Adolfo Sánchez Rebolledo

Víctimas y victimarios

En el imaginario de ciertos empresarios mexicanos el orden de las cosas con frecuencia aparece trastocado por una suerte de victimismo que los acompaña aun en el esplendor de sus victorias. Por ejemplo, para los dos grandes dueños de la televisión mexicana, que son también dos de los hombres más ricos del país, el recientemente derogado impuesto de 12.5 por ciento no sólo era un instrumento "repugnante" de censura (sic), sino el medio de que se valió el presidente Gustavo Díaz Ordaz "para tener de rodillas a la industria de la radio y la televisión", lo cual, como han probado Raúl Trejo y otros especialistas, es una absoluta falsedad que no resiste ninguna prueba. Ahora se quejan de la injusticia que representa ceder 18 minutos de su tiempo al gobierno, como si sus magníficas empresas ofrecieran cebollas a granel y no un servicio público concesionado.

Los ejemplos de esta distorsión ideológica abundan, pues la iniciativa privada mexicana siempre se vio ante el espejo del siglo xx como víctima, incluso cuando su enorme riqueza o su función en áreas estratégicas, como la banca o los medios, los convertía en factor real de poder, acaso el único fuera del Estado que podía disentir cuando no disputar con el gobierno.

Los forcejeos que se registran a lo largo de todo el periodo entre el poder de la burocracia política y los hombres del dinero, en especial los banqueros, no cambian las reglas del juego del presidencialismo, más bien, como ha escrito Rolando Cordera, acaban por ser funcionales a él, pues determinan las decisiones estratégicas de política económica de un régimen que se aleja con gran velocidad de sus orígenes sociales e intenta sacudirse la camisa de fuerza que le impone el marco constitucional. Sin embargo, el victimismo empresarial es hijo de la ambición, pues ellos siempre quieren más, lo quieren todo y no se conforman con nada. Ya lo han dicho: para los propietarios de la televisión incluso los 18 minutos de transmisión que deben ceder radio y televisión al gobierno constituyen una injusticia, porque se trata de un impuesto adicional. Pero todo tiene o debería tener algunos límites.

No satisfechos con el lamentable papel de "soldados del Presidente" que jugaron deliberadamente en el pasado, ahora expropian la saga del 68 para vestirse con un ropaje presentable que aún les queda demasiado grande. Inesperadamente también son víctimas del poder autoritario, aunque nadie pueda recordar un gesto de resistencia, la menor señal de inconformidad de los medios de masas ante el delirio gubernamental, y si acaso la hubo jamás trascendió a la audiencia, no tuvo efecto alguno en la democratización del país. Por el contrario, la verdadera historia es que el movimiento estudiantil de 1968 pudo más en términos de opinión pública que las voces uniformadas de los noticiarios que leían boletines de prensa: los estudiantes, ciertamente, llamaron la atención de la prensa internacional (lo cual, en efecto, molestaba, y mucho, a Díaz Ordaz) y gracias a su capacidad de comunicación horizontal con amplios sectores de la sociedad mexicana lograron neutralizar el poder creciente de los todopoderosos medios, que en virtud de esa actitud sufrieron el mayor golpe a su credibilidad. Ese es el dato que aún inquieta hoy.

Veinte años después volvería a repetirse el mismo fenómeno con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se abrió paso no obstante que los concesionarios dan tratamiento desigual a los contendientes. De nuevo el supremo poder de los medios vio descender a su mínimo escalón su influencia real sobre una sociedad cada vez más inconforme con que se le tratara como menor de edad o analfabeta virtual.

No es exageración decir que la apertura de los medios, de la que sin duda hemos sido testigos en los años recientes, no fue, en general, la causa de la democratización, sino más bien uno de sus principales efectos positivos, aunque desde entonces su importancia cualitativa no ha dejado de crecer convirtiéndolos, no ya en testigos privilegiados de la historia, en comunicadores modernos, sino en protagonistas influyentes que definen temas y prioridades de la agenda nacional. En pocas palabras: los medios concesionados rompieron la unanimidad informativa y se transformaron en agentes del cambio cuando la pluralidad ya se había instalado en el Congreso y en la sociedad, antes no.

El problema es que la transformación política del país no tuvo como corolario la creación de un nuevo modelo de comunicación mucho más abierto y menos concentrado que el anterior. Por el contrario, la reforma prometida siempre se pospuso mientras en los hechos se daban pasos enormes para consolidar un esquema sustentado básica y casi exclusivamente en la competencia comercial, que por su misma naturaleza deja fuera cualquier otro interés que no sea aumentar directamente las ganancias. En vez de dar vigencia a las disposiciones constitucionales en materia de concesiones, los gobiernos recularon vendiendo sus empresas y abdicando de sus responsabilidades. En vez de buscar una fórmula para que los tiempos del Estado favorecieran a la comunidad, se abandonaron al capricho de los concesionarios, quienes los lanzaban a la madrugada para evitar caídas del rating.

Los partidos de oposición también se dejaron atrapar por la repentina cancelación del anonimato de sus personajes y se entregaron frenéticamente al marketing que el Estado paga mediante prerrogativas que por ley les concede el IFE. Ahora tenemos un modelo de campañas muy costoso que tiende a trivializar la lucha política y a engordar la bolsa de los concesionarios.

No se trata de defender lo indefendible diciendo que el impuesto de 12.5 por ciento debía seguir igual, pero sí de insistir en la urgencia de la reforma a los medios que el gobierno de Fox no quiso hacer y ahora depende (šgulp!) del Congreso.

(A los interesados en un examen crítico del nuevo reglamento les será extraordinariamente útil el artículo de Raúl Trejo: "15 mentiras del gobierno y la CIRT", que se puede consultar en www://raultrejo.tripod.com) n