Detecta desvíos de partidas presupuestales hacia fines distintos a los autorizados

Propone la Auditoría Superior condicionar la entrega de recursos a entidades y municipios

Pide a diputados suspender transferencia de fondos a estados con anomalías recurrentes

CIRO PEREZ SILVA

Ante las irregularidades detectadas en entidades federativas y municipios, por el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso a los diputados condicionar las transferencias y suspender la ministración de fondos federales a los estados que presenten anomalías recurrentes.

En las auditorías financieras y de cumplimiento practicadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se detectaron pagos por concepto de pensiones complementarias por 2 millones 929 mil 200 pesos a 13 personas que no cubrieron los requisitos establecidos en el acuerdo correspondiente, y pagos de pensiones en exceso por un millón 807 mil 500 pesos, además de que se omitió enterar el impuesto sobre la renta por 2 millones 223 mil 900 pesos, de acuerdo con la ASF.

En el Instituto Nacional de Migración (INM) la ASF comprobó que la Tesorería de la Federación, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ministró recursos a esa dependencia por 469 millones 836 mil 400 pesos, de los cuales no tuvo evidencia del ingreso en bancos de 23 millones 256 mil 100 pesos. Por otra parte, se reportaron como reintegrados a la tesorería 29 millones 472 mil 100 pesos sin presentar la evidencia correspondiente. En las cuentas bancarias que maneja el INM se determinaron saldos bancarios no reintegrados a la tesorería por 13 millones 331 mil 900 pesos.

También se identificaron gastos pendientes de comprobar por 62 millones 23 mil 600 pesos de ejercicios anteriores, que no se reportaron en la contabilidad al inicio de 2000 y que tienen una antigüedad de hasta seis años; no existe evidencia de su depuración ni de la recuperación de dichos recursos. Aunado a ello, en el ejercicio 2000 se identificaron erogaciones pendientes de comprobar por 80 millones 396 mil 600 pesos, de las cuales algunas se refieren a entregas a funcionarios y empleados.

No obstante que se solicitó en forma reiterada, no se proporcionó la documentación que comprobara y justificara gastos por concepto de arrendamiento de inmuebles, traslado de personal y adquisición de bienes por 136 millones 29 mil 200 pesos, por lo cual se desconoce si estos recursos fueron aplicados en esos conceptos.

En materia de adquisición de bienes no se mostró la documentación que acredite los procedimientos de adjudicación realizados por 23 millones 434 mil 500 pesos. Esto derivó en la formulación de cuatro solicitudes de intervención al Organo Interno de Control y dos pliegos de observaciones.

En la Policía Federal Preventiva (PFP) se observaron saldos en la cuenta de Deudores diversos por 22 millones 148 mil 200 pesos de los ejercicios 1999 y 2000 que, al 31 de diciembre del año pasado, estaban pendientes de comprobar, de los cuales varios se refieren a entregas a funcionarios y empleados.

Acerca de los procesos para la adquisición de aeronaves, no obstante que debieron haberse realizado licitaciones públicas se adjudicaron directamente nueve contratos por 295 millones 351 mil 500 pesos y no se sustentó ni se justificó esa excepción no los criterios para la selección de proveedores que garantizaran las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, la PFP pagó un sobreprecio por un millón 6 mil 100 dólares por adjudicar directamente la adquisición de aeronaves sin realizar estudios de mercado.

Asimismo, se identificó que algunas aeronaves se entregaron en forma extemporánea, sin haber aplicado las sanciones correspondientes por 589 mil 600 dólares debido al incumplimiento en la entrega; se efectuaron pagos a proveedores de aeronaves por 142 millones 471 mil 100 pesos antes de la entrega de los bienes y se identificaron equipos de comunicación y telecomunicación, que están ociosos, por 5 millones 549 mil 600 pesos.

En cuanto al manejo de los recursos se observó que al cierre del ejercicio las cuentas bancarias presentaron saldos por 59 millones 200 mil pesos, sin evidencia de su reíntegro a la tesorería.

En la revisión de la partida 4310, Acciones policiales especiales, se determinaron las siguientes situaciones: la PFP realizó adquisiciones directas por 9 millones 367 mil 500 pesos, sin justificar el riesgo, la excepción y la urgente necesidad para no licitarlas. También hizo adquisiciones por 7 millones 943 mil 300 pesos que no se sustentaron con documentación original; se observó que la PFP liberó 114 millones de pesos en efectivo de sus cuentas bancarias, en lugar de emitir cheques nominativos, y de esta cantidad no se proporcionó la documentación comprobatoria de gasto por 43 millones 215 mil pesos, desconociéndose su destino, y con recursos de la partida 4310 hizo préstamos a la Secretaría de Gobernación por 51 millones 95 mil pesos, en contravención de la norma respectiva. Por lo anterior se formularon 10 solicitudes de intervención al Organo Interno de Control.