PEMEXGATE

Los que tendrían responsabilidad serían funcionarios de Pemex: abogados del sindicato

En un juicio laboral los delitos imputados a Romero Deschamps y Aldana Prieto ya habrían prescrito

La PGR quedaría imposibilitada de iniciar cualquier acción legal en contra de ellos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Si el gobierno acepta que el Pemexgate se resuelva en tribunales laborales, y en el supuesto de que los convenios por los cuales Petróleos Mexicanos transfirió más de 2 mil 300 millones de pesos al sindicato petrolero hubieran sido ilegales, los presuntos delitos imputados a los líderes gremiales ya habrían prescrito, pero en el caso de los ex funcionarios de la paraestatal, si éstos entregaron mediante hechos ilícitos los recursos, sí tendrían responsabilidad, plantean abogados del STPRM.

La estrategia legal promovida en las esferas priístas, en el sentido de que el caso Pemex se trata de un asunto netamente laboral, imposibilitaría a la Procuraduría General de la República (PGR) de iniciar cualquier acción legal ante tribunales de tipo penal en contra de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, especialmente el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana Prieto.

De acuerdo con datos proporcionados por uno de los litigantes que integran el equipo de defensa de los dirigentes petroleros, el asunto debió resolverse de la siguiente manera:

Antes de que la PGR actuara en contra de ellos, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), al detectar que hubo irregularidades en los convenios que el sindicato petrolero y los directivos de Pemex firmaron en el año 2000, debió solicitar a la actual administración de la paraestatal que interpusiera un juicio de nulidad por ilegalidad de los convenios por los cuales se entregaron más de 2 mil millones de pesos al STPRM.

Luego, en caso de resultar favorable el fallo para la autoridad, se podía pedir a la PGR que actuara en tribunales de tipo penal, como ocurre ahora, ya que el juzgado decimotercero de distrito es el que se encarga de desahogar el proceso instruido en contra del ex director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy, y cinco de sus más cercanos ex colaboradores.

Además, la procuraduría ya solicitó un juicio de procedencia (desafuero) en contra de Romero Deschamps y Aldana Prieto, quienes fungen como secretario general y tesorero del sindicato petrolero, respectivamente, así como de Jesús Olvera, otro integrante del organismo gremial, que se desempeña como diputado local en Tamaulipas.

Posible escenario

Según la estrategia de la defensa de Romero Deschamps y Aldana Prieto, a la cual tuvo acceso La Jornada, si las autoridades federales acceden a que el asunto se ventile en tribunales de tipo laboral, sucedería lo siguiente:

El plazo para que una autoridad demande la nulidad de convenios administrativo-sindicales, firmados entre un organismo público y su sindicato, es de un año. El último pago al STPRM ocurrió en septiembre de 2000.

Aquí habría dos fechas que, según la estrategia conocida, podrían ser claves. La primera es el 11 de septiembre de 2001, cuando se cumplieron 12 meses del último pago al sindicato petrolero, o bien fecha supuesta en que la Secodam supo de manera firme que había irregularidades en los convenios; la segunda podría abarcar hasta diciembre de ese mismo año, cuando la Contraloría denunció ante la PGR a los ex directivos de Pemex y a los dirigentes gremiales.

En ambos casos, según la estrategia conocida, ya no habría manera de enjuiciar la legalidad en los convenios, además de que con ello tampoco se podría iniciar una acción penal en contra de Romero Deschamps y Aldana Prieto.

Pero en cambio, si se demuestra que hubo irregularidades en la entrega de recursos de Pemex, la autoridad actuaría, como lo está haciendo, en contra de los ex directivos de la paraestatal.

En cuanto a la transferencia de recursos del STPRM al PRI, que supuestamente abarcan 500 millones de pesos, la estrategia señala que ningún sindicato puede ser objeto de control gubernamental, y el único delito sería que el partido tricolor no haya registrado en su contabilidad esos ingresos, o bien que la suma legal para ser utilizada en la campaña de 2000 se hubiese superado. Por tanto, el Revolucionario Institucional tendría una sanción de tipo electoral, pero no afectaría a nadie del sindicato petrolero, pues sus estatutos señalan que todo trabajador de ese gremio es priísta.

De concretarse este panorama no podrán ser castigadas las presuntas irregularidades cometidas por Manuel Gómezperalta Damirón, único encarcelado de los seis acusados por el desvío de recursos en Pemex, las cuales establecen que los dirigentes petroleros recibieron los recursos de partidas presupuestales destinadas a instituciones sociales, cultura, beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, tales como escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales o museos.

No importaría, por ejemplo, que 12 millones 500 mil pesos hayan sido entregados para ''viáticos, transportación, playeras, gorras, mantas, distintivos y gastos diversos'' de trabajadores de las 36 secciones sindicales petroleras que participaron en el 62 Aniversario de la Expropiación Petrolera; 22 millones 314 mil 414 pesos ''por concepto de ayuda económica al sindicato para la movilización de 30 mil trabajadores miembros de las secciones del sindicato que participarían en el desfile del primero de mayo'' de 2000.

Tampoco que otros 540 mil pesos fueron entregados como ''ayudas económicas de carácter social en apoyo de algunos trabajadores que fueron separados de su puesto'', o que otros 8 millones de pesos se dieran ''como apoyo para la renovación y complementación del equipo de cómputo y telecomunicaciones'' del sindicato en todo el país; 40 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de los edificios del comité ejecutivo general, de Zaragoza 15 y Guerrero 10, en el Distrito Federal; 35 millones de pesos ''para requipamiento de las cooperativas de las 36 secciones sindicales''; 25 millones más ''para la rehabilitación de instalaciones y modernización del mobiliario y equipo de las 36 secciones y las 60 delegaciones del sindicato''.

Todo ello pese a que, según las constancias judiciales, se hizo de manera indebida y de forma ajena ''a las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo'' del sindicato petrolero.