El poder, la justicia y los partidos

El cuestionamiento que se ha hecho del financiamiento de las campañas presidenciales de 2000, tanto en el caso del PRI como de la Alianza por el Cambio, ha colocado a la vista la inoperancia de las normas jurídicas vigentes en México para supervisar el origen de los recursos que se usan en las campañas electorales. Transcurridos dos años desde esas elecciones, el IFE aún se encuentra imposibilitado de avanzar en las investigaciones que deberían dar una información clara y contundente acerca de la legitimidad de la contienda por la Presidencia de la República.

Los cuestionamientos llegaron al Instituto Federal Electoral (IFE) hace más de un año, han pasado al Poder Judicial, han regresado al instituto, han involucrado a otras instancias del poder y de la administración pública; por el lado del PAN y los Amigos de Fox el asunto se ha convertido en una disputa por los límites del secreto bancario con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda; por el lado del PRI la cuestión ha involucrado al sindicato petrolero y a los legisladores priístas responsables del presunto desvío de los recursos a la campaña de Francisco Labastida.

Lo cierto es que resulta especialmente difícil para las instituciones encargadas de aplicar la ley cuando un partido, o un conjunto de partidos, alcanza el máximo poder, como ocurrió con la Alianza por el Cambio. A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde mayo del presente año, ordenó al IFE reabrir las investigaciones en torno al presunto financiamiento ilícito de Vicente Fox, por considerar que no es válido el argumento esgrimido por la Secretaría de Hacienda y la CNBV, de que no entregaron información al IFE por la prohibición expresa de la ley que salvaguarda los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Y de que Santiago Creel y Luis Felipe Bravo Mena coincidieron en que Lino Korrodi debe cooperar con el IFE, aportando la información que sea necesaria para la investigación de ese financiamiento, según se dijo, porque el CEN evaluó los efectos electorales de estas investigaciones, concluyendo que lo mejor para el partido sería apresurar las pesquisas para que los resultados no coincidan con los comicios de 2003.

La Comisión de Fiscalización que encabeza el consejero del IFE Alonso Lujambio, en la práctica se ha visto imposibilitada de proseguir la investigación sobre los Amigos de Fox y las personas físicas y morales que aportaron dinero a la campaña, empezando por Lino Korrodi Cruz (coordinador de finanzas de la campaña y fundador de Amigos...) y otras personas relacionadas con este caso, como Carlota Robinson Kuachi, Valeria Korrodi Ordaz, Rito Padilla García (ex secretario de gobierno en Guanajuato y actual asesor del subsecretario de Gobernación) y un fideicomiso en Bancomer en favor de Carlos Rojas Magnon, ex administrador de Los Pinos.

El PRI ha enfrentado la investigación con una estrategia similar, habiendo sido un partido que perdió la Presidencia de la República después de casi 70 años, ahora se queja de ser la víctima de una persecución orquestada por los otros partidos. Los líderes petroleros involucrados en el desvío de recursos del sindicato a la campaña de Francisco Labastida se quejan de ser perseguidos políticos e inclusive han llegado a utilizar al sindicato para amenazar al gobierno con un paro laboral. El resultado es el mismo que en el caso del financiamiento de la campaña de Fox, el IFE se encuentra impotente frente a un laberinto de instancias judiciales y burocráticas, que representan intereses de políticos en el poder.

Finalmente, los ciudadanos nos preguntamos ¿qué harán los partidos con los grandes recursos que se han asignado para las campañas del próximo año? Porque la idea del financiamiento público es precisamente sustituir al privado con el propósito de dar oportunidades equitativas a todos los partidos y dotar de transparencia a la competencia electoral.

Dada la importancia de los partidos políticos, en la mayoría de los sistemas democráticos existen mecanismos para regular sus actividades y desempeño, sin embargo, la pretensión de establecer una regulación de las actividades de los partidos por la vía constitucional o por la legislación ordinaria administrativa y judicial se enfrenta a serios problemas técnicos y políticos, porque éstos se encuentran, o en posición de ejercer el poder o en posición de contrarrestarlo. Por ser asociaciones en lucha por el poder, someterlas a un escrutinio demasiado rígido puede significar cancelar espacios de libertad indispensables para el funcionamiento del sistema democrático como tal, dado que puede significar coartar el desarrollo del pluralismo y los contrapesos al ejercicio del poder. Por eso los partidos no pueden ser totalmente controlados, pero además el tema del financiamiento es una de las zonas más brumosas en las democracias contemporáneas.