Se trata de un magistrado y un juez, sospechosos de tener nexos con el cártel de Neza

Por primera vez, la PGR investiga a juzgadores sin informar al Consejo de la Judicatura Federal

El Poder Judicial sólo tiene facultades para conocer faltas de tipo administrativo, no penales

JESUS ARANDA

La investigación que realiza la Procuraduría General de la República contra un magistrado de circuito y un juez de distrito por sus presuntos vínculos con el llamado cártel de Neza, es inédita en razón de que, a diferencia de otros juzgadores procesados por la justicia federal, en esta ocasión fue el Ministerio Público Federal, no el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien inició las indagaciones.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, por primera vez el Ministerio Público Federal, por medio de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), lleva a cabo una averiguación previa penal en contra de al menos dos juzgadores federales sin haber informado de los hechos al Consejo de la Judicatura Federal.

Pese a que el titular de la FEADS, Mario Estuardo Bermúdez, se reunió en privado con el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Genaro Góngora Pimentel, en al menos una ocasión, además de un encuentro con el pleno del CJF, trascendió que los representantes del Poder Judicial no tuvieron acceso a toda la información sobre los presuntos vínculos de los juzgadores con el crimen organizado en el estado de México.

Lo que estipula la ley orgánica

La razón, se dice en círculos oficiales, es que la investigación que lleva a cabo la FEADS es de tipo penal y, por ley, el CJF sólo tiene facultades para conocer faltas de tipo administrativo en que hayan incurrido los integrantes de la judicatura.

Es decir, por tratarse de un caso penal, la FEADS no tiene por qué infomarle nada al CJF e, incluso, según se desprende de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y otras leyes en la materia, una vez que el Ministerio Público integre la averiguación previa y considere que sí hay elementos para actuar contra los juzgadores, la FEADS podrá ejercitar acción penal y pedir al juez que conozca de la causa que, a su vez, solicite al CJF la suspensión del magistrado de circuito o juez de distrito en el cargo, para el libramiento y ejecución de la orden de aprehensión.

Cabe señalar que, en los casos de los cinco magistrados, tres jueces de distrito y 17 funcionarios menores destituidos de 1995 a la fecha, fue el CJF quien inició el proceso administrativo correspondiente.

Y en el caso de los magistrados Nicandro Martínez, actualmente prófugo de la justicia, y Fernando López Murillo -quien fue destituido de su cargo y está bajo arraigo por la sospecha de favorecer con sus fallos a los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Héctor Luis El Güero Palma Salazar y Oscar Malherbe de León o Martín Becerra Mireles- las investigaciones partieron de irregularidades administrativas que detectó el CJF y después consignó a los magistrados ante la PGR, por la posible comisión de delitos penales.

Así las cosas, es la primera vez que la PGR investiga penalmente a un magistrado y un juez federales, sin que el CJF tuviera conocimiento de los hechos.