Pide a legisladores reformen la ley de responsabilidades

Ridículas, las sanciones que se aplican a servidores públicos, dice Soberanes

VICTOR BALLINAS

Ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, solicitó a los legisladores que reformen la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ''para acabar con la impunidad'', porque las autoridades aplican sanciones ridículas y no dan cuenta al órgano que encabeza.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue convocado por esa comisión senatorial para explicar el estado que guardan las recomendaciones durante este año. El ombudsman, a preguntas de los legisladores, señaló que la mayoría de las recomendaciones que ha emitido se encuentran en situación de ''cumplimiento parcial'', lo que significa que muchas veces las autoridades no acatan las recomendaciones. Las aceptan, pero luego no informan de su cumplimiento total.

El senador priísta y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Miguel Sadot Sánchez, aseveró ante el ombudsman: ''Esta comisión no puede permanecer silenciosa ante el incumplimiento de los funcionarios y gobernantes a las recomendaciones. Se convocará a que las autoridades que no las han cumplido asistan al Senado para explicar por qué no las acatan''.

Aseguró: ''La Secretaría de Hacienda, que no aceptó una recomendación turnada, será convocada para que explique por qué no lo hizo. Porque no se va a permitir que se acepten y no se cumplan. Esta comisión hará su trabajo y apoyará a la CNDH y a las comisiones estatales de derechos humanos''.

Asimismo, dijo, se estudiarán las reformas necesarias que se tengan que hacer a la ley de la CNDH para reforzarla y darle mayores facultades y atribuciones, con el objetivo de que a las recomendaciones que emita pueda darles seguimiento.

Las senadoras del PRD, Leticia Burgos; del PAN, Micaela Aguilar y Susana Stefenson, y el senador priísta Orlando Paredes, preguntaron a Soberanes sobre la efectividad de las recomendaciones y sobre por qué no emitió una recomendación en el caso de la matanza de Agua Fría, Oaxaca; asimismo, del seguimiento a las recomendaciones generales en reclusorios, revisiones indignas y atención a mujeres en los penales. Y también se cuestionó por qué no da seguimiento a las recomendaciones que emite y envía copia de ellas a la comisión legislativa.

Soberanes respondió: ''En el caso de la matanza de Agua Fría, no se emitió recomendación porque las autoridades estatales, la Procuraduría, no había concluido su averiguación y porque la CNDH sostiene que no se detuvo a los responsables, que algunos de los detenidos son inocentes, y como todavía está en tiempo la autoridad de corregir los errores; por eso no se hizo recomendación. Claro que si al cerrar la investigación insiste en los errores se emitirá una recomendación''.

El ombudsman también les dijo a los senadores: ''Tienen que hacer reformas a la ley reglamentaria para que se pueda dar seguimiento a recomendaciones generales, para bajarlas a los estados y pedir cuentas de su observancia. Los reclusorios son una vergüenza; puede deberse a problemas económicos, pero también de falta de voluntad política y de imaginación para atender los problemas''.

Por ejemplo, dijo, las mujeres reclusas no tienen servicio médico de ginecología y es muy simple organizarlo por conducto de los sistemas de salud, pero no se hace, y además los celadores las obligan a prostituirse e incluso algunos presos las usan como ''criadas''.

Soberanes insistió en que el problema en los reclusorios varoniles, además del hacinamiento, se debe a que no cuentan con talleres para darles empleo a los internos; no se cumple con la Constitución ni se les rehabilita, y los procedimientos para libertad anticipada se burocratizan o no se aplican.

Detalló que del total de 33 recomendaciones emitidas este año a 37 diferentes autoridades, sólo la Secretaría de Hacienda no aceptó la que se le envió; 22 se encuentran con cumplimiento parcial; cinco aceptadas y en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento.

Pidió a los senadores que revisen el convenio que firmó la cancillería con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque puede haber un problema de constitucionalidad en virtud de que ''es el Ejecutivo y el gobierno quienes deben elaborar el programa nacional de derechos humanos''.