Exige el PRD en el Senado terminar con la impunidad y llevar a juicio a los culpables

Como en el 68, diputados del PRI lamentaron que manos ajenas distorsionaran el movimiento

En la sede nacional del tricolor se defendió el patriotismo de Díaz Ordaz y Echeverría Los participantes estaban infiltrados por fuerzas oscuras, dice el panista García Velázquez

A 34 años de distancia, y en voz de un diputado que nació luego de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene la versión de sus jefes políticos respecto de la matanza en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. ''Lamentamos enérgicamente, de nueva cuenta, la distorsión que sufrió el movimiento y que implicó la participación de actores ajenos a la causa que confundió los medios para conducirlo'', expresó el legislador José Francisco Yunes.

En la tribuna de la Cámara de Diputados el recuerdo de los sucesos de octubre de 1968 fue acompañado de una reiterada demanda para colocar en letras de oro un homenaje a las víctimas de aquel suceso.

Por otra parte, ante el pleno del Senado de la República la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió terminar con 34 años de impunidad en la matanza del 2 de octubre de 1968, e insistió en que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, así como los otros implicados -Alfonso Martínez Domínguez, Luis Gutiérrez Oropeza, Rogelio Flores Curiel, Pedro Ojeda Paullada y Miguel Nassar Haro, entre los más de 60 responsables- sean llevados a juicio.

A la vez, en el Comité Ejecutivo Nacional priísta ayer se discutieron por primera vez los hechos del 2 de octubre, pero el foro al que convocó el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del partido tricolor, Javier Oliva, fue utilizado por sus invitados para defender el ''patriotismo'' de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, y para atacar a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Se interpreta la tragedia como ''bandera de venganza''

En la Cámara de Diputados, los legisladores priístas señalaron que la izquierda mexicana manifiesta una interpretación de la tragedia del 68 ligada ''a la bandera de la venganza y como instrumento de posicionamiento ante la opinión pública''.

José Francisco Yunes adujo que rememorar el 2 de octubre no implica negar el pasado ni sus errores, ni impedir su conocimiento a fondo. ''Pero es preciso no usar el simbolismo de estos hechos en beneficio de unos y en linchamiento de otros'', expresó.

Por su parte, el diputado perredista Uuc-kib Espadas Ancona equiparó la matanza de Tlatelolco con la muerte del régimen autoritario posrevolucionario. No obstante, manifestó, 34 años después la democracia aún transita penosamente sin terminar de consolidarse.

Desde 1968, dijo, los mexicanos han atestiguado cómo las esferas del poder han ocultado los datos de la verdad histórica sobre la represión. Y demandó: ''Estamos seguros que en esta cámara, mucho más pronto de lo que podríamos esperar, se inscribirá finalmente la alusión a los mártires de 1968, y estaremos puestos en el camino para olvidar, reconciliar y aprovechar el gran caudal democrático que los mártires de Tlatelolco nos dejaron''.

Antes, Víctor García Dávila, del Partido del Trabajo, fustigó a los herederos del pasado régimen y al nuevo gobierno ''por no reconocer la autenticidad y la verdadera dimensión del pasado histórico en México, porque eso significaría hablar con la verdad y comprometerse con ese valor humano que los políticos han distorsionado. El nuevo régimen tiene miedo a juzgar a los responsables directos de esa guerra sucia. La creación de la fiscalía para investigar los delitos cometidos en el pasado simplemente es una cortina de humo para cubrir a esos responsables''.

En el mismo sentido que Yunes, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl García Velázquez, al recordar su participación el 2 de octubre de 1968, expresó su certeza de que participaron grupos ''extraños'' al movimiento estudiantil:

''Estaban infiltrados (los estudiantes) por fuerzas tan oscuras, que todavía hoy me pregunto qué pretendían, qué es lo que querían. Me sigo preguntando: ¿qué deseaban esas fuerzas oscuras con esa matanza, con ese derramamiento de sangre pura, de sangre limpia, de sangre joven, de sangre de estudiantes, que lo único que querían era un cambio en las altas esferas de la política? ¿Por qué nunca se interesaron por el bien común, sino que únicamente estaban interesados en sus mezquinas inclinaciones?''

No hay paz sin verdad

En nombre de su fracción, la senadora del Partido de la Revolución Democrática Leticia Burgos resaltó que si no se pueden sancionar los abusos y crímenes cometidos por quienes detentaron el poder en el 68, ''nuestro futuro como nación estará cancelado''.

Insistió en que todos deben preguntarse si a 34 años de la brutal represión a los estudiantes todos van a seguir callados. ''No puede hablarse de paz ni de cambio si la verdad sigue sin conocerse. No es posible que a más de 30 años, la niebla del silencio todavía esconda muchos detalles de lo sucedido, empezando por el número exacto de muertos y heridos, así como el de la participación de autoridades civiles y militares''.

Piden priístas que no se politicen las indagatorias

Desde la tribuna, y en nombre del PRI, el senador Ismael Hernández demandó que no se politicen las investigaciones, ya que aunque esos hechos trágicos merecen una condena internacional, ''la memoria histórica no debe ser utilizada para reabrir heridas sino para ratificar que nunca más se vuelva a dar un 2 de octubre''.

También en el Senado de la República, ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) del 68, encabezados por Raúl Alvarez Garín, exigieron que la fiscalía especial encargada de esclarecer esa matanza y otros movimientos políticos y sociales del pasado acelere las investigaciones para que esos hechos sangrientos no queden impunes.

Acompañados por el coordinador perredista, Jesús Ortega Martínez, los ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) anunciaron la realización de un seminario internacional que se llevará a cabo a partir del mes de noviembre en esa cámara, en el que especialistas en desapariciones forzadas analizarán el caso de México.

Mientras tanto, en el PRI, Gilberto Rincón Gallardo afirmó que el 2 de octubre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cometió un genocidio, y cuestionó que los torturadores de entonces hoy son ''gente con grandes capitales, muy ricos''. La crítica provocó la molestia del ex secretario particular de Luis Echeverría Alvarez, Enrique Mendoza, y de Raúl Moreno Wonche.

Mendoza afirmó que no se cometió un genocidio, porque el concepto se aplica a la persecución de grupos por cuestiones religiosas y étnicas, y al igual que Moreno Wonche defendió a su ex jefe Luis Echeverría, al que ubicó como ''víctima'' de las acusaciones que se hacen en su contra.

Al foro asistió Pedro Ojeda Paullada, pero en cuanto vio a los reporteros salió del lugar.