Fox: la acción contra el STPRM, combate a la impunidad, no persecución política

Confirma la Auditoría Superior de la Federación desvío de fondos en Pemex

CIRO PEREZ SILVA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará sendas denuncias de hechos para deslindar responsabilidades en el manejo de recursos por 2 mil 388.1 millones de pesos a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fondos que habrían sido destinados a financiar la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa.

Mientras en San Lázaro se conocían los detalles de los presuntos desvíos en Pemex, en Los Pinos, el presidente Vicente Fox convocó a sus colaboradores a una reunión en la que, según trascendió, los instruyó para que difundieran un mensaje con tres puntos: que la acción contra el STPRM corresponde a la estricta aplicación de la ley; que se trata del combate a la impunidad y no de una persecución política, y que de parte de la Presidencia de la República se respetará la autonomía sindical. En plena negociación con el PRI, el mandatario recordó que la legalidad no debe ser obstáculo para el acuerdo político.

En el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, el titular de ASF, Arturo González de Aragón, destaca que el efecto económico global del informe asciende a 29 mil 975 millones de pesos, impactos que implican efectos desfavorables en las finanzas públicas del gobierno federal," además de que en todos los casos se cuenta con 45 días para justificar los señalamientos u observaciones.

Respecto de Pemex, señala que el entonces director de la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy, contó en su oportunidad con las facultades legales y administrativas correspondientes para suscribir los convenios en favor del sindicato petrolero, aunque existen elementos que hacen suponer que pudo haber alguna irregularidad en lo que respecta a los montos y la disponibilidad de recursos en la partida presupuestal, así como en el hecho de que el dinero debía ser entregado al sindicato sólo si era a cuenta de cuotas sindicales.

Sobre el anuncio de la ASF, el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, confió en que las indagatorias se apegarán a la ley porque "estamos en un régimen donde nadie va a permitir que haya excesos".

Criticó que a lo largo de las pesquisas haya habido "muchas filtraciones" que enrarecieron el ambiente y reiteró su confianza en que los convenios que firmó el sindicato con Pemex fueron totalmente lícitos "y hasta ahora no ha habido ninguna autoridad competente que diga y tenga pruebas de lo contrario".

Fideicomisos del PRI en Banca Unión

Por cuanto a los fideicomisos del PRI en Banca Unión, mismos que sirvieron para financiar las campañas electorales de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, González de Aragón informó a los diputados que la auditoría concluyó luego de que se revisaron las aportaciones, concluyéndose que legal y contablemente las mismas no generaron quebranto alguno a Banco Unión ni a Banca Cremi.

"De acuerdo con los procedimientos de auditoría aplicados, se realizó una consulta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que determinó que los actos generadores de los quebrantos en cita fueron originados precisamente por autorizaciones de crédito a empresas insolventes, en cuyo caso no se encuentran los fideicomisos citados", señala el resumen ejecutivo.

En su informe, el responsable de la ASF mencionó que de la revisión a la transferencia de las operaciones y obligaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) al Instituto de Protección al Ahorro Bancario se advierte que el impacto económico en las finanzas públicas proveniente de la crisis financiera de 1995 ascendió a 876 mil 254 millones de pesos, con corte al 31 de marzo de 2002, fecha de cierre de la auditoría, lo que representa aproximadamente 15 por ciento del producto interno bruto.

Destacan por su importancia las observaciones en cuanto a la compra de cartera de Banamex y Serfin: se incluyeron indebidamente intereses moratorios contraviniendo las bases de capitalización por mil 880.2 millones de pesos y 3 mil 400 millones de pesos a valor histórico, cuya actualización, al 31 de marzo de 2002, refleja un valor de 7 mil 176.6 millones de pesos y 21 mil 890.8 millones de pesos, respectivamente.

En el caso de Banamex, el programa de capitalización y compra de cartera incluyó 19 mil 348 casos de créditos en litigio, créditos relacionados y créditos clasificados con riesgo "E", contraviniendo las bases de capitalización, con un efecto de 4 mil 658.8 millones de pesos a valor histórico, que actualizados representan 14 mil millones.

Interrogado sobre la responsabilidad del entonces titular del Fobaproa y hoy empleado de Banamex, Javier Arrigunaga, en ésta y otras operaciones, el titular de la ASF respondió que va a continuar con las revisiones, como parte de las auditorías del año 2001, "todas las irregularidades y responsabilidades que resulten, las iremos señalando, pero siempre respetando la ley y buscando el imperio del derecho, de esa manera vamos a actuar".

Se refirió luego a las revisiones efectuadas a la Comisión Federal de Electricidad, cuyo índice de pérdidas de energía en 2000 fue de 11 por ciento, equivalente a 8 mil 813.3 millones de pesos, de los cuales 2 mil 855.5 fueron originados por robo de energía. Del monto total de pérdidas se estima que la cantidad de 4 mil 64 millones de pesos podría haberse evitado.

En Luz y Fuerza del Centro, el monto total de pérdidas de energía en el año que se reporta fue de 3 mil 570.5 millones de pesos, de los cuales 963.2 se identifican con robos de energía. Además de que el organismo registró un deterioro en la mayoría de sus indicadores de desempeño.

Al referirse a los Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), que representan un esquema de financiamiento que permite completar la inversión para la infraestructura, y que de acuerdo con los diputa- dos representan una gran carga para el erario, el auditor dijo que es conveniente evaluar económica y financieramente estos proyectos antes de su inclusión en el Presupuesto de Egresos, además de que es preciso crear una instancia que verifique que en la autorización y ejecución de los mismos se cumplan la ley y la normatividad correspondientes.