Lo que hay es continuidad con el trato déspota priísta: organizaciones indias
Con Fox, saldo negativo en materia indígena
El comportamiento del gobierno "es el mismo que viene desde Porfirio Díaz", consideran
ROSA ROJAS
En su segundo Informe de Gobierno el presidente Vicente Fox no podrá presentar un saldo positivo en relación con los indígenas, ya que no ha habido cambio sino una continuidad de las políticas de imposición y trato déspota y autoritario de los gobiernos priístas, y no se ha construido la nueva relación con los pueblos indios que prometió el panista en su campaña, coincidieron en señalar integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (Ucizoni) y la Alianza de Pueblos Indígenas del Anáhuac (APIA), integrante del Consejo Nacional Indígena.
Carlos Beas, coordinador de comisiones de Ucizoni, consideró que el comportamiento del gobierno foxista con los indígenas "es el mismo que viene desde Porfirio Díaz", no sólo en el trato despótico que Pemex da a las comunidades indias donde se asientan la mayoría de sus instalaciones -lo que ha generado en los últimos días, nuevamente, el bloqueo en cuatro municipios del istmo oaxaqueño de varias instalaciones del sistema de ductos Nuevo Teapa-Salina Cruz- sino en lo que ha sido la imposición del Plan Puebla-Panamá, con la construcción de carreteras, proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica de conducción de electricidad y la falta de consulta e información a los pueblos indios al respecto.
Informó que ante los graves impactos ambientales y sociales que provocan las actividades de Pemex, además de un centenar de accidentes como explosiones y derrames en la región en los últimos cinco años, 13 comunidades de cuatro municipios del istmo oaxaqueño empezaron, a finales de marzo, a detener maquinaria de Pemex y se cerró el acceso de su personal a las tierras ejidales, y por lo tanto a las válvulas y ductos, para que cumpliera compromisos adquiridos desde 1998 -cumplidos sólo parcialmente-, de reparar caminos cosecheros que destruyen sus camiones, para lo cual iba a destinar 20 millones de pesos, así como construir obras de beneficio comunitario como centros de salud y proyectos productivos, por 13 millones de pesos.
Pemex, lejos de cumplir demandó penalmente al propio Beas y al comisariado del ejido Estación Sarabia, Norberto López. El conflicto se agudizó y efectivos policiacos de la Agencia Federal de Investigación empezaron a indagar sobre ellos. La oficina de Xóchitl Gálvez los convocó a Los Pinos a dialogar. Pemex se comprometió a cumplir los compromisos pendientes y a retirar la demanda penal. Cumplió "parcialmente y mal", por lo que las comunidades decidieron reiniciar el bloqueo a las instalaciones de la paraestatal el lunes 26.
Nuevamente la oficina de Gálvez los convocó a dialogar en Los Pinos. Los atendió Rodolfo Echeverría Martínez el día 27, "nos pidieron una tregua y asumieron el compromiso de que habría una respuesta de Pemex el 3 de septiembre, pero dos comunidades se negaron a acatar la tregua. Ahora ya no les interesa a las comunidades tanto lo de los caminos o los proyectos, sino que el gobierno de Fox comprometa a Pemex a tener una relación respetuosa con los pueblos indios", indicó Beas.
Agregó que este movimiento se está extendiendo hacia comunidades del sur de Veracruz y otros municipios de Oaxaca, como Ixtaltepec. Para determinar estrategias a futuro se reunirán el 6 de septiembre en Jáltipan, Veracruz.
En entrevista por separado, Carlos González y Gerardo Camacho, de la APIA, apuntaron que "siempre le van a pesar a Fox los excesos de su verborrea, como lo que dijo de los 15 minutos famosos en que iba a arreglar el problema de Chiapas; eso lo pone muy en evidencia, porque un gobierno que supuestamente era del cambio no está llevando a transformaciones profundas, pues no ha incorporado los acuerdos de San Andrés a la Constitución, ni ha resuelto el caso de Chiapas".
En ese estado -agregó González- "se ha dejado que se pudra el conflicto, que se está profundizando, vemos que existe mayor acoso de los paramilitares sobre las comunidades de filiación zapatista, que ya hay muertos, que la represión se está agudizando. Incluso en varias partes del país vemos que el Ejército, cuyo comandante supremo es el Presidente de la República, está ejerciendo funciones policiacas, reprimiendo, como es el caso de Zongolica, Veracruz, donde se le exigió a Fox que no entrara el Ejército y ahora vemos que hay dos mujeres violadas, una de 13 años.
"Es un saldo negativo para Fox que el Ejército esté recrudeciendo el cerco sobre las comunidades zapatistas, él es el responsable de que los problemas agrarios se estén agudizando, como el de la matanza de Agua Fría, en Oaxaca; los que existen en la sierra Huichol, de Jalisco; en el Alto Lerma, estado de México, y lo que ocurrió en San Salvador Atenco, un ejemplo agudo de la forma en que están actuando, que no se diferencia mucho de los priístas", aseveró.
Añadió que Fox, al presentar su Informe seguramente intentará, como lo hizo el año pasado, presentar anuncios espectaculares. "Ya hace algunos días señalaba que la llamada transición democrática estaba prácticamente concluida y era necesario pensar en una agenda distinta. porque la transición a la democracia y los aspectos medulares de la transformación del régimen de partido de Estado ya habían quedado superadas. Creo yo, y esta no sólo es una posición de la Alianza de Pueblos Indígenas del Anáhuac sino de muchas organizaciones indígenas, que en tanto no exista una reforma de la Constitución según lo fijado en los acuerdos de San Andrés, que son condiciones mínimas, transformaciones básicas y la consecuente modificación de las leyes derivadas de esa reforma, no va a haber una transición real, efectiva y menos una verdadera reforma del Estado."
Respecto de cuál sería la estrategia del movimiento indígena si la Suprema Corte legitima la reforma constitucional aprobada el año pasado, comentó que una vez agotadas las instancias internas en el país se tendría que continuar la estrategia legal acudiendo a la Organización Internacional del Trabajo, para solicitar una recomendación en relación con la reforma constitucional, y a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
