El objetivo es impedir la corrupción, dice Secodam

Será creada comisión federal de contrataciones del gobierno

Obras públicas, con sobreprecio hasta de 30 por ciento

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Con el objetivo de cerrar la puerta a la corrupción en la ejecución de obras públicas será creada la comisión federal de contrataciones gubernamentales, organismo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam); asimismo se realizarán modificiones legales para que las dependencias contraten a particulares que a su nombre efectúen licitaciones, habrá un padrón de contratistas y se establecerá la figura de "contrato abierto" para trabajos de mantenimiento y remodelación de oficinas públicas.

El proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios de la Secodam plantea lo anterior y expone que el gobierno mexicano gasta anualmente unos 228 mil millones de pesos, es decir, 22 por ciento de su presupuesto, en bienes, servicios y obras públicas; sin embargo, se contratan y realizan bajo modelos obsoletos y con una importante carga de ineficiencia y sobreprecios.

La dependencia estima que el sobreprecio de las obras públicas es de alrededor de 20 por ciento, y que se encarecen otro 10 por ciento a causa de la corrupción.

Además, para realizar alguna obra se enfrenta mucha burocracia, improvisación y desconocimiento de los encargados de compras y de levantar los contratos.

Por ello, el proyecto de reformas contempla la creación de la comisión citada, cuyo objetivo será "promover la transparencia en los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas".

También establece una nueva formula de evaluación de las propuestas en la materia, que incluye un sistema de "puntos y porcentajes", así como "subastas", que se realizarán de acuerdo con los lineamiento que emita la Secodam y se utilizarán exclusivamente en contratos llamados de "precio alzado".

En este sistema de puntos se dará un mayor porcentaje a las empresas con experiencia, capacidad técnica, mayor número de contratos terminados en costo y tiempo o que cuente con certificados de calidad.

Quedarán excluidos de la Ley de Obra, detalla el documento, aquellos proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, en los cuales las dependencias y entidades no adquieran la propiedad de los bienes. Además se efectúan las modificaciones necesarias para introducir un nuevo esquema, el out sourcing, que significa que las dependencias podrán contratar con particulares que les "ayuden al desahogo de los procedimientos de licitación".

En el proyecto también se proponen modificaciones para precisar la forma y los esquemas exactos a seguir para las contrataciones en el extranjero.

Las excepciones serán las obras y los servicios relacionados con la "seguridad nacional". Se plantea asimismo fomentar el uso en las entidades gubernamentales del sistema Compranet.

Se prevén mecanismos como la realización de "licitaciones internacionales diferenciadas", aunque será obligatorio que las dependencias y entidades requieran la incorporación de mano de obra, maquinaría y equipo de construcción de origen nacional, así como de materiales y equipo de instalación permanente.

"Con el objeto de evitar imprecisiones y fallas en la integración de las propuestas por parte de los licitantes, incorpora la obligación de que los servidores públicos en las juntas de aclaración respondan clara y diligentemente las preguntas que se les formulen", apunta el documento, y señala que a reserva de crear un padrón de contratistas, se prevé el registro de concursantes.

Para promover mayor transparencia en los concursos, incorpora la posibilidad de que cualquier persona pueda asistir a las reuniones de carácter público que se desarrollen durante el proceso de licitación. Se añade la figura del "contrato abierto", con el cual se espera resolver la problemática que actualmente viven los trabajos de mantenimiento, remodelación, conservación y restauración de oficinas públicas, detalla el proyecto de ley.