El cónsul de México en Douglas exige una explicación

Civiles armados detienen en Arizona a tres indocumentados mexicanos

Nueva ley protegerá a inmigrantes despedidos injustamente

CRISTOBAL GARCIA BERNAL, JORGE CORNEJO Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

Hermosillo, Son., 30 de septiembre. Los hermanos Don y Roger Barnett, conocidos como cazailegales, mantuvieron retenidos el pasado fin de semana a tres indocumentados mexicanos que se internaron a Estados Unidos por la frontera de Douglas, Arizona, informó Miguel Escobar Valdez, cónsul general de México en esa región.

Tras caminar más de tres días por terrenos inhóspitosos, los inmigrantes fueron detenidos por los Barnett, armados con pistolas de grueso calibre. Uno de los mexicanos fue aprehendido luego de haber sido abandonado por el pollero que guiaba a un grupo de 10 indocumentados, al sufrir una luxación en el tobillo del pie derecho.

En entrevista, el cónsul Escobar Valdez informó que el grupo de connacionales fue detenido el pasado fin de semana por los hermanos Don y Roger Barnett en dos operaciones distintas.

El diplomático informó que el consulado a su cargo solicitó por escrito al procurador del condado de Cochise, Arizona, Chris Mrol, que se realice una investigación a fondo para determinar exactamente cómo se realizó la detención por parte de particulares.

La primera captura la realizó Don Barnett durante la mañana del sábado, cuando los migrantes sonorenses Rogelio Audelo Medina, originario de Bacerac, y Oscar Torres Pompa, de Nacozari, caminaban por un arroyo. Aproximadamente 11 horas después el morelense Isaí Tapia Taboada fue detenido por Roger Barnett, tras haber sido abandonado por el grupo con el que se internó.

Por otra parte, el gobernador de California, Gray Davis, promulgó dos reformas que benefician a los migrantes en esa entidad: la llamada ley bracero, que les da a trabajadores mexicanos más tiempo para recuperar los salarios que les fueron descontados cuando llegaron a Estados Unidos para laborar como jornaleros durante la Segunda Guerra Mundial, y otra legislación que impondrá sanciones a los empleadores que despidan sin causa justa a los indocumentados.

Ayer, Davis firmó la ley AB2913 o ley bracero, que amplía el estatuto de limitación legal al 31 de diciembre de 2005, y dará a los ex braceros mexicanos más tiempo para presentar sus demandas con el objeto de recuperar las sumas descontadas de sus salarios.

"El gobernador estudió el rostro humano de nuestra lucha", dijo al diario californiano La Opinión Martha Jiménez, activista de la Federación de Clubes Zacatecanos en esa entidad. A pesar de que el juez federal Charles Breyer, del tribunal de apelaciones del noveno circuito en San Francisco, desechó en agosto la demanda de los ex braceros contra el banco Wells Fargo, los gobiernos de ambos países, el Banco Nacional de México y Banrural, éstos ahora comenzarán a cabildear en el Congreso federal para lograr la aprobación del proyecto de ley HR 4918 del congresista Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois.

"El litigio será ahora contra los gobiernos y bancos de México y Estados Unidos", declaró Baldomero Capiz, líder de la Alianza Braceroproa 1942-64.

"Hubo un acuerdo binacional, y hasta ahora el banco Wells Fargo se ha negado a presentar la documentación requerida para demostrar los descuentos de 10 por ciento a cada salario."

Al firmarse el acuerdo de "trabajadores huéspedes", en 1942, mil 500 trabajadores mexicanos fueron reclutados e iniciaron el viaje por ferrocarril, llegando a Stockton, California, el 29 de septiembre de ese año.

Por otra parte, Davis, quien se encuentra en campaña para lograr la relección para un segundo periodo como gobernador de California, firmó la ley SB1818 impulsada por la senadora Gloria Romero (demócrata de Los Angeles), que protegerá los derechos de los trabajadores -sin importar su estatus legal en California- cuando los indocumentados son despedidos injustamente.

Mientras tanto, los 12 adultos mexicanos acusados de robar mercancía de vagones de ferrocarril de lado estadunidense y de golpear a dos agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el pasado 13 de septiembre, se declararon inocentes ante un juez federal en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, a donde fueron trasladados para ser juzgados.

El problema, sin embargo, es que estos mexicanos fueron entregados por agentes de la policía municipal de Ciudad Juárez a la FBI sin los trámites correspondientes, luego que los sacaron por la fuerza de sus casas.

Junto con esos adultos se encuentran detenidos en Las Cruces cuatro menores de edad, a los que se juzga ante la presencia de abogados que contrató el consulado de México en El Paso, Texas.

Sobre estos hechos registrados el 13 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una nota diplomática al Departamento de Estado, por violaciones a tratados internacionales cometidas durante el operativo en el área de Anapra y Sunland Park, Texas, informó la vocera del consulado, Socorro Córdoba.

Agregó que el gobierno mexicano pidió un informe sobre los hechos a la FBI, porque creen que no se tomaron en cuenta los tratados de extradición ni el de asistencia jurídica mutua para solicitar que personas que cometieron delitos en el extranjero sean entregados.

Según la vocero, la cancillería recibirá en los próximos días la respuesta a esta nota diplomática, con un reporte de los acontecimientos.