La condena al repudio público en acto realizado en el Monumento a la Revolución

Tribunal popular declara a Gordillo culpable de traición, enriquecimiento ilícito y represión

La defensa, sin argumentos; "nadie quiso hablar bien de ella" Arrojan huevos a sede priísta

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y ROSA ELVIRA VARGAS

En un juicio popular organizado por miles de maestros, Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del sindicato magisterial y secretaria general del PRI, fue declarada culpable de represión contra el magisterio disidente, enriquecimiento ilícito y de haberse aliado a los gobiernos de Carlos Salinas y Vicente Fox para "destruir" la educación pública.

Un tribunal integrado por nueve representantes de diferentes sectores, entre abogados, periodistas y dirigentes de movimientos sociales, también la condenó al "repudio público", a ser denunciada en la realidad ante los órganos judiciales y destituida de los cargos públicos que ocupa.

Tal como su antecesor Carlos Jonguitud Barrios fuera enjuiciado simbólicamente en 1981 en la Plaza de la Danza de la capital oaxaqueña, Gordillo lo fue ayer en el Monumento a la Revolución, frente a unos tres mil maestros que también de manera simbólica le aplicaron castigo: ahorcaron y quemaron una muñeca de cartón alusivo a la priísta y posteriormente arrojaron huevos a la sede nacional del tricolor.

A 13 años de que la política chiapaneca tomara el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el magisterio disidente organizó una de las manifestaciones más contundentes de rechazo a la llamada lideresa moral del gremio y a las políticas educativas y sindicales que ha impulsado.

El proceso judicial fue simbólico, pero siguió escrupulosamente las reglas del derecho, aunque más al estilo estadunidense. El fiscal fue el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Enrique González Ruiz; el defensor de oficio, Enrique Guzmán Gamboa, y los testigos Alejandro Leal, secretario general del magisterio de Oaxaca; Juan Pérez, líderdel michoacano; Fortino Vázquez, dirigente de los maestros de Chiapas, y Sócrates Pérez, representante de la sección 36 del Valle de México.

El jurado

El jurado popular estuvo integrado por Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México; Ignacio del Valle, en representación de los ejidatarios de San Salvador Atenco; Nuria Fernández, de la Red de la Sociedad Civil; Jaime Lagunes, del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva; el periodista Denis Pres; José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Rubén Sarabia Sánchez, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes; Ana Ignacia Rodríguez, del Comité 68-98, y Enrique Hernández, del Frente Popular Francisco Villa.

Poco después de las cuatro de la tarde se inició el proceso popular. El fiscal González Ruiz presentó una lista de acusaciones, entre las que resaltó el asesinato de 157 maestros disidentes, haber "desvirtuado" la función del sindicalismo promoviendo políticas contrarias a la educación pública, y haberse "coludido" con los gobiernos, concretamente con el del presidente Vicente Fox, para aplicar políticas que "traicionan" a la nación.

Para apoyar sus dichos llamó a declarar a cuatro testigos. El primero fue el oaxaqueño Alejandro Leal, quien recordó la llegada de Gordillo al SNTE, de cómo en 1989 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se deshizo del líder vitalacio del gremio, Carlos Jonguitud, y lo sustituyó por la priísta.

Leal, junto con el maestro Sócrates Pérez, la acusó de haber desarrollado una "guerra sucia contra el magisterio" e hizo un amplio recuento de los maestros muertos, desaparecidos, presos y cesados de sus puestos. De los asesinados recordó a Misael Núñez Acosta, al chiapaneco Celso Wenceslao; al hidalguense Pedro Palma; al oaxaqueño Cenobio Fito López; al guerrerense Gregorio Alfonso Alvarado López y al michoacano Javier Acuña Hernández.

Fortino Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas -entidad de origen de Gordillo- presentó su testimonio y la acusó de corrupción. "Es escandalosa la manera en que Gordillo y su grupo acumulan bienes y propiedades al amparo de los millones de pesos que reciben como aportación de los maestros. Hoy es común ver cómo con extrema rapidez acumulan ranchos, penthouses, departamentos, casas, yates, avionetas y un sinnúmero de bienes adquiridos por vías oscuras y nunca aclaradas."

Afirmó que el SNTE recibe cada mes aproximadamente 80 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales de un millón 400 mil trabajadores, además de los ingresos por otros "negocitos" como hoteles, centrales de abasto, imprentas y convenios con empresas que se han convertido en la caja chica del PRI.

El michoacano Juan Pérez Medina la acusó de golpear la educación pública.

Refirió que a partir de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) -que promovieron Salinas y Gordillo- el gobierno mexicano comenzó a aplicar las políticas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Después de escuchar los argumentos, el presidente del jurado, el abogado Eduardo Miranda, leyó un texto del escritor Carlos Monsiváis elaborado expresamente para el juicio, en el que señala que "los días del sindicalismo depredador están por concluir. Y este juicio es uno de los avisos de la recuperación del criterio ético nunca perdido, pero con frecuencia soslayado o arrinconado por los gobiernos y por las derrotas de los maestros independientes".

Luego fue llamado el defensor de oficio Enrique Guzmán, quien dijo que acudía porque hasta el "peor criminal tiene derecho a defenderse" y quiso argumentar a favor de Gordillo, pero no pudo presentar ni testigos ni pruebas "porque en ningún lado encontré alguien que hablara bien de mi defendida".

Ante las evidencias presentadas, el veredicto no tardó mucho tiempo en conocerse. Cada uno de los integrantes del tribunal dio sus argumentos y finalmente Miranda declaró culpable a la acusada y la condenó de manera simbólica.

Para satisfacer los deseos de castigar a la lideresa magisterial se le aplicó un castigo simbólico y un monigote de cartón con su nombre fue colgado de una soga y después llevado por las calles hasta la puerta del edificio nacional del PRI, donde fue quemado. Al final los maestros con la mano en alto gritaron: "Elba Esther, Elba Esther, tú también vas a caer".