En actitud tendenciosa, la Contraloría dejó vencer el plazo legal para inculparlos, acusa la Codhem
Exoneran a funcionarios implicados en hechos violentos de Chimalhuacán
A 2 años del enfrentamiento, la PGJEM no ha cumplido recomendación del organismo de derechos humanos
RENE RAMON Y SILVIA CHAVEZ CORRESPONSALES
De tendencioso, parcial, dilatorio y sesgado calificó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) el actuar de Jorge González Hernández, titular de la Contraloría del gobierno mexiquense, luego de conocer que se agotó el término para poder sancionar a los nueve funcionarios de la entidad acusados por la defensoría de negligencia y omisión en los hechos violentos ocurridos en Chimalhuacán en agosto de 2000.
En un comunicado, el organismo aceptó que en estos momentos no existen ya recursos legales para impugnar la resolución tomada por la Contraloría estatal, la cual exoneró de toda responsabilidad a los funcionarios policiacos y de la Secretaría de Gobierno mexiquense, quienes no cumplieron con su responsabilidad de evitar el enfrentamiento entre los grupos priístas de Antorcha Campesina y la Organización de Pueblos y Colonias (OPC), que dejó un saldo de 10 personas muertas y 100 heridas por arma de fuego.
La Codhem manifestó que a dos años de la matanza de Chimalhuacán, la Contraloría del estado ratificó que quedaron exculpados nueve funcionarios, entre los cuales destacan el ex director de seguridad pública y tránsito, Jorge Rafael Espinoza de los Monteros; Eduardo Barkley Arce, subdirector de la misma instancia; Carlos Díaz de León Martínez, subsecretario de desarrollo político, y David Melgoza Mora, subdirector de gobierno en la zona oriente del estado.
La defensora de las garantías individuales elaboró un "análisis detallado" en el que fundamenta con "pruebas contundentes", como declaraciones de servidores públicos y ciudadanos, fotografías y videos "los vicios contenidos en el procedimiento administrativo" llevado a cabo por la Contraloría interna.
"Esta comisión desea dejar en claro su repudio a la misma, por ser consecuencia de un procedimiento sesgado y parcial, tendente a exculpar a los nueve servidores públicos señalados por este organismo como probables responsables de los hechos violentos de Chimalhuacán."
En el documento de dos hojas también hace señalamientos enérgicos de que la Codhem "acreditó la dilación injustificada, la actitud tendenciosa y parcial asumida por el contralor interno", quien "ignoró todas las pruebas" presentadas por la comisión en la recomendación 73/2000, por los hechos violentos de Chimalhuacán acontecidos el 18 de agosto de 2000.
De igual forma, la defensoría aseguró que a dos años de ocurrido el enfrentamiento sangriento entre los dos grupos priístas de Chimalhuacán, "la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no ha dado cumplimiento a la recomendación 74/2000". Agregó que hasta el momento faltan por cumplimentarse diversas órdenes de aprehensión, y existen irregularidades en la averiguación previa que se inició "contra el actual presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, por estos incidentes".
La contradicción
El procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que faltan por cumplir 25 órdenes de aprehensión por distintos delitos graves sobre el caso Chimalhuacán. Destacó que se dictaron 10 sentencias condenatorias contra seguidores de Guadalupe Buendía, La Loba, "y el caso aún no está cerrado".
En conferencia de prensa en Tlalnepantla, Navarrete Prida recordó que estos hechos ocurrieron cuando Tolentino Román pretendía tomar protesta como alcalde de Chimalhuacán; aclaró que el edil cuenta con una denuncia penal, la cual permanece abierta porque no hay ninguna imputación en su contra.
Asimismo, comentó que durante los procesos legales deliberados en los juzgados de primer instancia, con sede en Toluca, se dictó sentencia absolutoria en beneficio de 62 procesados, entre ellos Gerardo Mandujano Pérez, Juan Arturo Calzada, Hugo Martínez Martínez, Miguel Salinas Castillo y Manuel Suárez Valverde.
Navarrete Prida indicó que 10 de los involucrados fueron sentenciados, entre los cuales figura Guadalupe Buendía, por los delitos de homicidio calificado, lesiones, daños en bienes y ocupación ilegal de edificios públicos, por lo que fue condenada a 492 años de cárcel, y una multa de 333 mil pesos.
También están detenidos y procesados en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el esposo de Buendía, José Adelaido Herrera Delgado, su hijo Adelaido Herrera Buendía y su hermana María Cristina Buendía.
Sobre el caso del cártel de Nezahualcóyotl, informó que ordenó que se investigue a varios agentes judiciales y agentes del Ministerio Público adscritos a ese municipio para ubicar a posibles funcionarios que habrían brindado protección a la organización criminal.
Anunció que ayer agentes judiciales mexiquenses y capitalinos desplegaron un operativo en el sur de la entidad para ubicar a Carlos Morales, El Aguila, lugarteniente del cártel de Neza. También se investigan posibles vínculos entre esta banda criminal y Guadalupe Buendía, La Loba.
