Analizan PRI, PAN y PRD interponer controversia

Crece la molestia legislativa por el acuerdo con medios electrónicos

MATILDE PEREZ, VICTOR BALLINAS Y CIRO PEREZ SILVA

Mientras que hoy la bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigirá la comparecencia de los secretarios de Gobernación y de Hacienda, Santiago Creel y Francisco Gil, respectivamente, para que expliquen por qué el gobierno foxista ''acordó'' con empresarios de la radio y la televisión una reducción en los tiempos oficiales, la molestia por ''el trabajo político'' del Ejecutivo, que desestimó una labor legislativa de casi 10 años para lograr un acuerdo de consenso en materia de medios electrónicos, sigue en aumento.

En ambas cámaras, PRI, PAN y PRD consideran interponer una controversia constitucional, a efecto de dejar sin validez el decreto anunciado por el presidente Vicente Fox la semana pasada ante concesionarios de radio y televisión, aunque hay senadores y diputados de estos tres partidos que piensan que el acuerdo entre el Ejecutivo y los concesionarios ''podría ser correcto''.

Los propios panistas cuestionaron duramente la forma poco clara con la que se llegó a este acuerdo, además de lamentar que se les haya marginado del acuerdo, aunque del pasado jueves a la fecha han ido matizando su descontento.

Ayer por la noche tuvo lugar una reunión en las oficinas del comité ejecutivo del blanquiazul para conocer mayores detalles del acuerdo al que llegó el Presidente con los empresarios de medios electrónicos, pero al menos en la Cámara de Diputados la opinión generalizada no fue ya acudir a la Suprema Corte.

Caso contrario al Senado, donde el vicecoordinador de la bancada, César Jáuregui, afirmó que el decreto ''fue una situación que tomó por sorpresa a muchos senadores, y me preocupa, porque aunque sea una medida positiva, la forma con que se negoció fue desaseada. También preocupa que las negociaciones que se tenían en la Secretaría de Gobernación no se tomaron en cuenta. Esto indudablemente genera desconfianza y costará trabajo reconstruirla''.

En San Lázaro, el coordinador del PRD, Martí Batres, sostuvo que ''en principio podría ser correcto eliminar el porcentaje de 12.5 por ciento que los concesionarios pagan al gobierno en especie'', pero enfatizó que ''las formas en que se llevó a cabo el acuerdo no son las adecuadas''.

Recordó que su bancada propuso al inicio de la legislatura terminar con este procedimiento de gravar a los concesionarios de medios electrónicos, ''ya que opera más como un factor de control político'' que como una forma de recaudación. Dijo que en esta iniciativa se exhorta al Presidente a derogar el decreto y se propone que el Congreso, en uso de sus atribuciones exclusivas, modifique lo que establece la Ley de Ingresos, que es un cobro de 25 por ciento sobre las ganancias netas de los medios electrónicos. ''Esto sin menoscabo de seguir en la discusión sobre la Ley de Radio y Televisión'', insistió el perredista.

Mientras tanto, en el Senado, las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD analizan la posibilidad de presentar una controversia constitucional contra el Ejecutivo en lo que respecta a la eliminación del tiempo oficial que hizo Vicente Fox en favor de los medios electrónicos, tema que se abordará en ambas cámaras durante la sesión ordinaria de hoy.

En reuniones previas, los grupos parlamentarios analizarán esta situación que en todas las bancadas ha generado molestias e inconformidades. Diputados y senadores han revelado que aunque tenga buenas intenciones el decreto de Fox, la negociaciones fueron desaseadas y hubo esta limitación que abre de nuevo la desconfianza de la sociedad.

El senador Jáuregui dijo que en la bancada panista se desarrollaron platicas sobre cómo plantear la controversia y, de ser aceptada por la fracción, sería llevada al pleno, y manifestó que será la Suprema Corte la que tenga que dirimir el asunto.

Reconoció que hay inconformidad en la bancada panista, y que incluso ''puede aceptar los argumentos del mandatario, pero que recuerde que había un acuerdo para establecer un reglamento. Es inaceptable que se genere una gran desconfianza''.

A su vez, el senador priísta Fidel Herrera coincidió con el panista Jáuregui en que procede la controversia y que el CEN y la bancada priísta en el Senado analizan el tema. ''Qué bueno que los legisladores panistas lo estén estudiando, nosotros también y hemos encontrado varios asuntos. Estamos de acuerdo en que en la Ley de Radio y Televisión hay un tiempo fiscal que obliga a los medios a emitir programas de educación y salud, y por otro lado está el pago del impuesto por la explotación. Hay que recordar que este impuesto era de 25 por ciento y en el acuerdo del presidente (Gustavo) Díaz Ordaz, en el Código Fiscal, se estableció 12.5 por ciento.''

La posición del PRI es que el tiempo de transmisión correspondiente al Estado es irrenunciable. Herrera resaltó que el decreto que reduce el pago de 12.5 por ciento a 1.25 en televisión y 2.50 en radio muestra un uso indebido de las facultades del Ejecutivo, porque los impuestos los fija el Congreso; por ello es procedente la controversia.