentaron ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, una denuncia penal contra el ex líder y contra la secretaria general del PRI, a quienes consideran responsables intelectuales de los homicidios de Tulpetlac.

Es evidente la importancia de esclarecer tal imputación hasta sus últimas consecuencias, así como de realizar, así sea a 21 años de ocurridas las muertes de Misael y su compañero, una investigación conforme a derecho que en su momento fue impedida por las redes de complicidad entre las cúpulas sindicales y las autoridades políticas del país. Asimismo es necesario establecer las responsabilidades en que pudieron haber incurrido, por omisión, ocultamiento o encubrimiento, los funcionarios entonces encargados de las procuradurías mexiquense y General de la República.

No debe ignorarse el hecho de que la procuración de justicia en este caso podría enfrentar resistencias considerables, no sólo por la posición que ocupa actualmente Elba Esther Gordillo como dirigente de una de las tres principales fuerzas electorales del país --y a estas alturas es claro que el PRI, aun fuera de la Presidencia, cuenta con un enorme poder real--, sino por su condición de aliada y soporte del titular del Ejecutivo federal en los empeños por desarticular el sistema educativo y por desmantelar el sector eléctrico a fin de entregarlo a la inversión privada.

Con todo, hoy en día es moral y políticamente inviable un carpetazo de la investigación como el que tuvo lugar recién ocurridos los crímenes, toda vez que, a diferencia de entonces, el gobierno está sujeto a un estrecho escrutinio público.

En otro sentido, la procuración de justicia por los homicidios perpetrados hace dos décadas en Tulpetlac podría resultar más fluida que el esclarecimiento de los crímenes de Estado cometidos en 1968 y en la guerra sucia de las décadas siguientes, toda vez que, a diferencia de éstos, las responsabilidades por el asesinato de Misael Núñez y de Isidro Dorantes no han alcanzado la prescripción legal y la PGR podría, en consecuencia, dar curso a un procedimiento ordinario de investigación.

Es ineludible, pues, esclarecer en un proceso legal los homicidios del 30 de enero de 1981 a fin de identificar a sus autores intelectuales, sean quienes fueren, y sancionarlos conforme a derecho. La sospecha --que data de ese entonces-- sobre Jonguitud Barrios y Gordillo Morales debe despejarse y dar lugar a un pleno reconocimiento de inocencia, o bien a una declaración judicial de culpabilidad.