Naufraga el acuerdo político ante la falta de consensos

"El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone", promesa incumplida de Fox

JUAN MANUEL VENEGAS

La máxima de que "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone" ha quedado en el anecdotario de la toma de posesión. En los hechos, a veces lográndolo y otras no, a lo largo de 22 meses de gobierno el presidente Vicente Fox se ha saltado al Congreso en sus intentonas por contar con el marco legal adecuado para sus propósitos. En el discurso ha ido de la descalificación -cuando no aprueban sus iniciativas- a la acusación ante la opinión pública de que los legisladores "no le han dado los instrumentos necesarios" para gobernar y que "obstaculizan" el ejercicio de la administración pública.

La reforma eléctrica, la eliminación del impuesto al uso de la fructosa en favor de la industria refresquera, la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la conformación del Consejo para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las reformas al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión son cinco de los grandes temas "de la agenda nacional" en los que Fox no ha respetado su compromiso de toma de posesión.

Los dos primeros fueron motivo para la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al echar por tierra los decretos del Ejecutivo para abrir la industria eléctrica a la iniciativa privada (con la modificación de las leyes reglamentarias de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales) y alterar las normas relativas a la recaudación fiscal lo acusó de "pretender extralimitarse en sus funciones e invadir las atribuciones del Legislativo".

En otros dos casos, sendos albazos para la creación del INEE y la eliminación del 12.5 por ciento del espacio que los concesionarios cedían al Estado, se lograron mediante negociaciones directas del titular del Ejecutivo con la secretaria general del PRI y dirigente moral del magisterio, Elba Esther Gordillo, y los empresarios de la radio y la televisión, respectivamente.

Cabe señalar, incluso, que en el acuerdo que tuvo con los empresarios de los medios electrónicos Fox pasó por alto el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (la que más presume el mandatario, por cierto), que ordena hacer públicos los anteproyectos de ley y disposiciones administrativas por medio de la coordinación jurídica de la propia Presidencia de la República o de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias.

Pero no han sido estos hechos los únicos que reflejan el disgusto de Fox con el Congreso. Cuando al comenzar su gestión turnó al Legislativo la iniciativa de ley indígena (que recogía los incumplidos acuerdos de San Andrés), la falta de operación de sus colaboradores, que la dejaron a la deriva, y el rechazo de su partido (Acción Nacional) a tal iniciativa la hicieron naufragar.

La ley aprobada en la materia, totalmente ajena al proyecto original, ha impedido a Fox avanzar en el primer gran tema que sacó a debate como presidente la República: el conflicto en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Al paso del tiempo no han sido pocas las ocasiones en que el mandatario ha manifestado que esa ley indígena "no dejó satisfecho a nadie", sin reparar en que nadie en su gobierno (ni el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ni la encargada de la oficina para la atención de pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, ni el comisionado para la paz, Luis H. Alvarez) entró a tiempo a la negociación con el Congreso y los partidos para defender el proyecto presidencial.

Luego vino el caso de la iniciativa de reforma fiscal. Nuevamente, sin operación política de por medio, no hubo nadie que pudiera sacar adelante la propuesta de Fox, quien una y otra vez ante empresarios ha manifestado sus intenciones de "reformar la reforma" aprobada por el Legislativo.

Sin lograrlo, ha acusado a senadores y diputados de no proporcionarle los instrumentos necesarios que necesita para gobernar y llevar a cabo todas las inversiones en los proyectos sociales que prometió.

A la insinuación que hizo -a principios de este año- de modificar algunos preceptos de la reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados, sobre la eliminación y aplicación de algunos impuestos que molestaron al sector empresarial, surgió inmediatamente la reacción de grupos legislativos de PRI, PAN y PRD, que acusaron a Fox de "querer declarar la guerra al Legislativo".

No hubo "declaración de guerra", pero sí el decreto presidencial que eximía a la industria refresquera del pago del impuesto por el uso de fructosa. Todos los partidos, incluyendo el PAN, recurrieron a la SCJN, que al resolver sobre la controversia constitucional determinó que es facultad exclusiva del Legislativo emitir las leyes relativas a contribuciones y exenciones fiscales. En este caso, durante el tiempo que estuvo vigente el decreto foxista la Federación dejó de recaudar mil 274 millones de pesos por el impuesto que se dejó de pagar.

Todo esto mientras el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional -que se firmó en octubre de 2001- naufraga entre el olvido de quienes lo promovieron. Su marco no ha alcanzado para ningún acuerdo real en lo que va de un año, a pesar de que, según el secretario Creel, todavía tiene cuerda para los próximos cuatro.