Autoridades estudian regular casas de cambio, contadores e instituciones no lucrativas
Detectan $1,600 millones lavados este año; se amplían reformas legales
Se pretende tipificar expresamente en México el delito de financiamiento al terrorismo
NOTIMEX
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha promovido durante el presente año 31 denuncias relacionadas con el delito de lavado de dinero, que hasta el momento abarcan recursos por mil 600 millones de pesos.
El titular de la dependencia, Juan Carlos Tamayo Pino, informó que se ha cumplido con 50 por ciento de las órdenes de aprehensión giradas por la posible comisión de este ilícito, y que las investigaciones apuntan a otros delitos como secuestro, narcotráfico, robo, fraude o peculado.
Como parte de las acciones para combatir el lavado de dinero, las autoridades hacendarias promueven la reforma de disposiciones financieras para regular la operación de centros cambiarios y establecimientos dedicados a la transferencia de dinero.
Entrevistado durante el cuarto Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Banqueros de México, el procurador fiscal señaló que el proyecto será entregado para su análisis al Congreso de la Unión y se buscará además regular a instituciones con fines no lucrativos o filantrópicas, así como a profesionales que manejan información de terceros como los contadores, que pueden ser una ''puerta'' para actividades ilícitas.
La propuesta pretende tipificar expresamente el delito de financiamiento al terrorismo, ya que en México sólo está penado este último, mientras la canalización de recursos a esa actividad se considera como parte del delito de lavado de dinero.
El funcionario expuso que una de las características de este ilícito es que comprende un delito previo que resulta difícil de detectar, así como cuantificar los recursos que maneja.
Por lo anterior es necesario tipificar expresamente el delito de financiamiento al terrorismo, ya que actualmente esta expresión tiene una tipología conjunta en lo que se denomina ''lavado de dinero'', y sólo se castiga el terrorismo como una práctica aislada.
''Lo que en México hoy está penado es el terrorismo, no las actividades de financiamiento al terrorismo'', precisó el procurador fiscal de la Federación.
Reconoció que en el país no se han detectado aún actividades específicas de financiamiento al terrorismo, ya que las investigaciones apuntan sólo a lavado de dinero producto de otros ilícitos como secuestro, narcotráfico, robo, fraude o peculado.
El funcionario destacó que las autoridades mexicanas buscan dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), como parte de las acciones internacionales que se realizan contra el lavado de dinero y el terrorismo.
En la última reunión plenaria del Gafi, dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), celebrada en junio en París, se integró un documento con reformas legales que los países miembros, como México, deben concretar para combatir de manera eficaz el lavado de dinero.
Como parte de las acciones propuestas, reiteró, las autoridades hacendarias someterán a consideración del Congreso de la Unión, en el actual periodo de sesiones, un proyecto de reforma a las disposiciones financieras para regular a los centros cambiarios y a los establecimientos que realizan transferencias de dinero.
Recordó que los centros cambiarios, a diferencia de las casas de cambio, no están regulados ni supervisados debido a que se sus operaciones son con cantidades menores; sin embargo, señaló, se han detectado operaciones de lavado de dinero en ellos.
Asimismo, se comenzó el análisis de las empresas que transfieren recursos provenientes del exterior, con el propósito de regular sus actividades pues podrían ser utilizadas para el lavado de dinero.
Añadió también se revisa la manera de establecer una regulación para las instituciones con fines no lucrativos, que van desde organismos de beneficencia, promotores y desarrolladores de actividades, incluyendo las culturales, pues en algunas partes del mundo se ha detectado que su estructura operativa es proclive a participar de manera sesgada en actividades del crimen organizado.
Adelantó que también se busca regular a los profesionistas que manejan información de terceros como contadores, abogados, notarios, con el fin de detectar a aquellas empresas o personas que establezcan un negocio con el ánimo de lavar recursos, ''pero siempre tratando de resguardar el secreto profesional'', aseguró.
