Es necesario que la fiscalía agilice las investigaciones, apuntan ex estudiantes

Echeverría insiste en acogerse al artículo 20 constitucional para no declarar sobre matanzas

JESUS ARANDA Y CAROLINA GOMEZ ENVIADO Y REPORTERA

El ex presidente Luis Echeverría Alvarez continuó ayer "a pie juntillas" la estrategia de su defensa, y en unos cuantos minutos ratificó ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, su decisión de no declarar en ninguno de los dos procesos penales que se le siguen en calidad de indiciado, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones, relacionados con lo acontecido el 2 octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Daniel Molina, integrante del Comité 68, sintetizó el sentir de los demandantes de justicia, luego de la audiencia celebrada en un cobertizo al lado de la casa del ex presidente, en un exclusivo fraccionamiento de Cuernavaca: "Echeverría tiene el derecho legal de hacer esto -acogerse al artículo 20 constitucional, fracción segunda, que le permite abstenerse de declarar en una investigación-. Desde el punto de vista legal no hay ninguna violación, pero desde el punto de vista político, ético, moral e histórico es una enorme cobardía negarse a aclarar hechos, sobre los que la opinión pública tiene un profundo interés".

Molina, al igual que otros integrantes del Comité 68 que estuvieron presentes en Cuernavaca, advirtió que pese a los "subterfugios legales" del ex presidente para no responder, insistirá en que se agilice la averiguación previa y demandó a la fiscalía para desaparecidos que se proceda a la inmediata instalación de mesas alternas del Ministerio Público Federal para interrogar a los otros ex funcionarios involucrados en los hechos, particularmente los militares.

En la audiencia de ayer, que no duró más que unos minutos, suficientes para que Echeverría se acogiera a su derecho de no declarar, el ex mandatario estuvo acompañado de su abogado, Juan Velázquez, quien asumió ayer mismo la titularidad de su defensa, en razón de que Antonio Cuéllar Salas -quien lo acompañó en su primera comparecencia- decidió dejar el asunto en manos de un penalista.

Impávido, vestido con pants, chamarra deportiva y tenis blancos, el ex mandatario recibió en un cobertizo contiguo a su residencia, al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y a los agentes del Ministerio Público que llevan a cabo las averiguaciones previas. El fraccionamiento en que vive -rodeado por una pared de piedra de más de dos metros y medio de altura- se convirtió en una verdadera fortaleza a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

Incluso, el fiscal y sus colaboradores tuvieron que cruzar a pie el enorme portón marcado con el número 15 de la avenida Avila Camacho, porque la seguridad interna del lugar impidió el paso de sus vehículos.

Al lugar también se presentaron un grupo de ex estudiantes del 68, entre ellos, Oscar Menéndez, quienes desplegaron enfrente del portón de madera del fraccionamiento una manta roja que decía: "Morelos sabe que eres un asesino. 68 y 71 no se olvidan".

La audiencia citada originalmente a las 11:30 horas inició casi media hora después, ya que el fiscal llegó al lugar a las 11:52. Al filo de las 12:43 Carrillo Prieto salió del lugar.

Asediado por los representantes de los medios de comunicación, el funcionario se limitó a decir que Echeverría había ratificado el documento por el cual se acoge al beneficio contenido en el artículo 20 constitucional, y añadió: "las averiguaciones previas por el 68 y el 71 continúan".

No hubo más explicaciones y subió de manera apresurada a su camioneta.

Minutos después, Daniel Molina, integrante del Comité 68 y Salvador Martínez della Rocca, del Comité Ciudadano, insistieron en entrevistas por separado en la necesidad de que la fiscalía agilice las investigaciones y que establezca mesas del Ministerio Público Federal para que de manera simultánea se proceda, por fin, a interrogar a otros funcionarios de la época -se calcula que son más de 60 los señalados en las denuncias contra Echeverría.

Martínez della Rocca apuntó que es lamentable que el trato apegado a derecho que se está dando por parte de la fiscalía a Echeverría, no haya sido el que recibieron estudiantes ni maestros el 2 de octubre ni el 10 de junio. "Ellos -dijo en alusión al acusado- violentaron todo y hoy, de manera cínica se acogen a un artículo constitucional para negarse a declarar."

El se da cuenta que conteste lo que conteste va a salir inculpado, pero aunque se quede callado, el procedimiento en su contra continúa, sostuvo el ex dirigente estudiantil, quien agregó que los demandantes "vamos a presionar por todos los medios para que la verdad histórica se traduzca en la aplicación de la ley, para tener una verdad jurídica y rehacer la historia del país". Si Echeverría asegura que no tiene qué decir, ello no significa que las acusaciones no estén ahí, dijo.