Condenan la actitud ''individualista'' del mandatario
Cuestionan legisladores el decreto foxista sobre medios electrónicos
CIRO PEREZ SILVA Y PATRICIA MUÑOZ
Diputados de PRI, PRD, PT y PVEM condenaron la actitud ''individualista y fuera de todo consenso político'' con la que el gobierno foxista ha actuado al momento de tomar decisiones fundamentales para el país, como el decreto con el que renuncia a tiempos oficiales en medios electrónicos.
En distintos tonos, y en medio del silencio panista, exigieron la presencia ante comisiones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, para garantizar el mecanismo y definir los tiempos que en el marco del reglamento en cuestión le corresponden a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales, e incluso interponer una controversia para dar marcha atrás al decreto.
Alejandro García Sáinz Arena, del PVEM, consideró que el nuevo reglamento tiene virtudes, como son el Registro Público de Concesiones, una nueva clasificación de programas para la televisión, criterios más claros para el otorgamiento y refrendo de concesiones, así como la verdadera instalación del Consejo de Radio y Televisión. ''Pero cabe señalar que al no existir el gobierno abierto entre los diversos sectores de participación nacional, se producen errores como el hecho de que los menores de edad, entre los 12 y 17 años, sean sujetos cautivos de la publicidad del tabaco, y aun cuando no pueden adquirir estos productos, esto viene siendo totalmente inconsistente'', dijo.
El perredista Uuc-Kib Espadas aseveró que el acuerdo resulta parcial y no toca temas como los derechos de la sociedad frente a los poderes públicos y privados, el papel que los tiempos de Estado tienen que jugar en la nueva relación entre medios y gobierno y las funciones generales que la sociedad considera necesario asignar a los medios de comunicación en el nuevo siglo. ''Una vez más tenemos el dilema de decidir si la transición democrática se puede desarrollar sobre las viejas bases de relaciones entre los poderes públicos y privados, sobre la vieja estructura política del país, o si en esta materia también necesitamos establecer nuevas bases en función no de los intereses de partes, sino de los de la sociedad''.
Propuso que la Cámara de Diputados se obligue a reformar de manera integral la Ley Federal de Radio y Televisión antes del 15 de diciembre.
Salvador Cosío Gaona, del PRI, señaló que en un tema tan importante Fox y Creel actuaron sin transparencia, ''por ello es fundamental un extrañamiento. Para modernizar el marco legal de la nación, el Presidente debe reconocer la pluralidad y respetar al Legislativo''.
Consideró inadecuado que los 30 minutos diarios de transmisión que por ley se otorga al Estado sean administrados con parcialidad sólo por el Ejecutivo, y que adicionalmente los minutos que por decreto administrativo se obliga a otorgar como pago en especie del impuesto se determine como tiempo fiscal, y por ello de uso exclusivo del mismo Ejecutivo.
En este sentido solicitó a Gobernación que informe sobre el monto, uso y destino de los tiempos oficiales legalmente otorgados en radio y televisión, desde que tomó posesión el presidente Fox a la fecha, así como desde que entró en vigor el nuevo reglamento.
Víctor García, del PT, destacó que el decreto es otro paso para poner al capital privado por sobre el interés nacional. ''Representa el cobro de la factura de los grandes capitales, por su destacada participación en apoyo a la campaña foxista para arribar a la Presidencia. Una vez más presenciamos cómo el gobierno y los Amigos de Fox forman una alianza para beneficiarse de los privilegios que otorga el detentar el poder político''.