Se investiga la relación que podría tener con los hechos el general Salgado Cordero
Hay indicios de que desde 1998 militares ofrecían protección al cártel de Sinaloa
IRENE SANCHEZ, JAVIER VALDEZ Y JESUS ARANDA CORRESPONSALES Y REPORTERO
Desde 1998 autoridades de inteligencia militar iniciaron investigaciones sobre la presunta protección que militares ofrecían a integrantes del cártel de Sinaloa, como la no destrucción de plantíos de mariguana y amapola en los altos de la sierra de Badiraguato y Mocorito, localizada entre los límites de Sinaloa y Chihuahua.
Las investigaciones que realiza la procuraduría militar también apuntan hacia la relación que podría tener en estos hechos el general Enrique Salgado Cordero, quien fue removido de la comandancia de la tercera Región Militar en junio pasado, para pasar a retiro.
Trascendió que el procurador militar, Jaime Antonio López Portillo, se trasladó a Mazatlán para encabezar las indagaciones y determinar cuántos de los 48 soldados detenidos y que pertenecieron al 65 batallón de infantería, con sede en Guamúchil, serán finalmente consignados por delitos contra la salud y ejercicio indebido de funciones.
Ayer, el juez militar Enrique Palacios García tomó declaración ministerial a los sargentos José Inocencio Santana García y Fidencio Hernández Martínez. Por su parte, la defensa adelantó que exigirá que les sean practicados nuevos exámenes médicos, porque existen evidencias de que al menos uno de ellos fue golpeado durante su detención.
Con la apertura del expediente 2948/2002 que integró el Ministerio Público Militar se inició la averiguación por narcotráfico contra al menos 48 elementos del Ejercito, que, según trascendió, involucra a varios jefes militares. Además se ventilan varios nombres de presuntos narcotraficantes que están coludidos con los altos mandos integrantes del 65 batallón de infantería, con sede en el municipio de Salvador Alvarado, que pertenece a la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, la cual encabeza el general Humberto Salinas Altés.
Hermetismo sobre oficiales prófugos
Por otra parte, las autoridades castrenses guardan total hermetismo sobre la fuga de los tenientes Marco Antonio Vázquez, Gerardo Monjarraz y otro que no ha sido identificado. Sin embargo, según el secretario de la Defensa Nacional sólo hay un oficial prófugo.
Por su lado, el visitador regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Eleazar Martín Mendoza, dio a conocer que cuando le negaron el acceso a la prisión militar de Mazatlán para conocer el número de detenidos y las condiciones en que se encuentran, le informaron que elementos del 65 batallón habrían sido ya trasladados al Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México.
En otro orden, altos oficiales del Ejército afirmaron que la disolución del 65 batallón de infantería es inédita en la historia militar reciente.
No es la primera vez que soldados que "bajan" de la sierra luego de cumplir tareas de erradicación de cultivos de droga resultan culpables por posesión de mariguana o de dinero presuntamente malhabido, pero antes se les consignaba penalmente con total discreción.
Los informantes comentaron que debido a que precisamente es un problema que se ha presentado con anterioridad, los soldados que regresan a los cuarteles después de más de 30 días de erradicar cultivos son revisados minuciosamente -tanto sus enseres personales como sus vehículos-, además de que cada seis meses se les realizan exámenes antidoping.
Sin embargo, no hay antecedentes de que un batallón completo desaparezca, porque la costumbre era cambiar a los hombres de adscripción o bien mover a todo el cuerpo a otra plaza, con el propósito de evitar problemas de corrupción.
En 1990, la Armada de México desapareció un batallón de marinos asignados a la Zona Naval de Matamoros por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Como resultado, 28 de ellos fueron consignados penalmente por delitos contra la salud, pero en aquel entonces el proceso penal estuvo plagado de irregularidades, al grado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 98/91, en la que reconocía que los marinos habían sido incomunicados ilegalmente e incluso habían sido torturados por elementos de inteligencia naval para que se declararan culpables.
