Pidió aumentar recursos para la atención de seropositivos

Criminal, el trato del IMSS a personas con VIH: Frenpavih

JENARO VILLAMIL

La mayoría de las mil 119 personas que viven con VIH y que han dejado de recibir medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde hace tres meses generará resistencias a los tratamientos por la falta de fármacos y no cuentan con los 2 mil pesos que cuesta el seguro popular, alternativa planteada por la Secretaría de Salud (Ssa) y Conasida como una medida para atenderlos.

"Es una medida criminal lo que han hecho. La mayoría de las personas afectadas son gente joven, sin empleo y por lo tanto sin recursos para atenderse", subrayó en entrevista Hugo Estrada, dirigente del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/sida (Frenpavih), organización que ha denunciado la medida y solicitó que el Consejo Técnico del Seguro Social dé marcha atrás a esta medida.

"Algo que los funcionarios y burócratas de la salud no entienden es que para nosotros los esquemas de tratamiento son como cartuchos. En nuestra carrillera sólo tenemos 8 cartuchos, es decir, ese número de posibilidades de tratamiento. Cualquier seropositivo que deje de tomar día y medio su tratamiento está quemando inútilmente sus cartuchos. Además, en México no tenemos exámenes de fenotipo o genotipo que determinen qué tipos de tratamiento van a poder utilizar los afectados por el virus que dejen de tomar medicamentos", abundó Estrada.

El dirigente de una de las más combativas organizaciones de personas que viven con el VIH-sida informó que, según la Ssa, absorber a los mil 119 marginados del Seguro Social le costaría a la institución alrededor de 90 millones de pesos. Es necesario que en la discusión del presupuesto para el próximo año las cámaras aprueben un monto similar para atenderlos. Sin embargo, el gran riesgo es que pasen más de 5 meses, porque "la enfermedad se dispara".

"Hoy somos los enfermos seropositivos, mañana serán otros con otras enfermedades los que quedarán sin seguro social. Van a tronar a toda la sociedad", subrayó Estrada.

De acuerdo con el entrevistado, a más de una semana de haberle enviado una carta al Presidente de la República para solicitar su intervención y de haber mantenido comunicación escrita con el titular del IMSS, Santiago Levy, no han obtenido ninguna respuesta, "ni un chiflido", nada.

"ƑCómo es posible -abundó- que cuando a un mexicano se le condenó a muerte por inyección letal en Texas, el gobierno sí intervino para salvarlo y aquí, que sí está en manos del Estado resolver este problema, no intervenga y exponga a cientos de personas a morir por falta de medicamentos?"

Estrada informó que también han platicado y presionado a diputados federales integrantes de las comisiones de Equidad y Género, de Salud, de Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos de la Cámara. Al parecer, los legisladores han entendido de qué se trata, pero no han ejercido la presión suficiente para revertir la medida y garantizar el acceso a medicamentos en forma pronta.

Las mil 119 personas afectadas por el recorte en el IMSS están distribuidas en toda la República. El movimiento de protesta inició en Yucatán, donde 190 seropositivos dejaron de recibir medicamentos. De ese primer foco rojo se extendió a otras entidades como Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Michoacán. Los programas estatales no cuentan con recursos suficientes para absorber a estas personas ni con los medicamentos que se requieren.

Cabe mencionar que de acuerdo con las cifras más recientes del Conasida en México existen entre 170 mil y 220 mil personas que viven con el VIH-sida. De este universo, sólo entre 10 y 13 por ciento recibe medicamentos y atención por parte del sector salud, la mayoría por parte del Seguro Social. Un porcentaje por arriba de 50 por ciento ignora en qué grado de evolución de la enfermedad se encuentra.

La disminución del gasto en esta enfermedad, considerada como la cuarta causa de mortandad entre los varones de 25 a 35 años, ha sido acelerada. En 2000, representó apenas 1.01 por ciento del gasto público total en salud y fue de apenas 0.55 por ciento del gasto público total.