Pertenecen al 65 Batallón de Infantería; sus familiares denuncian tortura e incomunicación

Detenidos en Sinaloa, 600 militares por supuestos nexos con el narco

Desde hace 10 días, soldados y oficiales permanecen en instalaciones castrenses de Guamúchil

JAVIER VALDEZ CARDENAS CORRESPONSAL

Culiacan, Sin., 13 de octubre. Como parte de una investigación por supuestos nexos con el narcotráfico, unos 600 elementos del 65 Batallón de Infantería -entre soldados y oficiales- permanecen encerrados e incomunicados desde hace 10 días en las instalaciones castrenses de la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que un grupo de familiares de los detenidos solicitó su intervención, por lo que Jaime Cinco Soto, titular de la CEDH, pidió ayer a José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se integre un expediente y se investigue esta denuncia ''sobre presunta detención, incomunicación e incluso tortura a los elementos del 65 Batallón''.

Hasta el momento, según un comunicado de prensa emitido por la comisión estatal, los mandos militares se han negado a proporcionar información sobre el caso, lo cual ''fortalece la presunción sostenida por los familiares de que los derechos de los militares afectados están siendo gravemente transgredidos''.

De confirmarse este hecho, dijo la CEDH, constituiría violación de los derechos consagrados en el artículo 16 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser detenido más de 48 horas sin ser puesto a disposición de la autoridad.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se trasladó a Guamúchil e intentó hablar con las autoridades militares, pero le fue impedido el paso y los elementos de la entrada negaron la presencia de los mandos castrenses en sus oficinas; la intención del ombudsman era constatar esta denuncia y verificar el estado de salud de los soldados que permanecen en el interior.

Aunque las autoridades militares han reaccionado con hermetismo también frente a la prensa, trascendió que personal de la Procuraduría de Justicia Militar se trasladó hasta este lugar para interrogar a los elementos detenidos.

Algunos familiares de los soldados que se encuentran dentro de las instalaciones presumen que hay casos de tortura física y presión sicológica. Aseguran que el teniente Gregorio Monjaraz está en calidad de desaparecido, aunque se sospecha que en realidad ya fue trasladado a la ciudad de México.

Monjaraz estaba adscrito a las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), grupo especial antidelincuencia en el que participan elementos de corporaciones estatales, el Ejército Mexicano y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Además, un teniente que tenía su centro de operaciones en el aeródromo de Guamúchil, de quien se desconoce su nombre, se encuentra desaparecido.

Los militares están detenidos desde hace 10 días y en principio algunos familiares pudieron entrar a ciertas áreas de las instalaciones para visitas de rutina; sin embargo, en los últimos días fue cancelado todo tipo de acceso a familiares.

Las esposas de los detenidos hicieron las primeras denuncias anónimas el pasado martes, y el jueves fueron ante la comisión. El mismo martes realizaron un discreto y momentáneo plantón frente a las instalaciones del Ejército. Ante la presencia de algunos reporteros de medios locales prefirieron no dar explicaciones sobre lo que pasaba.

Presuntamente, las mismas autoridades militares les ordenaron a esposas y familiares que permanecieran en sus casas y evitaran todo contacto con periodistas.

Guamúchil, ciudad ubicada a 100 kilómetros de Culiacán, la capital de Sinaloa, muestra recientemente un incremento en las operaciones de los cárteles. Es parte de una región que se ubica entre la zona serrana -donde se siembran estupefacientes- y la costa, por donde se transporta gran parte de la droga.

Trascendió que a Guamúchil fueron trasladados elementos de los batallones de Infantería 101 y 89, con sede en Culiacán y Ahome, respectivamente, para suplir provisionalmente a los cerca de 600 militares detenidos y que podrían ser trasladados a Mazatlán, donde se encuentra la tercera Región Militar.