La propuesta empresarial daña los derechos humanos, dice

Grave retroceso si se aprueba la reforma laboral oficial: ANAD

Abogados señalan que el FMI y el BM dictaron la iniciativa

ELIZABETH VELASCO C.

La reforma laboral promovida en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por las cúpulas empresarial y sindical implica "décadas de retroceso" en los derechos humanos de naturaleza laboral, ya que termina con los principios tutelares del trabajo y los adecua a los intereses del capital, afirmó Ernestina Godoy, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En rueda de prensa destacó que dicho anteproyecto responde a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), no refleja las necesidades de los trabajadores ni de los empresarios, y de aprobarse implicaría acabar con los principios de justicia social y libertad sindical.

Al respecto, Oscar Alzaga, integrante de la ANAD, recordó los resultados negativos que han ocasionado reformas laborales realizadas en países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y otros) y europeos (Italia y España), en donde se ha acabado con el principio de la estabilidad en el empleo, las prestaciones y derechos sociales, de ahí las huelgas multitudinarias en Italia y España.

En el caso mexicano, dijo, la propuesta oficial de reforma laboral no deja en claro si se eliminará el principio que consiste en que los derechos laborales sean irrenunciables. Ahora, tal y como está planteada la iniciativa, quieren establecer la renuncia a los derechos obtenidos en la contratación colectiva por los que establece como límite la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Como ejemplo citó el caso del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo aguinaldo actualmente de tres meses podría reducirse a petición del sector patronal al límite que señala la LFT, la cual establece un aguinaldo de 15 días.

De esta manera, los derechos obtenidos en los contratos colectivos de trabajo que están por encima de la ley se pueden reducir a los mínimos establecidos, según la propuesta de reforma oficial.

Otro retroceso, dijeron, es la vinculación del salario con la productividad, lo que en la práctica daría pie al pago de salario a destajo. Es decir, "si trabajo más, recibo un mayor ingreso, y a la inversa". Ese principio, dijo Alzaga, quedó prohibido hace varios años en la legislación vigente, después del fracaso de establecerlo por Arsenio Farell, ex secretario del Trabajo en la década de los 80.

Cabe hacer notar que el salario por productividad no se integra al salario base y podría ocurrir lo que actualmente sucede con los telefonistas, cuyo salario base es de 70 por ciento y el resto por productividad. Cuando los telefonistas se jubilan sólo reciben como pensión el monto establecido en el salario base, dijo Alzaga.

Tras citar varios ejemplos, los juristas democráticos -entre ellos Alfonso Bouzas, Jesús Campos Linas (presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal), María Luisa Campos, Susana Codina y otros- se pronunciaron por rechazar cualquier proyecto de reforma que implique renuncia alguna a los derechos adquiridos por los trabajadores, y que haya sido elaborado en forma cupular. "El proceso de reforma laboral debe ser democrático, de lo contrario vicia tanto el procedimiento como su contenido. Sin la participación de los trabajadores, lo que se propone es una contrarreforma".