REPUBLICA DE PANTALLA
Jenaro Villamil
El duopolio ataca de nuevo
Salinas, Azcárraga y el Chapulín Colorado
El factor Marta, clave en una negociación-cesión
POR SI ALGUNA duda quedaba sobre quiénes son los que mandan en el mundo de la televisión mexicana y ante quienes el gobierno foxista cedió todo -y reclaman aún más-, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego despejaron estas incógnitas el pasado 15 de octubre. Se fotografiaron juntos en la 13 Convención Nacional del Mercado de Valores, desafiaron a los críticos de la prensa escrita y volvieron a la cargada. Sólo les faltó el Chapulín Colorado, presente el fin de semana en el acto de las juventudes panistas, para decir a toda la nación: "no contaban con nuestra astucia"... y con su desmesurada ambición.
AHORA RESULTA QUE estos magnates, "víctimas" de la censura, de la represión del 68 y de las presiones gubernamentales que, por cierto, no evitaron que desde el salinismo hasta ahora acapararan más de 70 por ciento de las concesiones de las frecuencias de televisión y amasaran fortunas impresionantes, consideran "injusto" que se mantengan los tiempos de Estado en la televisión. No les basta con la desaparición del 12.5 por ciento del tiempo fiscal, reducido a una mínima expresión de 1.25 por ciento. Simple y sencillamente no quieren ningún compromiso con la nación que les otorgó las concesiones. No reconocen ni derechos de audiencia ni derechos políticos de los propios ciudadanos, que ahora son reducidos a una condición de puntaje de rating. Pretenden absoluta impunidad, no sólo en términos de contenidos de su programación, sino de compromisos fiscales y políticos. Les incomoda también la sobrevivencia de medios públicos -como Canal 11 y Canal 22-, que están muy lejos de representarles una competencia comercial.
PRESUMEN VOCACION democrática porque aceptaron el "derecho de réplica". Tal como está estipulado en el nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, tal derecho es una verdadera vacilada. No los obliga en ningún momento a rectificar su información ni se establece sanción si este derecho se viola. Los concesionarios tienen la atribución de "evaluar" si conviene o no dar ese derecho a los ciudadanos (artículo 38).
Y PARA MUESTRA basta observar los últimos días de transmisión de los principales noticieros de Televisa y Tv Azteca: ha operado un auténtico linchamiento contra los legisladores panistas Javier Corral y María Teresa Gómez Mont, por atreverse a ir en contra de la línea presidencial, y una tergiversación de las posiciones de los legisladores de PRI y PRD, sin que ninguno de los programas rectificara, por ejemplo, que ambos partidos han denunciado la falta de consenso al emitirse el nuevo reglamento y que se haya pasado por alto al Congreso. Incluso, el noticiero Hechos organizó ese mismo día un sondeo para condenar los programas oficiales, la "aburrida" hora nacional y los segmentos de los partidos políticos. ƑQué tal si el Congreso organizara un referéndum para saber la opinión de los ciudadanos frente a la baja calidad de los programas televisivos? ƑAceptarían transformar estos contenidos?
"LA OBLIGACION de ceder 18 minutos sigue siendo muy injusta, porque somos una empresa como cualquier otra que paga impuestos", declaró Azcárraga Jean en ese acto. Lo secundó Ricardo Salinas Pliego, el mismo empresario que el día del asesinato de Francisco Stanley, el 7 de junio de 1999, apareció en pantalla para condenar la existencia de elecciones, cuestionar el estado de derecho y erigirse en juez y parte de un crimen sin que ninguna autoridad pública lo sancionara o le llamara la atención por esos mensajes. Salinas Pliego criticó a "algún sector del periodismo que hace eco de muy pocos legisladores trasnochados y despistados, para hacer de éstos un gran acto, cuando en realidad se cambió el 12.5 por ciento por 18 minutos. Sí es un avance, pero no es una cosa del otro mundo".
LA TERGIVERSACION del mensaje y de la historia resultan inauditos. Basta recordar que el 12.5 por ciento no fue una "imposición", sino una negociación que los concesionarios de 1968 hicieron con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, para evitar el pago en efectivo de 25 por ciento de impuestos por ingreso de publicidad de las empresas televisivas. Díaz Ordaz cedió a esa demanda a cambio de algo fundamental: que la televisión privada se quedara callada y ocultara la matanza estudiantil y otros "excesos" cometidos durante su gobierno. ƑPor qué Televisa, que ahora se considera "víctima" del 68, nunca dio a conocer esos archivos? ƑPor qué durante cuatro sexenios nunca se atrevió a deslindarse de la "presión gubernamental" si tan incómoda le pareció? ƑRealmente iba a perder sus concesiones o sus privilegios?
DE 1969 A LA fecha no existe ningún registro claro que avale la óptima utilización del pago en especie del 12.5 por ciento del tiempo fiscal. El manejo de esos tiempos fue profundamente discrecional y convenía tanto a los concesionarios como al gobierno. Las administraciones priístas los utilizaron como un arma de chantaje frente a los concesionarios.
ESOS TIEMPOS eran administrados como propiedad del presidente en turno, no del Estado y de la nación. Quienes criticaban el 12.5 por ciento reclamaban, a la vez, que el manejo de estos tiempos se democratizara, es decir, que se utilizaran para promover campañas de salud y educativas efectivas (Ƒcuándo se vio, por ejemplo, en los espacios públicos de la televisión comercial una campaña que promoviera el uso del condón para prevenir el sida?), que sirvieran para fomentar la producción audiovisual independiente que no tiene acceso a la industria privada, que sirvieran para descentralizar la política, que estados y municipios pudieran emitir sus mensajes sin los altos costos de los espots, así como otras organizaciones públicas como el Instituto Federal Electoral y los otros poderes de la Unión. Eso no sucedió. La Secretaría de Gobernación y los concesionarios definían discrecionalmente la utilización de estos tiempos para favorecer la imagen presidencial, no la democracia o la pluralidad del régimen político.
EVIDENTEMENTE, LOS concesionarios han movido el enorme poder que tienen por medio del control de la audiencia televisiva y radiofónica. El autoritarismo mediático de nuevo cuño es la gran lección del "cambio".
La mano de Marta Sahagún
LA HISTORIA DE las negociaciones entre los concesionarios y las autoridades foxistas para modificar el reglamento de los medios electrónicos se inició justamente el año anterior, en el acto cumbre de los mil 600 socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). En aquella ocasión, Marta Sahagún, ex vocera del presidente Vicente Fox y responsable, durante la precampaña y la campaña, de las inserciones y de los espots del candidato del blanquiazul, en 1999 y 2000, se comprometió a gestionar las demandas de los concesionarios, encabezados por Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa y amigo personal de la esposa del mandatario.
LA REDACCION DEL nuevo reglamento se aceleró el lunes 7 de octubre. El subsecretario de Gobernación, José Luis Durán, envió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el borrador del reglamento que sólo conocían las áreas jurídicas de Televisa y Tv Azteca, el consejo consultivo de la CIRT y el Ejecutivo federal. Ninguno de los otros actores en las mesas de negociación que sesionaron durante 18 meses en las oficinas de RTC conocieron este borrador. El miércoles 9 de octubre, Durán informó a Bernardo Gómez que ya estaba listo el reglamento, incluyendo las dos demandas fundamentales de los concesionarios, planteadas a Marta Sahagún: la desaparición del 12.5 por ciento del tiempo fiscal y mantener el criterio de autorregulación en la industria.
UN REPORTE DE Radiocanal reveló que durante la madrugada del jueves 10 de octubre, en la suite Marco Polo del Hotel María Isabel Sheraton se dieron los últimos ajustes al reglamento para que el presidente Vicente Fox lo anunciara en el marco de la convención nacional de la CIRT. Cinco horas bastaron para que el reglamento quedara tal como se imprimió en una atípica edición vespertina del Diario Oficial.
LOS INTEGRANTES de la CIRT no cabían de gusto: se actualizaron mil 110 títulos de concesión, el Presidente firmó un decreto que desaparecía el 12.5 por ciento y se creaba un reglamento a gusto de los intereses de la industria. Bernardo Gómez y Marta Sahagún les habían cumplido.
DESDE ENTONCES, basta observar la cobertura informativa de las dos grandes cadenas televisivas para detectar los beneficios del acuerdo: todos los días se despliegan las actividades de la fundación Vamos México, con la imagen de la primera dama, y el presidente Vicente Fox ya no es cuestionado como en días anteriores. Todas sus entrevistas con medios extranjeros, incluyendo la reciente con El País, son reportadas favorablemente. Otra vez, el retorno al redil presidencialista.
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