Hicieron la Independencia y la Revolución, y quedaron fuera
En México, más fácil reconocer derechos de extranjeros que de nativos: experto
KARINA AVILES
Jorge Alberto González, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que la renuencia a aceptar los derechos de los pueblos indios indica que en lo social somos "racistas", en lo jurídico "formalistas" y en lo político "autoritarios". En México, señaló, es más fácil reconocer las garantías de los extranjeros que las de los indígenas.
Por su parte, José del Val, ex director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA, dijo que las medidas que se han dado en torno a los pueblos nativos significan una "respuesta prematura para sofocar, ocultar y encorsetar" la presencia de los indígenas, de manera que lo que hemos visto es "un mecanismo de enorme simulación".
Jorge Alberto González, José del Val, Elia Avendaño y Zósimo Hernández participaron en la discusión sobre derechos indígenas y reforma del Estado realizada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
La directora de procuración de justicia en el Instituto Nacional Indigenista (INI), Elia Avendaño, señaló la urgencia de construir un tránsito hacia un Estado pluricultural.
Las normas deben adecuarse a la realidad, enfatizó, y en este caso, los pueblos indígenas han decidido instaurar su propio orden jurídico interno. Por ello, el estado de derecho se está limitando a sí mismo porque permite que la realidad lo avasalle.
El derecho indígena está formado por la costumbre jurídica interna, la adecuación que hacen de las normas nacionales en sus pueblos y las reglas establecidas en la Constitución, que determinan la relación entre los nativos y el Estado, precisó.
Por su parte, el investigador Jorge Alberto González habló del racismo hacia los indígenas; dijo que algunos consideran que deberían estar agradecidos por no haber sido eliminados. En la Colonia, los trabajos mercantiles más rentables eran prohibidos a los indios, y lo que entonces fueron las encomiendas en la actualidad podrían equipararse a las haciendas y luego a las maquilas.
Por otro lado, expresó que de formalismos jurídicos está lleno el camino que ha puesto trabas al reconocimiento de los derechos de los nativos, y puso como ejemplo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar improcedentes las controversias constitucionales interpuestas contra las reformas a la Carta Magna en materia indígena.
La determinación de la SCJN abre el camino al "absolutismo legislativo" y a la exclusión social, política y jurídica, sostuvo el investigador, quien destacó la gravedad del precedente que sienta dicho fallo debido a que nos deja en la indefensión ante cualquier abuso del Legislativo.
Destacó que la negación a considerar a los pueblos indios como sujetos de derecho público es la más reciente muestra de autoritarismo. Se quiere seguir tratándolos como sujetos de tutela, como menores de edad y, en ese sentido, sus derechos políticos quedan vulnerados, señaló.
José del Val, asesor de Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de Atención a los Pueblos Indios, manifestó que el cambio de relación que demandan los indígenas con el gobierno exige una reforma absoluta de la estructura del Estado mexicano.
El pueblo indígena tendría que ser una categoría más que se sume a la composición del Estado, actualmente integrado por la Federación, los estados y los municipios, dijo. Señaló que la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indios no tendrían ningún significado sin la territorialidad, es decir, si no tienen tierra el conjunto de los derechos no opera.
Expresó que los indios hicieron la Independencia y quedaron debajo de ella, 100 años después hicieron la Revolución y volvieron a quedar abajo, y ahora lanzan la transformación del país, "Ƒy van a volver a quedar abajo? No creo".
Por su parte, Zósimo Hernández, nahua, asesor de asuntos indígenas en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó que las leyes actuales se han hecho para poner candados al ejercicio de los derechos de los pueblos nativos.
El Estado ha pasado del reconocimiento de la existencia de los indígenas a un reconocimiento parcial de sus derechos, pero sin garantizar el ejercicio de los mismos. "Nunca hemos cabido en el Estado", y es preciso no hacer una reforma en la que resulte que otra vez "no cabemos todos", enfatizó.